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Querella contra ex miembros de Cámara de Cuentas
Santo Domingo, R.D.-Una denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República contra el expresidente de la Cámara de Cuentas y los demás ex miembros, a quienes se acusa de haber bloqueado durante cuatro años las auditorías externas en casos de corrupción.
La instancia fue dirigida a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y Domingo Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de la Juventud (FANAJUD), a través de los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero.
En la instancia solicitan que se disponga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), investigar de manera exhaustiva las acciones u omisiones cometidas durante esa gestión, por considerar que “afectaron gravemente los mecanismos de control institucional del país”.
Añaden que esta parálisis “dejó al país sin fiscalización independiente”, obligando a que todas las auditorías fueron realizadas por la Contraloría General de la República, lo que “debilitó los mecanismos de control del gasto público”.
En la denuncia se acusa a Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de McKenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, de violar la Constitución dominicana, la Ley de Compras y Contrataciones (340-06), así como de asociación de malhechores, concusión, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología (Ley 53-07).
Los denunciantes sostienen que en febrero del año pasado, el país se preparaba para estrenar el sistema de voto automatizado en los comicios municipales.
Sin embargo, el sistema, que había sido contratado, adquirido e instalado por la Junta Central Electoral (JCE), presentó un “problema” que impedía visualizar la totalidad de los candidatos y partidos políticos en las pantallas.
Según la denuncia, esta situación resultó “insólita” en la vida institucional del país, generando acusaciones contra la autoridad electoral por parte de las distintas afiliaciones políticas, electores y la ciudadanía en general.
Adujo que el país cuestionó la inédita y frustrante interrupción de sus elecciones municipales y que cuatro horas después de la apertura de las urnas, las autoridades electorales se vieron “obligadas” a suspender la votación debido a una supuesta “falla” en el sistema automatizado, que se implementa por primera vez, aunque solo en algunas ciudades.
La denuncia también indica que la Cámara de Cuentas había comunicado previamente algunos errores en el nuevo sistema. No obstante, su pleno y los funcionarios de las áreas de informática y la Dirección Nacional de Elecciones, de forma «irresponsable», decidieron no interrumpir los comicios hasta que se demostró de manera fehaciente un fallo generalizado en las máquinas de votación que no permitía ver la totalidad de los candidatos o partidos políticos en las pantallas.
Consideran que esta situación provocó una serie de acusaciones entre las afiliaciones políticas y hacia la JCE. Añaden que meses después de las elecciones abortadas, el presidente de la JCE declaró públicamente que «se había cometido un error» al no realizar previamente una prueba total del sistema de voto automatizado, como lo exigen las prácticas y normas que rigen la materia.
Finalmente, la denuncia subraya que estas palabras, consideradas «desacertadas e incriminatorias», pueden verificarse en publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Se recuerda que, antes de la suspensión de dichos comicios, el 9 de octubre de 2019, el miembro titular del órgano auditor dominicano, Janel Andrés Ramírez Sánchez, presentó su renuncia ante los medios, la cual fue revocada días después por «presiones y chantajes ejercidos por los demás miembros del pleno de la Cámara de Cuentas».
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.