Se impone ley de selva en Santiago con sentencias que obedecen a ineptitud, negligencia y complicidad jueces

Todas las jurisdicciones violan con sus decisiones no solo las normativas jurídicas, sino que también las jurisprudencias sentadas por los tribunales superiores.

El Distrito Judicial de Santiago se ha constituido en el principal ejemplo de que el estado de derecho es un verdadero mito y que todavía falta mucho para que en el país se pueda hablar de derechos constitucionales y consecuentemente de democracia.

Este problema toma un giro tan preocupante que los jueces de los diferentes tribunales de este distrito judicial se niegan a estatuir sobre las pruebas aportadas por las partes en un proceso legal y con esa actitud se ponen al margen de una serie de principios constitucionales como el de legalidad, de igualdad, de razonabilidad, entre otros.

La Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago falla, por ejemplo, los referimientos no sobre la base de los mandatos de la ley, sino de los caprichos e intereses de su titular, independiente de que los casos se constituyan en una flagrante violación de una serie de principios jurídicos que son proclamados como un logro por el tribunal constitucional.

En los últimos meses a pesar del miedo de los abogados a recusar jueces se han producido una serie de estos recursos que para ser resueltos se toman meses en virtud de la solidaridad que hay entre los encargados de decidir los conflictos que se producen en el seno de la justicia de Santiago.

Los atropellos a este respecto tienen un alcance más que preocupante porque es una agresión al estado de derecho y todo parece indicar que el Consejo del Poder Judicial tiene un nivel de tolerancia que impide que la justicia de Santiago cambie su curso.

Los jueces de los diferentes tribunales, aparte de incurrir en peligrosas violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la denegación de justicia, se resisten a cumplir con su función de ser vigilantes del derecho constitucional difuso para constituirse en garante de la armonía social.

Los casos que revelan la situación de la justicia en Santiago se complican cuando los jueces suben a estrados a decidir casos de los que no conocen absolutamente nada de ellos y esto provoca que impidan que los abogados postulan sobre los expedientes que defienden en los tribunales correspondientes.

En la actualidad hay recusaciones en contra de jueces que han hecho un manejo inadecuado de recursos, como por ejemplo, incidentales que no se corresponden con el argumento esgrimido al respecto, sobre todo porque los mismos tienen que ver con asuntos elementales del derecho como aquellos referentes a la jerarquía del ordenamiento jurídico.

Hay otros casos como ocurre con los referimientos que celebra la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial que falla los mismos a partir de ponderaciones medalaganarias o que responden a intereses ocultos, ya que escoge caprichosamente las pruebas sobre la que va a estatuir e ignora otras que se constituyen en una violación al debido proceso, lo que ha sido establecido por el Tribunal Constitucional en varias sentencias.

En otros expedientes la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la cual es dirigida por el juez Henrry Domínguez, se admiten la existencia de las pruebas, pero para emitir el fallo entonces se alega que no hay constancia de que la misma haya sido depositada.

En otro tribunal civil ordinario el magistrado Aldemaro José Muñiz Mena, juez de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, recurre regularmente a la violación del mandato del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia del derecho procesal, ya que con cuyas decisiones vulnera esa normativa jurídica y los principios de legalidad y de igualdad, así como de razonabilidad a pesar de que sobre este particular ya hay una jurisprudencia erga omnes que es transversal a todos los poderes públicos del país.

El agravante del problema es que el magistrado Muniz Mena repite la misma conducta cada vez que hay una audiencia para favorecer a una de las partes, pero no hay nadie que lo someta a la disciplina y a la ley, ya que el Consejo del Poder Judicial sólo hace simulacro de supervisar y fiscalizar el comportamiento de los jueces.

A nivel laboral igual ocurre con Jesús María Díaz Ramírez, juez de la Cuarta Sala del Juzgado de Trabajo de Santiago, quien también ha sido recusado por su conducta siempre en contra de algunas de las partes envueltas en los procesos, ya que cae en graves violaciones al Código de Trabajo con reenvíos de una audiencias hasta cinco veces para buscar una razón que justifique una acción al margen de la seguridad jurídica.

La irregular situación no es menor a nivel de la jurisdicción inmobiliaria, donde jueces como Fidelina Gertrudis Batista y Manuel Antonio Francisco Espinal incurren en violaciones de cuestiones fundamentales del sistema de justicia, como ejemplo no distinguir por la razón que sea la jerarquía de las normativas jurídicas, cuyo comportamiento ha generado recusaciones en su contra o negarse a estatuir sobre pruebas aportadas en violación de las jurisprudencias al respecto.

En lo que respecta a los fiscales las cosas no tienen ninguna diferencia, porque todavía en Santiago los magistrados encargados de proporcionar la fuerza pública para fines de embargos ejecutivos exigen una cantidad de dinero al margen de la ley, para cuyo propósito mantienen una alianza con oficiales de la Policía Nacional.

De igual modo, se comportan los alguaciles, los cuales se ponen al servicio de particulares y se dedican a la notificación de actos ilegales y a actuar en procesos que no se corresponden con el mandato de las leyes sobre la materia.

En conclusión, la ineptitud, la negligencia, la irresponsabilidad y la complicidad se traga el Distrito Judicial de Santiago sin que las autoridades superiores hagan nada por parar las graves violaciones que se cometen en contra del estado de derecho y de la democracia.