Análisis Noticiosos
Se configura la división definitiva del PRD
Por Juan Bolívar Díaz
Tras el fracaso esta semana de un “último intento de conciliación para celebrar una Convención Nacional democrática”, los sectores dirigenciales mayoritarios del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) anuncian una “ofensiva final” para tratar de recuperar el control de la organización.
Pero con el favor del Tribunal Superior Electoral, Miguel Vargas Maldonado seguirá adelante en un calendario electoral con una Comisión Organizadora parcializada, lo que configuran la división definitiva del más viejo partido nacional que el 21 de este mes cumpliría 75 años de fundado.
La hora de los hornos
A casi tres años de luchas internas que no cesaron ni para las elecciones presidenciales del 2012, cuando obtuvo el 47 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Dominicano parece encaminarse a la división definitiva, ya que en la práctica quedó escindido por las confrontaciones del año pasado, que incluyeron la expulsión de su mayor líder tras la muerte de José Francisco peña Gómez, el expresidente Hipólito Mejía, y su presidente en funciones Andrés Bautista, un violento asalto a la casa nacional y la celebración de dos reuniones paralelas de su Comité Ejecutivo Nacional.
La elección el 16 de diciembre de una Comisión Nacional Organizadora para la Convención que desde el año pasado debió escoger nuevo presidente, ya que el período para el que fue juramentado Miguel Vargas venció el 19 de Julio, parece marcar el punto de inflexión en la prolongada crisis, ya que la misma es rechazada por la mayoría de sus dirigentes, constituidos por las corrientes que encabezan Hipólito Mejía, Luis Abinader, Neney Cabrera, los llamados terceristas y el Foro Renovador, que tras unos meses de aparentes divergencias se presentan unificados contra el empresario Vargas.
La designación de una Comisión Organizadora integrada por los más fieles seguidores de Vargas, incluyendo a su presidente Julio Maríñez, ha sido considerada por los demás sectores como nueva evidencia de su propósito de imponerse “contando sólo con el favor del Tribunal Superior Electoral que él constituyó junto al expresidente Leonel Fernández”, por lo que lo lo rechazan como parcializado.
Fracasa “último esfuerzo”
El otro factor que ha decantado la lucha del “todos contra Miguel” ha sido el fracaso esta semana de lo que algunos señalan como “último intento” por alcanzar un entendimiento para restablecer los procedimientos democráticos en el partido blanco, cuando Miguel Vargas volvió a condicionar cualquier tipo de entendimiento a que se le garantice seguir en la presidencia del partido y la candidatura presidencial para el 2016.
Las condiciones se conocieron el jueves al publicarse una carta del 8 de enero, dirigida a Peggy Cabral y Eduardo Jorge Prats, que en representación del presidente del partido se habían reunido con los remitentes Ana María Acevedo, Orlando Jorge Mera, Césr Cedeño y Deligne Ascensión, a nombre de las corrientes de Mejía y Abinader.
Por lo que se ha informado, los contestatarios del presidente del PRD tomaron la iniciativa de un nuevo intento de conciliación buscando salvar la unidad. Ambos grupos de comisionados se reunieron el 7 de enero y allí se expuso de forma verbal las condiciones de Vargas: Apoyo para presidente del partido en la Convención Ordinaria y para la candidatura presidencial del 2016, así como “una distribución proporcional de los cargos nacionales del partido de un 40 % para el sector de Miguel Vargas, un 40% para el sector de Hipólito Mejía y un 20% par otros sectores”.
Los remitentes de la carta dicen que tras consultar con Mejía y Abinader decidieron mantener la disposición al diálogo para “una solución a la situación interna del partido que sea satisfactoria para toda la familia perredeísta y la democracia dominicana”. Propusieron que los cargos directivos fundamentales del partido sean electos por voto universal y directo de los miembros como establecen los estatutos,y que los reservados a la Asamblea de Delegados sean pactados con las proporciones de 40, 40 y 20%. También proponen que la Comisión Política elija de inmediato, y con la misma proporción, una Comisión Organizadora, que fije la Convención para el 23 de febrero y apruebe el reglamento y el padrón electoral, entre otros asuntos.
No perderán más tiempo
En los últimos meses ha crecido la convicción de que Miguel Vargas y su grupo de ninguna forma auspiciarán un proceso democrático, ni para elegir dirigentes ni candidatos. Guido Gómez Mazara, que es de los que más ha activado por la conciliación en el último año y cabeza junto a Tony Peña Guaba, Eligio Linares y otros de los llamados terceristas, es de los que cree que “ya no podemos perder más tiempo”.
Los terceristas incluso se alejaron de Hipólito Mejía cuando en agosto pasado propusieron una Comisión Organizadora de la Convención eleccionaria concediendo a Vargas la designación de 9 de 15 integrantes, sin previamente revocar las expulsiones y suspensiones. Estaban convencidos que ni con esa ventaja el ingeniero y empresario podría ganar una convención, “pues las encuestas entre los perredeístas no le otorgan más del 10 por ciento, incluyendo la Gallup-HOY de abril 2013.”
