Santo Domingo, RD.-El Senado de la República aprobó en única discusión un contrato de préstamo por 60 millones de dólares para el financiamiento del proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario “con enfoque tecnológico y sostenible», denominado «Plan de Apoyo y Financiamiento al Pequeño y Mediano Productor”, que será ejecutado por el Ministerio de Agricultura.Nacionales
Senado aprueba préstamo por 60 millones de dólares para sector agropecuario
Santo Domingo, RD.-El Senado de la República aprobó en única discusión un contrato de préstamo por 60 millones de dólares para el financiamiento del proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario “con enfoque tecnológico y sostenible», denominado «Plan de Apoyo y Financiamiento al Pequeño y Mediano Productor”, que será ejecutado por el Ministerio de Agricultura.La iniciativa 018-31, aprobada en la Cámara de Diputados, contó con 19 votos a favor de los 27 senadores presentes en la sesión de este miércoles.
A pesar de que la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se impuso, la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, votó en contra del proyecto.
La pieza fue suscrita el 4 de agosto de 2022 entre la República Dominicana y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Antes de su aprobación senadores de la oposición manifestaron su descontento con el préstamo, al asegurar que el mismo no será invertido en el campo.
El senador por la provincia de Elías Piña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, indicó que la hipoteca, contrario al fin que tiene establecido, se destinaría “para politiquería, para mantener la nómina de compañeritos y compañeritas del PRM”.
“Ya se aumentó la nómina en 49,702 nuevos empleos en la administración pública en estos dos años, ya se ha aumentado la deuda en 21 mil millones de dólares. ¿Hasta dónde van a llegar jugando con el pago de los impuestos de las dominicanas y los dominicanos para utilizarlo en politiquería? ¿Hasta dónde quieren llegar?”, se preguntó.
En ese mismo orden, Dionis Sánchez, senador por Pedernales, dijo que en el presupuesto nacional para el año 2023 el Gobierno “le quitó 60 millones de pesos” al Ministerio de Agricultura, por lo que no era cierto que ese dinero iba al campo.
“Tienen el campo abandonado y no es verdad que ese dinero van a cogerlo para invertirlo en Agricultura, no es cierto… es un relajo, es hipotecando al país a extremos inaceptables”, aseguró Sánchez.
También expresó que la ley tasa cero, de exportaciones de alimentos, aprobada en el Congreso Nacional ha ocasionado la quiebra a una cantidad de productores locales, ya que sólo sirve para hacer “negocio y los productos siguen caros”.
“Lo único para lo que esa ley sirvió fue precisamente para lo que la crearon, porque el propósito era precisamente hacer negocio y pagar favores políticos y eso fue lo único, el único objetivo que creo esa ley que cumplió esa ley fue ese, cumplir con seguidores para hacer negocio y quebrar a una cantidad de productores locales”, expresó.
Mientras que el senador por la Provincia Hermanas Mirabal de la Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, dijo que el préstamo debería ser aprobado para “pagarle a los dueños de arado que no le han dado un centavo desde hace un año”.
De igual forma, negó que el Gobierno dominicano haya asfaltado 4 mil kilómetros de caminos vecinales como anunciaron los ministerios de Agricultura y Obras Públicas.
Contrario a los planteamientos de los senadores de la oposición, Milciades Franjul senador oficialista, explicó que el préstamo forma parte del apoyo presupuestario del Estado aprobado en 2021 para el año 2022.
Asimismo indicó que el dinero no iba directamente al Ministerio de Agricultura, más bien se gestionaría a través del Banco Agrícola para préstamos a los agricultores a “tasas especiales”.
“No es que va directo a Agricultura para hacer lo que se quiere, no. Es para prestárselo a tasas especiales a los productores agrícolas tanto del sector agropecuario, como también de aquellos sectores que tanto necesitan hoy en día”, indicó el legislador de Peravia.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.