El Senado convirtió en ley este miércoles, tras declarar de urgencia y aprobar en dos sesiones consecutivas a unanimidad y sin modificaciones, el proyecto que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre naturalización.

Los 25 senadores presentes probaron la pieza congresional a unanimidad en primera y segunda lectura, que fue incluida en la orden del día, tras una moción presentada por la senadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo, quien pidió se liberara de trámite de ir a comisión y fuera incluida en la orden del día, lo que fue acogida por los 23 senadores.

El proyecto lo sometió el día 15 el Poder Ejecutivo vía la Cámara de Diputados, y lo aprobó de urgencia y en dos lecturas consecutivas el viernes 16 a unanimidad por 161 legisladores presentes.

No asistieron a la sesión por tener excusa los senadores José María Sosa, de San Pedro de Macorís; Sonia Mateo, de Dajabón; Félix Bautista, de San Juan; Charlies Mariottis, de Monte Plata, Wilton Guerrero de Peravia, y Amable Aristy Castro de La Altagracia.

El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, pidió al secretario Manuel Güichardo, dio lectura al proyecto, y al dejar abiertos los debates, advirtió al pleno que sería rígido con el tiempo.

El primero en intervenir fue Rubén de la Cruz, quien felicitó al presidente Medina por enviar el proyecto al Congreso, una iniciativa que dará solución al problema que afecta a miles de personas que no tienen documentación ni nacionalidad. “Este proyecto tan trascendente, pienso que puede mejorar, aunque no me opongo ni me opondré, mi voto es firme a favor del proyecto”.

José Rafael Vargas, la solución que buscó el presidente de la República, resuelve un conflicto hasta de carácter internacional, y pidió se defina la categoría de residente en el país, y en el artículo 2 del proyecto, que permitiría a la Junta Central Electoral acreditar, lo que se debe especificar el estatus, y evitar discusión en el futuro.

Prin Pujals Nolasco, felicitó al presidente Medina por demostrarle a las grandes naciones y a los organismos internacionales, que trataron de imponer a la República Dominicana una camisa de fuerza por el problema migratorio, que somos una nación soberana, y pidió apoyar a unanimidad la iniciativa como lo hicieron los diputados.

Félix Nova, expresó que la medida es la decisión más importante que se ha tomado de carácter nacional para regular el status de extranjeros, y respaldó que “debemos salir de esto y aprobarlo sin modificación”.

Carlos Castillo, indicó que el proyecto ha tenido un consenso de todos los sectores sociales del país, y dejó un mensaje claro al conflicto generado por la 168-13, y expuso que debe dejarse claro el problema de la acreditación establecido en el proyecto, porque está al margen de la Constitución.

Luis René Canaán, apuntó que el presidente Medina está haciendo justicia y dando cumplimiento al artículo 38 de la Carta Magna referente a la dignidad humana, con relación a que cada dominicano pueda leer en su hogar. “El presidente Medina desmontó una trama visible e invisible sobre los intereses nacionales, y saldó un entuerto jurídico desde el 1929 hasta el 2007, al dar salida humana, cristiana y jurídica con relación a este tema”.

Amílcar Romero, enfatizó que el presidente de la República envolvió la prudencia más eleva da, porque logró consenso de todos los sectores que conforman la sociedad dominicana. “Esta es una iniciativa que reitera el respeto a la nacionalidad dominicana, que no tiene preferencia de un extranjero en particular”.

Adriano Sánchez Roa, indicó que la pieza debe trascender más, y advirtió que tras ser sometido el proyecto de naturalización, miles de haitianos han ingresado por la frontera con Elías Piña, “nueve de diez personas que han entrado ilegalmente son haitianos”.

“Hay que pensar en la soberanía, y debe frenarse el ritmo de ingreso de haitianos al país, porque si esto sigue así, en los próximos diez años tendremos aquí cuatro millones de haitianos, que podrían incidir en la elección del presidente de la República”.

Rafael Calderón, reconoció la inteligencia exhibida en el tema por el presidente Medina, al someter al Congreso un proyecto equilibrado, mesurado y prudente.

“Este proyecto engloba 2O o 22 mil personas inscritas en el Registro Civil, por las autoridades incompetentes del Estado dominicano, validará las actas de nacimiento, se le reconocerá su nacionalidad, y por haber vivido con un perfil jurídico dominicano y toda su vida, casarse, asimilar la cultura dominicana y porque tienen propiedad”, anotó.

