Nacionales
Aprueban proyecto para administrar bienes incautados en diferentes procesos.
Santo Domingo, RD.-Fue aprobado en primera lectura y de urgencia por parte del Senado de la Republica, el proyecto de ley para la administración de bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio.
El proyecto perimió y lo reintrodujo el Poder Ejecutivo. Lo presentaron los senadores Félix Bautista (San Juan-FP), Pedro Catraín (Samaná-PRM) y Ramón Rogelio Genao (La Vega-PRSC).
Cómo sera el órgano encargado de la extinción de dominio
La pieza legislativa ordena la creación del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide). Estará provisto de personalidad jurídica, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Y adscrito al Ministerio de Hacienda como órgano responsable de la administración y destino de los bienes.
El consejo directivo lo presidirá el ministro de Hacienda, y lo conformarán, además, el procurador general de la República y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. También el director ejecutivo del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Según la iniciativa, el monto de la venta de bienes se depositará en certificados de depósito en el Banco de Reservas. Esto hasta que se dicte una sentencia que determine su destino final.
La pieza sobre la extinción de dominio establece qué bienes podrán ser vendidos anticipadamente. Se trata de los de fácil deterioro y tengan un alto costo de mantenimiento.
Comisión Bicameral para el Presupuesto
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó a los senadores que integrarán la comisión Bicameral para el estudio del Presupuesto General del Estado 2024.
Otros proyectos
El pleno aprobó también el proyecto que designa con el nombre de doctor Hugo Álvarez Valencia, el palacio de justicia de La Vega, presentado por el senador Ramón Rogelio Genao Durán
Delito de abigeato
En primera lectura el Pleno del Senado aprobó el proyecto que sanciona el delito de abigeato en República Dominicana.
La iniciativa busca castigar la sustracción o robo de ganado. La legislación actual no brindaunos instrumentos legales eficaces para perseguir esa actividad criminal.
Dice la pieza legislativa que los criadores del sector ganadero necesitan un instrumento legal que les proteja. Esto es protección ante cualquier actividad delictiva que atente contra sus actividades económicas.
Sobre la mesa
Los senadores dejaron sobre la mesa hasta el artículo 15 inclusive, el proyecto de ley de Protección a la Discapacidad. Este tiene la finalidad de promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad. También el respeto a su individualidad y autonomía personal, su inclusión en la comunidad y la erradicación de toda forma de discriminación.
Minuto de Silencio
El pleno del Senado, previo al inicio de la sesión, guardó un minuto de silencio por la memoria del comunicador de Arroyo Barril, Tomás Guerrero, “La Voz de Samaná” y el exdirector de la Junta Distrital de Nizao, el educador, José Ramón Custodio.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.