Más Noticias
En otro feo escandalo está involucrado ex-senador peledeísta
SANTO DOMINGO.- Tommy Galán, ex-senador peledeísta por la provincia de San Cristóbal, ha sido imputado por supuestamente violar la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por alegadamente haber declarado que se había hackeado el sistema de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE), cuya acusación fue depositada este martes ante el procurador general de delitos electorales en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
El documento depositado ante el TSE dice que el también exsenador se auto incriminó de haber realizado el hackeo, por lo que los querellantes solicitan que el Ministerio Público (MP) realice una investigación sobre el caso y se condene al acusado al pago de una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos por los daños morales, materiales, sicológicos y sociales causados.
De acuerdo a la querella, el 23 de Enero del 2024, Galán sorprendió al país con unas declaraciones en medios de comunicación oral, escrita, telemática, de redes, etc, donde se auto inculpaba de que él y su partido habían invadido, penetrado, adulterado, vulnerado y hackeado el Sistema Electoral Dominicano. Y que mediante uno de sus técnicos, pudieron manipular a las impresoras que habrían de realizar las labores propias de los escrutinios e impresión de actas en las elecciones municipales a celebrarse en el país este 18 de febrero del año 2023.
Los querellantes son José Nicacio Díaz Guzmán, delegado técnico de la Dirección Nacional De Elecciones de la JCE, en representación del partido Primero La Gente y del Movimiento Político “La Expansión”; Ana Olivia Guzmán, candidata a regidora por Santo Domingo Oeste, con el partido Primero La Gente; Frederick L. Ferreras González, candidato suplente a regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), PRSC, Moda, y aliados.
Los abogados que representan a los querellantes son Dr. Fredermido Ferreras Díaz y Frederick Leomel Ferreras González.
En el escrito, se explica que Tommy Galán incurrió en delitos electorales por violación a los artículos 29 y siguientes de la ley no. 53/07, 109, 110, 91,92, 86, 87 del 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano.
Añaden también que “en el país ya existe el precedente de una suspensión de las elecciones de febrero del año 2020 por un supuesto jaqueo o vulneración del sistema que estuvo a punto de provocar una guerra civil en el país”.
Asimismo, recuerdan y comparan la situación que denunció el otrora presidente y candidato presidencial del PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien en la convención interna para escoger al candidato que supuestamente ganó, Gonzalo Castillo, provocó denuncias de fraudes y hackeo del sistema a través de un supuesto algoritmo que alteró los resultados electorales. Situación que condujo a la división de esa organización política con la salida de Fernández Reyna para formar otra fuerza política denominada Fuerza del Pueblo (FP).
Puntualizan que dichas declaraciones del secretario de asuntos electorales del PLD también tienen ribetes penales, pues se enmarcan dentro de las vulneraciones que establecen los artículos 86 al 90 del Código Penal Dominicano y que castigan los crímenes contra la seguridad interior del Estado con la guerra civil.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
Más Noticias
Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.