Análisis Noticiosos
Se imponen los esfuerzos de concertación con Haití
Por Juan Bolívar Díaz
El diálogo dominico-haitiano reiniciado esta semana con la reunión en Barahona de los dos presidentes de la isla se corresponde con una creciente convicción de que no hay mejor alternativa para solucionar los diferendos que afectan las relaciones entre las dos naciones de la isla.
Se requieren mayores esfuerzos para evitar que los radicales sembradores de odios y confrontaciones aborten la decisión del presidente Danilo Medina de reabrir el diálogo binacional, alentado en los últimos días por sectores empresariales, sociales y religiosos convencidos de que se impone la racionalidad en las relaciones binacionales.
Inicio de la distensión. La reunión del pasado martes 13 de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly marca el inicio de la distensión diez semanas después que el Gobierno dominicano rechazara la mediación de la Organización de Estados Americanos en los diferendos migratorios entre los dos países.
La tensión se agravó a mediados de septiembre cuando el Gobierno haitiano dispuso que 23 productos de exportación dominicanos solo entren a su territorio por vía marítima o aérea.
La reunión se extendió por cerca de cuatro horas, durante las cuales se acordó la normalización de las relaciones diplomáticas. Haití nombrará nuevo embajador y el dominicano, Rubén Silié, retornará a Puerto Príncipe. Se pactó también abordar las relaciones comerciales en un plazo de 15 días, dentro del cual habría una reunión de ministros y directores de aduanas. El Presidente dominicano quedó invitado a Puerto Príncipe, dependiendo del avance en las negociaciones.
Los más radicales se han alarmado porque en ese primer encuentro no se lograra el levantamiento de la restricción a las exportaciones dominicanas por tierra, algo muy difícil que ocurra antes de las elecciones presidenciales haitianas programadas para el próximo domingo 25, ya que allá, como aquí, la confrontación no está despojada de intencionalidad de lograr cohesión interna y apoyo político. Podría depender de cómo le vaya al candidato que apoya el presidente Martelly y si hay segunda votación el 27 de diciembre.
Habrá que negociar. Los haitianos están conscientes de haber tocado un punto sensible para los dominicanos, como es el comercio, en el cual ellos solo pueden aspirar a reducir desventajas, poniendo en vigencia un acuerdo previo sobre cuestiones aduanales, al que se comprometieron, o buscando mayores recaudaciones de unas exportaciones dominicanas que en lo formal montaron a unos 1,400 millones de dólares el año pasado, y otros tres o cuatrocientos millones más en la informalidad de los mercados binacionales.
Los empresarios de Haití han dado firme apoyo a las restricciones al comercio dominicano, por un lado alentados por intereses propios de importaciones de otros mercados y por interés de que los dominicanos compensen la enorme disparidad, pues ellos solo vendieron al país el año pasado por unos 10 millones de dólares en el mercado formal. Se conocen quejas por restricciones a productos haitianos como rones y cervezas que podrían tener mercado en el país, en particular entre los inmigrantes haitianos.
Tampoco se puede ignorar que entre las peticiones haitianas acogidas en la reunión del martes 13 figuró la de una “mayor ponderación” en las repatriaciones de inmigrantes. Han reclamado la revisión de un protocolo para las deportaciones acordado en 1991, lo que ha rechazado el Gobierno dominicano, atado al discurso soberanista, adoptado por gran parte de los funcionarios y el partido de Gobierno y de la opinión pública nacional.
En cualquier caso era iluso pretender que la restricción a las exportaciones fuera levantada tan simplemente en una reunión cumbre, sin previas negociaciones, aunque el mandatario haitiano deleitara a los concurrentes con su histrionismo de cantante popular.
No pelear con buen cliente. Recientemente Juan Vicini Lluberes, uno de los promotores del Consejo Económico Binacional Quisqueya, que planifica multimillonarias inversiones en la frontera, lanzó la toalla a las autoridades de Haití, al expresar su comprensión de que ellas pretendan mayores recaudaciones de un comercio tan favorable a los dominicanos. Y esta semana otro gran empresario, Pepín Corripio, advirtió que “no es inteligente pelearse con un buen cliente”.
Aunque visualiza las limitaciones políticas, y considera desafortunada la restricción haitiana, Corripio plantea que “la única solución, para no ser utópico, a pesar de que hay oposición a ello, es seguir hablando con el Gobierno haitiano para que nos digan qué es lo que verdaderamente quieren”, consciente de que en toda negociación hay concesiones.
Fuentes bien informadas aseguran que el presidente Medina entiende la necesidad de retomar el diálogo con Haití por encima de la algarabía de los radicales nacionalistas que pregonan la confrontación. El escenario internacional también lo recomienda. La próxima semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebra aquí un evento sobre integración regional, sin que garantizaran la participación de la Comunidad de Estados Caribeños (CARICOM) que reúne 14 países, incluyendo a Haití.
Para tener éxito cuando en enero el país asuma la presidencia de la CELAC, habrá que mejorar las relaciones con el bloque caribeño, lo que pasa por un diálogo constructivo con Haití. Más porque en mayo sesionará aquí la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.
La Iglesia alienta el diálogo. Inspirados en la exhortación que les hizo el Papa Francisco en su reunión de mayo pasado, los obispos dominicanos vienen asumiendo la defensa del diálogo y la solidaridad entre los dos países de la isla. Primero lo hizo la Comisión de Pastoral Migratoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, luego los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, Freddy Bretón, Fausto Mejía y José Dolores Grullón.
Esta misma semana se produjo un encuentro de dos días entre los obispos dominicanos y haitianos de las diócesis fronterizas, tres de cada lado y sus responsables de pastoral migratoria, que concluyó bendiciendo la reunión de los presidentes Medina y Martelly, “aguardando extenderles el saludo a medida que los dos países fructifiquen en el justo diálogo bilateral con respeto mutuo y sin injerencia foránea”.
El editorial del periódico católico Camino de este domingo extendió un manto de amparo a la cumbre presidencial del martes, proclamando que “llega en un momento oportuno, para evitar que sigamos alimentando el desencuentro y el odio, cuando lo esencial es aprender a convivir con respeto buscando alternativas que permitan a cada nación crecer…”. Con relación al encuentro de los obispos fronterizos, el periódico del Episcopado expresó su esperanza de que “sirva de ejemplo” a los sectores políticos binacionales “para que comprendan que juntos podemos encontrar salidas esperanzadoras a los problemas que padecen ambas naciones”.
Mientras tanto entre consorcios de organizaciones sociales e intelectuales de ambos países se encaminan esfuerzos buscando aislar la confrontación para que predomine el entendimiento entre las dos naciones de la isla.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.