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Otra vez la deficiencia del Ministerio Público por agotamiento de plazo para presentar acusación contra implicados en el decomiso de 9.8 toneladas de cocaína
Santo Domingo, R.D.-El plazo otorgado al Ministerio Público para presentar la acusación formal contra los imputados en la Operación Panthera 7, un caso relacionado con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024, está prácticamente vencido.
Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, declaró que están trabajando en el caso para presentar la acusación dentro del plazo procesal establecido.
Una vez lista, la acusación deberá ser presentada ante la oficina coordinadora de los juzgados de instrucción de esa jurisdicción, que, mediante un sorteo aleatorio, designará a un tribunal para conocer la solicitud de apertura a juicio.
Además, la jueza impuso 18 meses de prisión preventiva a los imputados y declaró el caso complejo.
El caso se encuentra a cargo del Noveno Juzgado de la Instrucción de esa jurisdicción, que actúa como tribunal de control de las investigaciones.
Cuando un caso es declarado complejo, el Ministerio Público dispone de ocho meses para finalizar la investigación, conforme a los artículos 150 y 370 del Código Procesal Penal.
La prisión preventiva fue dictada para José Nicolás Castillo Hart (a) «Nikito», Winston Armando Tejera Rodríguez (a) «Barbikin», Cristian Rayner Canela Aybar, Nelson Neftalí Mercedes Lugo, Dulvi Jesús De los Santos, Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito. A Alexander Henríquez Castro (Jhon), el tribunal le impuso arresto domiciliario por 18 meses, bajo custodia de la Procuraduría General de la República.
Según el expediente del Ministerio Público, «Nikito» es una pieza clave en el movimiento de la droga. Se le señala como «dueño de la empresa que transportó la mercancía, dueño de uno de los solares donde se guardó y uno de los que compró el camión que la transportó al Puerto Multimodal Caucedo».
El Ministerio Público señala al grupo como miembros de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Durante los allanamientos, se incautaron más de 22 millones en efectivo (pesos y dólares), así como 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, 3 motocicletas, 3 pasolas, 5 motores fuera de borda y armas de fuego.
Los representantes del Ministerio Público catalogaron la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas contra el crimen organizado realizadas en el hemisferio.
Además, reiteraron que la investigación ha revelado que los 9,587 paquetes, con un peso de 9,889 kilogramos de cocaína, fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente a través de Bayahibe, La Romana y Pedernales, en los meses previos a diciembre de 2024.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.