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Senado dominicano desperdicia oportunidad de votar a favor de la salud y la vida de las mujeres y las niñas
Senado dominicano desperdicia oportunidad de votar a favor de la salud y la vida de las mujeres y las niñas
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional y Oxfam lamentaron este viernes que el Senado de la República haya rechazado la observación presidencial al Código Penal, ‘‘perdiendo una gran oportunidad de ampliar el marco de derechos y acceso a servicios de salud de las mujeres, sobre todo las más pobres’’.
La observación realizada por el Poder Ejecutivo el pasado diciembre daba al país la posibilidad de salir del pequeño grupo a nivel mundial con leyes restrictivas de aborto que vulneran derechos humanos.
La propuesta incluida por el ejecutivo presenta un artículo que despenaliza el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si es resultado de una violación sexual o incesto o por mal formación fetal incompatible con la vida.
“El Senado dominicano acaba de desperdiciar una gran oportunidad de estar en el lado correcto de la historia, este vergonzoso voto contra la despenalización del aborto no hace más que poner en peligro la salud y la vida de millones de mujeres y niñas. En lugar de jugar juegos políticos con la vida de las mujeres, las autoridades deben concentrar su tiempo y sus esfuerzos en proteger sus derechos humanos”, expresó Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Exhortamos a la Cámara de Diputados y Diputadas acoger la observación presidencial como medida de balance democrático en consonancia con las políticas públicas que debe diseñar e implementar el Estado para alcanzar los indicadores a que aspira en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), y la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que contribuyen a reducir las desigualdades”, afirmó Raúl del Río, director de Oxfam en República Dominicana.
La penalización absoluta del aborto lleva a las mujeres a someterse a acciones desesperadas e inseguras que ponen en riesgo sus vidas, y su salud física y emocional, a la vez de restringir a la capacidad del personal de salud a brindar servicios de acuerdo con sus conocimientos científicos y los mejores estándares médicos.
La República Dominicana ostenta una vergonzosa tasa de mortalidad materna, una de las mayores en la región latinoamericana, 106 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos según datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) del 2013.
Según El Instituto Guttmacher y el Centro de Derechos Reproductivos, la prohibición absoluta del aborto ha llevado a que más de 90 mil abortos inseguros ocurran en el país cada año, representando una de las causas principales de la mortalidad materna.
La situación es de mayor riesgo para las mujeres más pobres y el país se encuentra dentro de los más altos índices de femininidad de la pobreza, 134 en contraste con el promedio regional 117 como lo evidencian los datos del informe Privilegios que Niegan Derechos que publicó Oxfam en 2015.
Esta realidad contrasta con la decisión tomada por el Senado y con los llamados a país hechos por diversos organismos de derechos humanos a nivel regional e internacional.
Según la Constitución Dominicana y la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en 2015 para el caso de la acción en inconstitucionalidad de la aprobación anterior del Código Penal, las observaciones presidenciales deben ser aprobadas o rechazadas en ambas cámaras del Congreso.
Oxfam y Amnistía Internacional instan a los diputados y las diputadas a usar sus votos para proteger los derechos a la salud y a la vida de las mujeres y niñas dominicanas.
acento.com.do
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.