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Senado dominicano desperdicia oportunidad de votar a favor de la salud y la vida de las mujeres y las niñas

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Senado dominicano desperdicia oportunidad de votar a favor de la salud y la vida de las mujeres y las niñas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional y Oxfam lamentaron este viernes que el Senado de la República haya rechazado la observación presidencial al Código Penal, ‘‘perdiendo una gran oportunidad de ampliar el marco de derechos y acceso a servicios de salud de las mujeres, sobre todo las más pobres’’.

La observación realizada por el Poder Ejecutivo el pasado diciembre daba al país la posibilidad de salir del pequeño grupo a nivel mundial con leyes restrictivas de aborto que vulneran derechos humanos.

La propuesta incluida por el ejecutivo presenta un artículo que despenaliza el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si es resultado de una violación sexual o incesto o por mal formación fetal incompatible con la vida.

“El Senado dominicano acaba de desperdiciar una gran oportunidad de estar en el lado correcto de la historia, este vergonzoso voto contra la despenalización del aborto no hace más que poner en peligro la salud y la vida de millones de mujeres y niñas. En lugar de jugar juegos políticos con la vida de las mujeres, las autoridades deben concentrar su tiempo y sus esfuerzos en proteger sus derechos humanos”, expresó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“Exhortamos a la Cámara de Diputados y Diputadas acoger la observación presidencial como medida de balance democrático en consonancia con las políticas públicas que debe diseñar e implementar el Estado para alcanzar los indicadores a que aspira en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), y la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que contribuyen a reducir las desigualdades”, afirmó Raúl del Río, director de Oxfam en República Dominicana.

La penalización absoluta del aborto lleva a las mujeres a someterse a acciones desesperadas e inseguras que ponen en riesgo sus vidas, y su salud física y emocional, a la vez de restringir a la capacidad del personal de salud a brindar servicios de acuerdo con sus conocimientos científicos y los mejores estándares médicos.

La República Dominicana ostenta una vergonzosa tasa de mortalidad materna, una de las mayores en la región latinoamericana, 106 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del 2013.

Según El Instituto Guttmacher y el Centro de Derechos Reproductivos, la prohibición absoluta del aborto ha llevado a que más de 90 mil abortos inseguros ocurran en el país cada año, representando una de las causas principales de la mortalidad materna.

La situación es de mayor riesgo para las mujeres más pobres y el país se encuentra dentro de los más altos índices de femininidad de la pobreza, 134 en contraste con el promedio regional 117 como lo evidencian los datos del informe Privilegios que Niegan Derechos que publicó Oxfam en 2015.

Esta realidad contrasta con la decisión tomada por el Senado y con los llamados a país hechos por diversos organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional.

Según la Constitución Dominicana y la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en 2015 para el caso de la acción en inconstitucionalidad de la aprobación anterior del Código Penal, las observaciones presidenciales deben ser aprobadas o rechazadas en ambas cámaras del Congreso.

Oxfam y Amnistía Internacional instan a los diputados y las diputadas a usar sus votos para proteger los derechos a la salud y a la vida de las mujeres y niñas dominicanas.

acento.com.do

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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