Se impone buscar una respuesta eficiente ante escenario de ilegalidad e ilegitimidad en frágil democracia dominicana.

Cada día la República Dominicana se acerca a un escenario que nunca fue previsto por el ordenamiento jurídico y constitucional y cuyas consecuencias podrían ser de un impacto que implicaría reconstruir la democracia nacional.

La Constitución de la República no cuenta con un mecanismo de sustitución de las autoridades nacionales a menos que no sea  mediante un proceso electoral que podría no  ser posible por la pandemia que mantiene amenazada la raza humana en todo el mundo.

En la actualidad la Junta Central Electoral ha tomado la decisión de suspender los comicios que manda la Constitución de la República del 17 de mayo y la reprogramó para el 5 de julio, cuya resolución no respeta el artículo 209, numeral 3, de la Carta Magna en el sentido de que esta propuesta debió ser sancionada por el Congreso Nacional y el cual debió emitir una ley para que se convoque a elecciones extraordinarias.

Sin embargo, habría que recrear lo que sería otra suspensión de los comicios por no haberse superado los efectos de la pandemia, entonces el país tendría que buscar con tiempo  un mecanismo idóneo para resolver un vacío o limbo jurídico que amenazaría la democracia.

Este escenario ha servido para que hayan quienes propongan que lo más ideal seria dejar en sus funciones a los que cesan en ellas, no sólo a nivel de la presidencia y vicepresidencia de la República, sino también del Congreso Nacional, dígase senadores y diputados.

Esa propuesta luce muy descabellada y poca idónea en virtud de que estos funcionarios no sólo tienen el  control de la autoridad que otorga el Estado, sino también del presupuesto nacional, cuyos gastos siempre han sido cuestionados porque han estado dirigidos en favor de causas no muy nobles y poco transparentes, máxime si hay de por medio la escogencia de un nuevo jefe de Estado y de senadores y diputados que está precedida de una campaña electoral

Ese limbo jurídico plantea un reto muy grande para el país, principalmente si se le suma el impacto que implica el coronavirus para la población votante, lo cual nos dice que la amenaza es todavía mucho más peligrosa, porque por los efectos de la pandemia el país podría estar frente a un problema también de ilegitimidad por una baja participación.

La pregunta que se cae de la mata para utilizar una expresión popular es quién controlaría las acciones de autoridades ilegales e ilegitimas, porque se sabe que la JCE no tendría la autoridad para fiscalizar los actos  al margen de la ley en lo referente, por ejemplo, al uso   del patrimonio nacional, sobre todo cuando en el actual proceso electoral el candidato del oficialismo ha jugado con todo el mundo y en el país nadie ha dispuesto una investigación seria al respecto.

 Lo más atinado es que la sociedad se de un plan de contingencia para evitar un total descalabro del precario aparato institucional, porque no luce clara sólo una negociación política para darle salida a una situación jurídica que no está contemplada en la Constitución de la República, lo cual también la hace nula.

En tal virtud, lo recomendable sería que ante la posibilidad de que la pandemia advierta que no se puedan celebrar las elecciones presidenciales y congresionales extraordinarias, convocar al Congreso Nacional con una agenda que no supere una serie de puntos previamente acordados por el liderazgo nacional y que cualquier modificación para llenar el vacío no sea de mayor alcance que la solución del problema presentado en las actuales circunstancias.

Esa modificación constitucional debe incluir un transitorio que mande  la escogencia de  una junta gobernativa que debe convocar a elecciones en un plazo que no supere los 90 días.

De esa manera, se evita que los que tienen el control del Estado sigan al frente del mismo cuando el candidato del Gobierno ha hecho una serie de travesuras y que muy difícilmente no incurra en la misma irregularidad durante una prolongación ilegal e ilegítima de las actuales autoridades nacionales.

Se sabe que mucha gente tiene temores a una modificación constitucional porque siempre sobresale la cultura de la trampa y el engaño que forma parte del entretenimiento nacional de los que controlan el poder y que en consecuencia proponer la permanencia en el Gobierno de los actuales gobernantes  podría ser muy peligroso y perjudicial para la democracia.

Este planteamiento ofrece un periodo de tiempo que no supera los  90 días para cumplir con todos los requerimientos del momento como es  convocar a ambas cámaras a avocarse a conocer un proyecto de modificación constitucional, el cual no puede ser antes de un encuentro de todo el liderazgo nacional para que hayan propuestas puntuales que vayan dirigidas a solucionar el vacío de  poder y el limbo jurídico que se advierte en las actuales circunstancias.

Naturalmente, esta discusión debe iniciarse  en los próximos 40 días si se vislumbra que el coronavirus se quedaría en el país en los próximos meses y que no existen las condiciones para mantener la convocatoria a las elecciones del 5 de julio, lo cual plantea la crisis que se ha querido prever desde ahora frente un posible impedimento material de que las mismas no tengan lugar.