Nacionales
Para sustentar el Presupuesto de 2022 Senado aprueba de urgencia bonos por más RD$284 mil millones.
En dos sesiones consecutivas y de urgencia el Senado de la República aprobó este miércoles el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda la emisión y colocación de valores de deuda pública (bonos) por hasta un monto de RD$ 284,079,393,319 o su equivalente en moneda extranjera.
La pieza fue votada por 22 de 27 senadores presentes. Luego de ser leída de manera integral ahora será enviada a la Cámara de Diputados para su ponderación.
El literal 4, del artículo 9, establece que el proyecto explica que la amortización de los valores se podrá realizar al vencimiento o fraccionada, y se especificará en el anuncio de oferta pública, bajo distintas modalidades que apliquen, de acuerdo a la legislación donde se suscriba la emisión.
Sin embargo, especifica, en ningún caso este plazo podrá ser menor a cinco años, para los bonos denominados en moneda extranjera, ni menor a un año para los bonos denominados en pesos dominicanos.
En el artículo 7, sobre las colocaciones dentro del ejercicio presupuestario, aduce que “el monto aprobado por esta ley deberá ser colocado dentro del ejercicio presupuestario correspondiente al año 2022, de acuerdo con la programación dispuesta por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Crédito Público.
“Hoy, ahora de manera sorpresiva, el vocero adjunto del PRM, Ramón Rogelio Genao, hace un planteamiento que busca pasar por debajo de la mesa, sin que sea leído la emisión y colocación de bonos”.
Senador Bautista Rojas GómezEl párrafo detalla que “en caso de que previo al ejercicio presupuestario del año 2022, se presentarán condiciones de mercado favorables para el país, se podrá realizar una colocación del monto aprobado, parcial o total, como prefinanciamiento del Presupuesto General del Estado para el año 2022”.
En el Capítulo IV sobre Administración de Pasivos y Transferencia, el artículo 10 del proyecto, indica que “se autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a realizar operaciones de manejo, administración y/o gestión de pasivos durante el año 2022, por hasta el 10% del balance de la deuda del sector público no financiero, que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero,
“Los Valores de deuda a ser emitidos, en pesos dominicanos o en moneda extranjera, se harán al plazo más conveniente al perfil de vencimiento de la deuda del sector público no financiero”.
Debates
El senador reformista Ramón Rogelio Genao, al ponderar el proyecto de colocación de los 284 mil millones de pesos de bonos, solicitó que la iniciativa se declare de urgencia y se conozca en dos lecturas consecutivas.
El senador de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, y del PRSC, Rogelio Gano. ( ARCHIVO)
De su lado, Bautista Rojas Gómez, senador de Hermanas Mirabal, observó que “hoy, ahora de manera sorpresiva, el vocero adjunto del PRM, Ramón Rogelio Genao, hace un planteamiento que busca pasar por debajo de la mesa, sin que sea leído la emisión y colocación de bonos, cuando ni siquiera la bancada oficialista lo pidió, al presentar un panorama lejos de lo que vive el país”.
“Estos es una afrenta, sería un abuso de este Senado, decir al pueblo dominicano, y aprobación de estos bonos, sin que se conozca la fuente ni sus fines, por lo tanto, esperamos que sea lea el proyecto, aunque sabemos que su fin de sustentar el Presupuesto”, manifestó.
Expresó que esto es un atentado contra la dignidad y la soberanía del pueblo dominicano, que merece respeto, y no se apruebe la emisión de bono de urgencia, sin que llenen los trámites de lugar”, señaló el senador Rojas Gómez.
El senador y vocero del PLD en la cámara alta, Yván Lorenzo, deploró que se siga tomando prestado para endeudar el país, sin tener programas de inversión porque “no se está haciendo nada que beneficie la población dominicana”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.