Nacionales
Buscan modificar leyes de DNI, los Códigos de Trabajo, Civil y Seguridad Social
Santo Domingo.- El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, remitió importantes proyectos de leyes a diferentes comisiones para su análisis y ponderación a propósito del inicio de los trabajos de la primera legislatura del órgano legislativo.
Dentro de los proyectos para fines de modificación están el Código Civil de la República Dominicana, que se remitió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y que fue presentado por el senador Santiago José Zorrilla; el proyecto que reorganiza el Sector de Hidrocarburos, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb, y que se envió a la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas.
Otras normativas que el presidente De los Santos remitió a la comisión de Justicia y Derechos Humanos fueron las propuestas del senador Félix Bautista, el proyecto de ley sobre Divorcio y la ley que Regula el Indulto; además, a la comisión de Desarrollo Municipal y Organizaciones No Gubernamentales, la iniciativa de ley Orgánica de Administración Local.
Además, se envió a la Comisión de Cultura la iniciativa que dispone la exhumación de los restos de Pedro Santana del Panteón de la Patria y su posterior traslado a la academia militar “Batalla de las Carreras”, presentada por los senadores Franklin Rodríguez Garabitos y Dionis Alfonso Sánchez.
Igual, el presidente del Senado envió a estudio a la Comisión de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana, los proyectos que modifica la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentados por los senadores Ramón Rogelio Genao y Dionis Sánchez.
En tanto, se remitió a la comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones el proyecto que modifica la Ley 16-92 del Código de Trabajo, para incluir el Teletrabajo como modalidad en la República Dominicana, presentada por Santiago José Zorrilla y Aris Yván.
Igual se envió a comisión el proyecto que modifica la Ley General de Salud 42-01 que agrega varios artículos del título II de la Calidad de los Servicios de Salud, para que reciban asistencia médica todas las personas que ingresan a centros de salud públicos o privados en estado de emergencia; de la autoría del senador Cristóbal Venerado Castillo, de Hato Mayor.
Conforman comisión para ponderar actos PE
El Senado de la República conformó una comisión especial para el estudio y ponderación de la resolución de Actos del Poder Ejecutivo consignados en la Memoria de los ministerios, correspondiente al año 2023.
El presidente del Senado Ricardo de los Santos, designó al senador Antonio Taveras Guzmán, presidente, y la completan los senadores Cristóbal Venerado Castillos, Franklin Rodríguez Garabitos, José del Castillo Saviñón; Alexis Victoria; Antonio Marte, José Antonio Castillo Casado, Milcíades Franjul, Melania Salvado.
Además, se envió a la Comisión del Cultura y con plazo de una semana el proyecto de resolución el senador Milcíades Franjul, que solicita el traslado del Pleno del Senado de la República al municipio de Bani, el 20 de marzo próximo para celebrar una sesión ordinaria con motivo del 260 aniversario de la fundación de esa demarcación.
Los senadores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley Orgánica que regula el Otorgamiento de la Fuerza Pública para la ejecución de Medidas Conservatorias y Ejecutorias, presentada por el senador Virgilio Cedano.
Esa ley tiene por objeto asegurar la legalidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias.
El presidente del Senado, al concluir los trabajos legislativos de la primera sesión del año, convocó para el próximo miércoles 6 de los corrientes a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.