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Querella contra ex miembros de Cámara de Cuentas
Santo Domingo, R.D.-Una denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República contra el expresidente de la Cámara de Cuentas y los demás ex miembros, a quienes se acusa de haber bloqueado durante cuatro años las auditorías externas en casos de corrupción.
La instancia fue dirigida a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, por Virgilio Almánzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH) y Domingo Rojas Pereyra, presidente de la Fundación Nacional de la Juventud (FANAJUD), a través de los abogados Carlos Sánchez y Salvador Encarnación Peguero.
En la instancia solicitan que se disponga a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), investigar de manera exhaustiva las acciones u omisiones cometidas durante esa gestión, por considerar que “afectaron gravemente los mecanismos de control institucional del país”.
Añaden que esta parálisis “dejó al país sin fiscalización independiente”, obligando a que todas las auditorías fueron realizadas por la Contraloría General de la República, lo que “debilitó los mecanismos de control del gasto público”.
En la denuncia se acusa a Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Cataño Ramírez, Tomasina Tolentino de McKenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña, de violar la Constitución dominicana, la Ley de Compras y Contrataciones (340-06), así como de asociación de malhechores, concusión, coalición de funcionarios y delitos de alta tecnología (Ley 53-07).
Los denunciantes sostienen que en febrero del año pasado, el país se preparaba para estrenar el sistema de voto automatizado en los comicios municipales.
Sin embargo, el sistema, que había sido contratado, adquirido e instalado por la Junta Central Electoral (JCE), presentó un “problema” que impedía visualizar la totalidad de los candidatos y partidos políticos en las pantallas.
Según la denuncia, esta situación resultó “insólita” en la vida institucional del país, generando acusaciones contra la autoridad electoral por parte de las distintas afiliaciones políticas, electores y la ciudadanía en general.
Adujo que el país cuestionó la inédita y frustrante interrupción de sus elecciones municipales y que cuatro horas después de la apertura de las urnas, las autoridades electorales se vieron “obligadas” a suspender la votación debido a una supuesta “falla” en el sistema automatizado, que se implementa por primera vez, aunque solo en algunas ciudades.
La denuncia también indica que la Cámara de Cuentas había comunicado previamente algunos errores en el nuevo sistema. No obstante, su pleno y los funcionarios de las áreas de informática y la Dirección Nacional de Elecciones, de forma «irresponsable», decidieron no interrumpir los comicios hasta que se demostró de manera fehaciente un fallo generalizado en las máquinas de votación que no permitía ver la totalidad de los candidatos o partidos políticos en las pantallas.
Consideran que esta situación provocó una serie de acusaciones entre las afiliaciones políticas y hacia la JCE. Añaden que meses después de las elecciones abortadas, el presidente de la JCE declaró públicamente que «se había cometido un error» al no realizar previamente una prueba total del sistema de voto automatizado, como lo exigen las prácticas y normas que rigen la materia.
Finalmente, la denuncia subraya que estas palabras, consideradas «desacertadas e incriminatorias», pueden verificarse en publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. Se recuerda que, antes de la suspensión de dichos comicios, el 9 de octubre de 2019, el miembro titular del órgano auditor dominicano, Janel Andrés Ramírez Sánchez, presentó su renuncia ante los medios, la cual fue revocada días después por «presiones y chantajes ejercidos por los demás miembros del pleno de la Cámara de Cuentas».
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.