Pero los terceristas, que llegaron a reunirse con el mismo Vargas, se han quedado esperando una respuesta y el intento parece haber fracasado como todos los anteriores que involucraron comisiones como la de los doctores José J.Puello y César Mella y el periodista Homero Figueroa. En varias ocasiones los contestatarios promovieron la mediación de figuras de la Iglesia Católica, que llegaron a aceptar si todos lo pedían, pero nunca Vargas formalizó una respuesta.
Desde mediados de semana, los sectores que reclaman democracia interna comenzaron a hablar de una ofensiva final para forzar a Vargas, que incluiría fuertes denuncias sobre sus vínculos con el expresidente Leonel Fernández, cuya campaña para la candidatura presidencial del partido gobernante ha sido iniciada por sus allegados. Al presidente del PRD le atribuyen un entendimiento político y de negocios con el ex mandatario, desde el pacto por la reforma constitucional que ambos firmaron en el 2009, y que pasó incluso por la campaña electoral, en la que el presidente del partido blanco se negó a promover su candidatura presidencial.
La división luce inevitable
A casi tres años que se inició la última confrontación interna en el PRD, cuando en marzo del 2011 Hipólito Mejía ganó la nominación presidencial 53.4 a 46.5 por ciento, lo que el derrotado Miguel Vargas atribuyó a “300 mil votos de peledeístas”, en ese partido como en sociedad dominicana, hay un sobre cansancio de la situación y cada vez son más reducidas las esperanzas de que pueda ser superada.
Convencidos de que Vargas mantendrá el secuestro no solo de la casa nacional, privativa de sus partidarios, sino también de los organismos y de la presidencia del partido, son más frecuentes los dirigentes que entienden el planteamiento de hace un año del doctor Hugo Tolentino, de que si no hay forma de hacer valer la democracia en ese partido, deben formar otro. El asunto lo retomó a fin del 2013 Ramón Alburquerque, expresidente de la organización.
Otros como Jorge Mera, dicen que se morirán en ese partido, porque están en el mismo desde niños. Pero en general va tomando cuerpo la resignación de que si el partido está secuestrado, tienen que buscarse alternativas, como la de forjar uno nuevo o plantearse una conjunción de fuerzas para enfrentar la vuelta de Fernández, lo que ya se propone lanzar el “Frente Amplio” de izquierda que encabeza Fidel Santana.
Alburquerque no descarta la posibilidad de recuperar posteriormente el PRD, derrotando a Vargas con una conjunción de fuerzas de oposición. Pero otros entienden que para eso primero tienen que arrinconarlo lo más posible y demostrarle a los perredeístas que “con él solo no ganan ni un senador ni la alcaldía de un municipio importante”.
Habrá que esperar a ver la estrategia definitiva de los que han decidido el “todos contra Miguel” y sobre todo si son capaces de guardar coherencia y firmeza, de vencer la apatía y el cansancio que cunde en niveles importantes de ese partido, y mostrar suficiente amplitud para ganar adeptos fuera de los muros perredeístas.
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El último año de la agonía del PRD
14 de Enero 2013: Consejo disciplinario de parciales de Miguel Vargas expulsa del PRD a Hipólito Mejía y Andrés Bautista, y suspende a Geanilda Vásquez y Jorge Mera
27 de Enero: Seguidores de Mejía y otros sectores asaltan la casa nacional del PRD para impedir reunión de dirigentes convocada por Vargas. Destrozos y heridos
3 de Mayo: Mejía y Vargas conversan durante 30 minutos en casa de Soto Jiménez.
4 de Junio: Vargas y Mejía se reúnen por última vez. El primero dice que consiguió la presidencia del partido y la próxima candidatura presidencial. El otro lo niega
16 de Julio: Tribunal Electoral dice no pudo comparar listados de miembros del CEN y avala el de Vargas que según sus oponentes excluye a 629 miembros e incluye a 300
19 de Julio: Vence el período de 4 años para el que en el 2009 fue electo y juramentado Miguel Vargas como presidente del PRD
1 de Agosto: Se celebran dos reuniones paralelas del Comité Ejecutivo. La de Vargas designa a Peggy Cabral y Junior Santos en sustitución de Geanilda y Jorge Mera
30 de Agosto: “Sector tercerista” propone a Vargas elegir una comisión organizadora de una Convención unitaria” de 15 miembros, dejándole designar a 9. No hay respuesta
16 de Diciembre: Reunión sorpresa de una parte de la Comisión Política del PRD, designa la Comisión Organizadora y calendario de la Convención Nacional
20 de Diciembre: Tras reunión de la Comisión Consultiva del PRD que preside, Enmanuel Esquea proclama que “se acabó la tolerancia con Miguel Vargas”. Rechazan la Comisión Organizadora de la Convención
8 de Enero del 2014: Fracasa último intento de conciliación. Rechazan conceder a Miguel Vargas presidencia del PRD y candidatura presidencial del 2016
10 de Enero del 2014: Abogados encabezados por Enmanuel Esquea vuelven al Tribunal Electoral pidiendo anular reuniones y decisiones del CEN de Miguel Vargas.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
elpais.com
México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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