Se repite historia de irresponsabilidad en el Distrito Judicial de Santiago que deja secuela de luto y dolor.

Es poco lo que se hablado sobre la inexistencia  del Estado cuando la gente se aparta de la capital dominicana, cuyo buen ejemplo lo constituye la segunda ciudad en importancia del país, donde el Distrito Judicial de Santiago se ha convertido en un verdadero promotor de la impunidad e incluso de la vía de hecho, porque una cosa trae la otra.

Las sentencias medalaganarias de los jueces de los diferentes tribunales que operan en el Palacio de Justicia de Santiago, hace que se entienda que no hay denuncia que valga o que cambie el curso de la evidente incapacidad, negligencia o complicidad de muchos jueces y fiscales que se prestan, incluso, a interpretar caprichosamente los casos que llegan a su poder.

El asunto abarca desde lo civil hasta lo penal y cuyas  sentencias son emitidas  en función del deseo de la voluntad y los compromisos de los jueces, las cuales son evacuadas años después de ser interpuestas, lo cual se constituye en una denegación de justicia, del debido proceso e incluso de la tutela judicial que consigna la  Constitución.

En el Distrito Judicial de Santiago los referimientos y los recursos de amparos son tratados como si fueran recursos convencionales o no prioritarios, cuyos fallos, muchas veces, se toman hasta varias años en violación de los mandatos de la  ley al respecto.

El problema ha llegado a unos niveles, que prácticamente, por lo menos en el Distrito Judicial de Santiago, no existe el estado de derecho y la justicia ha perdido tanto el respeto de los ciudadanos que cualquiera que haya resultado  lesionado en su dignidad o que haya perdido bienes materiales no piensa en una demanda en daèos y perjuicios porque los jueces sencillamente no le dan ninguna importancia a la misma y generalmente la fallan en contra sin importar la existencia de las pruebas.

El caso de Licey al Medio, donde ha explotado una planta de gas de la compañía Coopegas, que ha dejado hasta el momento unos 13 muertos, ha sido una tragedia que en realidad se pudo evitar si el juez que conoció el caso hubiera actuado como manda la ley, ya que se había establecido que la misma violaba el ordenamiento jurídico sobre la materia y que constituía un gran peligro por operar en una zona donde viven miles de personas.

La tragedia, en la que han muerto niños, mujeres y personas mayores, parece que no tendrá la consecuencia que debía tener si se mide por la impunidad en que ha operado la planta de gas que hoy ha dejado una estela de luto y de dolor en la comunidad de Licey al Medio de la provincia de Santiago.

Sin embargo, nadie se focaliza en la conducta de los que se suponen que deben velar por la seguridad en las comunidades mediante el sistema de justicia y habría que referirse necesariamente a los jueces que la gente se pregunta cómo llegan a sus posiciones si regularmente exhiben un nivel de incapacidad, complicidad y de negligencia que causan grandes daños a la sociedad.

No hay recursos que valga frente a unos jueces que parecen haber sido nombrados como tales por amiguismo o como parte de la cadena de corrupción que se inicia en el Palacio Nacional, entra a un amplio segmento del empresario, pasa por los medios de comunicación y entonces se convierte en un cometa, porque nadie sabe dónde termina.

El recurso de amparo negado por un juez del Distrito Judicial de la provincia de Santiago ha sido la razón de que muchas familias hayan perdido a sus hijos sin que exista la posibilidad de que se imponga la ley, cuyo detalle habla claro de la situación de impunidad que vive la República Dominicana.