Santo Domingo, RD.-Fue aprobado en primera lectura y de urgencia por parte del Senado de la Republica, el proyecto de ley para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.
La pieza busca establecer un sistema de administración, control, mantenimiento de los bienes incautados, secuestrados o abandonados en el curso de un proceso penal o de extinción de dominio. Se respetaría siempre el debido proceso, así como su destino final en los casos en que se disponga su decomiso. También cuando se declare la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.
El proyecto se aprobó en la primera sesión, y en la segunda lo dejaron sobre la mesa al aplazar su lectura hasta el artículo 40 inclusive.
La iniciativa proviene de la Cámara de Diputados, la presentaron los legisladores Tobías Crespo, Rafael Castillo, Plutarco Pérez, Miguel Alberto Bogaert Marra, Rogelio Alfonso Genao Lanza y Napoleón López Rodríguez.
El proyecto perimió y lo reintrodujo el Poder Ejecutivo. Lo presentaron los senadores Félix Bautista (San Juan-FP), Pedro Catraín (Samaná-PRM) y Ramón Rogelio Genao (La Vega-PRSC).
Cómo sera el órgano encargado de la extinción de dominio
La pieza legislativa ordena la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Estará provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Y adscrito al Ministerio de Hacienda como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.
El Incabide tendrá un consejo directivo y una dirección ejecutiva, con su sede central en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. Para encargarse de la extinción de dominio podrá instalar oficinas regionales y provinciales, las cuales actuarán por delegación. Esto de conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
El consejo directivo lo presidirá el ministro de Hacienda, y lo conformarán, además, el procurador general de la República y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Según la iniciativa, el monto de la venta de bienes se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas. Esto hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.
En los casos en los que una sentencia definitiva ordene la devolución de los bienes incautados o secuestrados, las sumas depositadas por las ventas las devolverán al propietario. Junto con todos los intereses generados hasta la fecha.
La pieza sobre la extinción de dominio establece qué bienes podrán ser vendidos anticipadamente. Se trata de los de fácil deterioro y tengan un alto costo de mantenimiento.
Comisión Bicameral para el Presupuesto
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó a los senadores que integrarán la comisión Bicameral para el estudio del Presupuesto General del Estado 2024.
La comisión por el Senado está encabezada por Antonio Taveras, quien será el vicepresidente. La completan Dionis Sánchez, José Castillo Casado y Alexis Victoria. También Melania Salvador de Jiménez, Franklin Romero, José del Castillo Saviñón, Cristóbal Venerado Castillo, y Antonio Marte.
Otros proyectos
El pleno aprobó también el proyecto que designa con el nombre de doctor Hugo Álvarez Valencia, el palacio de justicia de La Vega, presentado por el senador Ramón Rogelio Genao Durán
Delito de abigeato
En primera lectura el Pleno del Senado aprobó el proyecto que sanciona el delito de abigeato en República Dominicana.
El proyecto proveniente de la Cámara de Diputados pretende enfrentar, interceptar personas que roben o hurten ganado.
La iniciativa busca castigar la sustracción o robo de ganado. La legislación actual no brindaunos instrumentos legales eficaces para perseguir esa actividad criminal.
Dice la pieza legislativa que los criadores del sector ganadero necesitan un instrumento legal que les proteja. Esto es protección ante cualquier actividad delictiva que atente contra sus actividades económicas.
Sobre la mesa
Los senadores dejaron sobre la mesa hasta el artículo 15 inclusive, el proyecto de ley de Protección a la Discapacidad. Este tiene la finalidad de promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad. También el respeto a su individualidad y autonomía personal, su inclusión en la comunidad y la erradicación de toda forma de discriminación.
Minuto de Silencio
El pleno del Senado, previo al inicio de la sesión, guardó un minuto de silencio por la memoria del comunicador de Arroyo Barril, Tomás Guerrero, “La Voz de Samaná” y el exdirector de la Junta Distrital de Nizao, el educador, José Ramón Custodio.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.