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Si el Poder Ejecutivo lo requiere senadores dispuestos a declarar estado de emergencia.
Santo Domingo, R.D.-El estado de emergencia nacional podría ser declarado en el pais si el Poder Ejecutivo así lo solicita, según la disposición de un grupo de senadores para salir en ayuda de las provincias afectadas con la tormenta tropical Melissa.
El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, aclaró que, hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha informado si tiene la intención de depositar la solicitud para aprobar este tipo de estado de excepción.
El senador Eduard Espiritusanto, representante del bloque opositor de la Fuerza del Pueblo (FP) dijo que estaría de acuerdo si se determina requerido para respaldar a las provincias afectadas por las lluvias.
La senadora María Ortíz aseguró que el presidente Luis Abinader cuenta con su respaldo, en caso de requerir el estado de emergencia en el país.
«Saben que cuentan con el apoyo del Congreso Nacional y que estaremos aquí pendientes para cualquier situación. De manera muy específica, el Senado de la República ha sido un Senado solidario y comprometido», dijo la legisladora oficialista de la provincia Hermanas Mirabal.
Sin embargo, el senador de la FP, Omar Fernández, advirtió que «observaría» si el Gobierno tiene el objetivo de solicitar más para ejecutarlos «de una manera no fiscalizable».
«De ahí a que a través de un estado de emergencia se busquen recursos para utilizarlos de una manera no fiscalizable, eso sí tendría nuestra observación…», dijo el congresista del Distrito Nacional.
El estado de emergencia más reciente autorizado por el Poder Legislativo ocurrió en 2020, durante el último mandato presidencial de Danilo Medina. Este fue motivado por la pandemia del covid-19 y finalizó en octubre de 2021.
Las acciones implementadas por el tren gubernamental deberán ser comunicadas al Poder Legislativo.
«Se consideran estados de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resulten insuficientes las facultades ordinarias», establece el artículo 262 de la Carta Magna .
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.