Nacionales
SCJ dice se puede imponer más de lo que se pide
Miriam Germán Brito preside la Segunda Sala de la Suprema Corte.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció que el juez puede interponer una sanción mayor a la solicitada por el Ministerio Público, siempre que esté amparada en la ley. La corte, presidida por Miriam Germán Brito, entiende que el juez tiene la facultad “de aplicar una pena superior a la solicitada, cuando de manera injustificada y desproporcional al daño que ha acarreado la infracción penal, se solicita una pena ilegal, es decir, inferior a la prevista por el legislador ”.
Al rechazar un recurso de casación interpuesto por Liquito Vólquez, condenado a 30 años por asesinato, los jueces argumentaron que si bien es cierto que el sujeto de derecho objeto de juzgamiento no puede ser sorprendido, y una sanción por encima de las petitorias producidas, y sobre las cuales habría ejercido su derecho de defensa, devendría en una sorpresa que limita en la arbitrariedad, “esto no significa que el juez esté atado al pie de la letra a acoger incólume lo que se pide”.
Sobre el caso
La sentencia reseña que en fecha 24 de febrero de 2012 la señora Berkis Crucita Féliz Díaz de León interpuso formal querella con constitución en actor civil en contra de Wilton Jeannot y Liquito Vólquez como presuntos culpables de asesinar a Jesús María de León Vargas.
El caso fue conocido por el Tribunal Colegiado de Barahona que condenó a Wilton Jeanot (a) El Brujo y Liquito Vólquez, a cumplir la pena de treinta años en la cárcel pública de la ciudad de Neyba, y al pago de una indemnización de dos millones.
Posteriormente una corte dispuso un nuevo juicio para Jeanot, pero confirmó la sentencia de Vólquez lo que dio origen al recurso de casación que fue rechazado por la Suprema Corte.
Parte de los alegatos del recurrente era que el fiscal pidió una pena de 20 años, pedimento que debió acogerse y no imponerle una nueva calificación jurídica al hecho y condenarle 30 años.
La decisión emitida el pasado 24 de febrero de 2014, además de Germán Brito, fue tomada por los magistrados Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes.
Lo que plantea el Código Procesal penal
El artículo 336 del Código indica que “la sentencia no puede tener por acreditados otros hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación, salvo cuando favorezcan al imputado. El tribunal puede dar al hecho una calificación jurídica diferente de la contenida en la acusación o aplicar penas distintas de las solicitadas, pero nunca superiores”.
EL CARIBE
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.