La querella fue depositada por los abogados Ramón Pina Acevedo, Carlos Balcácer, Pedro Duarte Canaán, Félix Damián Olivares y Marino Elsevyf, entre otros.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión de Juristas por el Rescate de la Institucionalidad del Ministerio Pública se querelló contra el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, y seis de sus más cercanos colaboradores por «haber realizado actividades proselitistas estando en cargos públicos».
La querella, que contiene en anexos fotos de Domínguez Brito en actividades políticas, fue depositada en la propia Procuraduría por los abogados Ramón Pina Acevedo, Carlos Balcácer, Pedro Duarte Canaán, Félix Damián Olivares y Marino Elsevyf, entre otros.
Además del Procurador, la querella también involucra a los miembros del Ministerio Público Carlos Castillo Díaz, John Henry Reynoso Ramírez, Pelagio Alcántara Sánchez, José del Carmen Sepúlveda, Marisol Altagracia Tobal y Milagros Ricardo.
Indica que Domínguez Brito y sus colaboradores han violado la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Organización Judicial, la Ley de Función Pública y el Código Penal Dominicano.
«Emplazamos nuevamente a Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito a que formalice su renuncia como procurador general de la República, en el entendido de que ese cargo es incompatible con las actividades político partidarias que él viene realizando en todo el país desde hace cinco meses», señalaron los juristas en un documento.
Anunciaron que en las próximas horas entregarán otro escrito al presidente Danilo Medina para solicitar la destitución del Procurador y sus colaboradores arriba mencionados, por “faltas graves en el ejercicio de sus funciones”.
Dijeron que se sienten sorprendidos e indignados de que funcionarios públicos encargados de cumplir la Ley sirvan a intereses politicos.
Recordaron que el régimen disciplinario que rige al Ministerio Público considera como «faltas extremas» toda conducta que contravenga el comportamiento ético, la probidad y el sobrio comportamiento que debe exhibir todo servidor público.