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Luce como otra torpeza del presidente abinader nombramiento de nuevos embajadores.
Santo Domingo, R.D.-Lo que parece ser otra torpeza del presidente Luis Abinader son las designaciones de nuevos embajadores en sustitución de los que estaban en esas posiciones y que reúnen ciertas experiencias que pueden ser aprovechadas en favor del pais, lo cual no ofrece una justificación al respecto por parte del Gobierno.
En este caso, Abinader hizo cambios en Países Bajos, Antigua y Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania, Costa Rica, Santa Sede (Vaticano), Argentina, Bélgica y China, países que, en su mayoría, representan oportunidades de comercio y requieren de un buen estado de las relaciones diplomáticas.
Un análisis realizado por Listín Diario sobre los perfiles de los viejos y los nuevos embajadores que representarán a la República Dominicana en estas 10 naciones presagia posibles conflictos o desinterés en las relaciones que se planea mantener con estos países.
Lejos de ser referentes en las relaciones internacionales y la diplomacia, y a pesar de los cuestionamientos por el acuerdo marítimo firmado con los Países Bajos, Abinader volvió a nombrar a un embajador sin experiencia en la materia.
El pasado embajador, Juan Bautista Durán, es un odontólogo miembro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) que puso en marcha el movimiento “Unidos por el Cambio” en Europa durante el proceso electoral y fue nombrado en la posición.
El más reciente, Carlos de la Mota, carece también de experiencia y preparación en el área de las relaciones internacionales, siendo actor y arquitecto de profesión, con unos años ejerciendo de viceministro para las “comunidades dominicanas en el exterior”.
En el caso Países Bajos, el país salió a relucir en la palestra pública luego de haberse divulgado un acuerdo para definir los límites marítimos con Curazao, una isla que pertenece a esa nación europea, y en el que se han señalado presuntas “debilidades” en el proceso de negociación y formulación del pacto.
Otro caso ocurrió con la nueva elección de la embajadora en Costa Rica. El pasado embajador, Josue Fiallo, quien inició sus labores en ese país en enero de 2024, fue traído de vuela a la Cancillería por una “asesora” en el despacho del canciller Roberto Álvarez, que inició sus labores en 2020 y no posee experiencia en el servicio exterior.
María Amelia Marranzini saltó de ser asesora de Roberto Álvarez a embajadora en Costa Rica, sustituyendo a Fiallo, un diplomático de carrera, con más de 20 años de experiencia, y que ha ocupado diversas posiciones en el servicio exterior, sin contar su formación en las relaciones internacionales.
Desde 2018, cuando se firmó la apertura de las relaciones diplomáticas, Briunny Garabito, diplomático de carrera con experiencia en distintos países, se mantuvo en el cargo, hasta que recientemente el presidente dispuso su cambio.
Su lugar será ocupado por un también miembro del PRM, José Julio Gómez, quien tampoco tiene experiencia en el servicio exterior. En su currículum solo muestra haber sido viceministro de “política exterior bilateral”, pero no ha ocupado ninguna posición en embajadas, consulados o representaciones del país en el extranjero.
La decisión del presidente de nombrar a un exmiembro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como embajador ante la Santa Sede (Vaticano) despertó múltiples críticas sobre las razones que lo llevaron a tomar está acción.
Abinader dispuso el nombramiento de Víctor Valdemar Suárez, exdiputado del PLD por más una década y exmiembro de la entidad morada por casi 30 años en el Vaticano, luego de su renuncia de la organización, pasando a apoyar al presidente.
Inclusive, votó a favor de varias iniciativas legislativas que propuso el gobierno y pasaron por la Cámara de Diputados mientras él era legislador.
El cuestionamiento se produce porque Víctor Suárez, que por más de una vez lanzó críticas públicas y directas a Abinader, tanto cuando este último era candidato, como cuando ya alcanzó el poder, Suárez, sin experiencia diplomática, sustituirá a Luis Emilio Montalvo, otro inexperimentado en el área, quien ocupaba esa posición.
El pasado embajador es licenciado en psicología y doctor en medicina, sin ningún estudio en las relaciones exteriores.
En el caso de Argentina, ambos embajadores carecen de algún tipo de estudio o experiencia en diplomacia. Para hacer frente al gobierno del presidente Javier Milei, Abinader optó por colocar a Jorge Gerardo Neftalí Marte Báez, un médico que ha realizado toda su carrera en el sector de la salud, quien reemplazará a su colega Gustavo Hernando, con quien comparte profesión y carencia de conocimientos en las relaciones internacionales.
Por otro lado, en el caso de Antigua Barbuda, El Salvador, Francia, Alemania y Bélgica, Abinader dispuso cambiar embajadores de carrera diplomática por otros que también ostentan la misma posición.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.