Dionis Sánchez, explicó que “este problema no lo creó el Tribunal Constitucional, sino que data de décadas por la irresponsabilidad del Estado Dominicano. Pero es bueno mirar hacia la frontera, que no debemos seguir viviendo de espalda a esta zona, y el Gobierno debe invertir en la frontera”.

Julio César Valentín declaró que “este proyecto de Naturalización es de declaración de principios jurídico y humano, que está nítidamente bien valorado y es un acto de reafirmación de valores progresistas y humanos”. “Lo que tiene valor de todo esto, es que la sentencia del 2010 establece con claridad quienes son dominicanos, que excluye los hijos de los diplomáticos y los extranjeros que están en tránsito”.

Juan Orlando Mercedes, favoreció que “debió ir una comisión del Senado donde juristas constitucionales para explicar el concepto de acreditación para otorgar nacionalidad a la Junta Central Electoral, y luego de estar definido esto se apruebe el proyecto.

Cristina Lizardo, resaltó que el proyecto de Naturalización constituye un nuevo logro del Presidente Medina, y destacó que se caracteriza por lo sencillo, práctico y de transparente aplicación, en el marco del respeto de la Constitución y la institucionalidad de la nación.

“El proyecto del presidente Danilo Medina es una pieza equilibrada que mantiene el respeto y salvaguarda de la primacía de la Constitución, la vinculación de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y la garantía de los derechos fundamentales de un sector de nuestra población”.

Pared Pérez, reveló que el presidente Medina le comunicó que tras la sentencia 168-13 recibió muchas presiones de varias naciones del mundo, “y este proyecto definirá la situación que servirá de escape para la República Dominicana”.

Para aclarar, leyó la Constitución pasada y del 2002, sobre la nacionalidad y como se adquiere la misma.

En cuanto al artículo primero y segundo del proyecto de Naturalización, esboza dos situaciones, sobre los inscritos y su naturalización.

“Si no se subsana la irregularidad, la Juna Central Electoral no podría otorgar la nacionalidad dominicana a quien la solicite. Aprobando esta iniciativa vamos a poner fin al problema que afectaba el país a raíz de la sentencia 168-13, donde el presidente Medina expresó gran preocupación”.

Señaló que a finales de octubre pasado, cuando visitó al Papa Francisco, el sumo pontífice le trató el tema de la sentencia 168-13, y le pidió que trataran de solucionar el problema que afectaba a los miles de haitianos.

Objetivo de proyecto

El proyecto busca establecer un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional en el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en los libros del Registro Civil Dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes esos fines al momento de la inscripción.

Establece el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.

El presidente Danilo Medina expuso que el proyecto fue fruto de un amplio proceso de consultas y búsqueda de consensos con los diversos sectores de la sociedad, y se inspiró en principios fundamentales sobre los que se erige el Estado, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna.

Enfatizó en la carta de motivación el presidente Medina que la iniciativa se sustenta en el ejercicio soberano de los órganos democráticos de nuestro Estado, en el interés nacional y en completa observancia de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del ordenamiento jurídico dominicano.

Dice que el texto final logrado ofrece una respuesta equilibrada y responsable a dos necesidades fundamentales, como por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el más estricto cumplimiento de la legalidad de la República, y por otro, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente aquellos que han nacido y se han criado en el país.

“La realidad que enfrentamos en la República Dominicana, desde hace décadas, arrastra carencias en materia de registro, documentación e identificación, tanto de nacionales como de extranjeros.

“Nuestro Gobierno está empeñado en revertir este estado de cosas, mediante acciones concretas, entre las que citó el reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y la Junta Central Electoral, el Proyecto Inversión en la Protección Social, que desarrolla el gabinete social del Gobierno en colaboración con la JCE y con el apoyo del Banco Mundial, y otras iniciativas para el debido registro de la población que ya están en marcha”, enfatizó el mandatario.

Subrayó que regularizar los documentos de personas que han nacido en país, que no cuentan con documentos, es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de las personas y sus descendientes, y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.

Señala que la población que, pudiendo acreditar su nacimiento, no se encuentre registrada aún en dicho libro, tendrá un plazo de 90 días para realizar la solicitud al Ministerio de Interior y Policía, y a partir de la inscripción en el libro de extranjería, y la persona tendrá un plazo de 60 días para acogerse a lo establecido en el Decreto 327-13, que instituye el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

EL NACIONAL.