Santo Domingo, RD.-La fortuna del José Manuel Vicente (Jochi), quien tiene una alta cantidad de dinero en paraisos fiscales. fue el tema mas candente entre los senadoresYván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Alexis Victoria Yeb, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes se dijeron hasta barriga verde en la sesión de trabajo de este jueves.
En la acalorada discusión entre ambos legisladores se incorporó la también senadora, Ginette Bournigal y otros legisladores, quienes intentaron calmar las aguas.
La discusión se inició cuando Yván Lorenzo, en su turno de ponencia, pidió que se aprobara incluir en agenda una iniciativa para invitar al hemiciclo al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi), bajo el argumento de que explicara por qué contrató un servicio de comida digital, así como el origen de su fortuna la cual denunció está en paraísos fiscales.
Lorenzo cuestionó el dinero que tiene invertido Vicente en San Cristóbal y Nieves y pidió invitarlo para que explicara sobre ello y su manejo en el Ministerio de Hacienda.
Este “ataque” fue mal visto por el senador Victoria Yeb, quien dijo sentir vergüenza de compartir hemiciclo con Lorenzo y arremetió contra él, su partido político y el expresidente Danilo Medina.
“A ti te falta que te digan dos o tres verdades, mano. Yo quiero que usted respete porque los tiempos de chantaje de tu gobierno pasaron, los tiempos de chantaje pasaron, el primer chantajista es tu líder que anda como un gatito muerto y el otro está preso por chantaje”, arremetió Victoria Yeb.
Pero además, el senador del PRM exhortó a su colega del PLD a que él formalmente acuse ante el Ministerio Público al ministro de Hacienda si él tiene las pruebas.
“Tú tienes toda la voluntad y conocimiento del Ministerio Público porque tú eras procurador adjunto. Acúsalo, chantajeando, co#$% a un ser humano con todo el valor del mundo que tiene 10 millones, pero él lo declaró. Me avergüenza a veces, hermano, estar aquí con usted, tú lo que viene a ver le tiene envidia de que él tiene millones de dólares, respeta al ser humano”, criticó.
La réplica de Lorenzo no tardo en llegar y fue directo al historial de Victoria Yeb.
“Tenemos el mundo en la mano y usted entra en Google y pone el nombre del senador Victoria Yeb y le va a decir quién es él… Yo nunca he sido objeto de ningún tipo de investigación ni por lavado ni por malversación de fondos. Nunca le he venido ni le he comprado al Estado Dominicano, mucho menos siendo servidor público”, contra argumentó Lorenzo.
Acto siguiente, el vocero del PLD calificó de “moralista de pacotilla” a los senadores oficialista, al considerar que no tienen la voluntad ni el valor de invitar a un ministro para que vengan a explicar lo que platea su resolución.
“Esos moralistas de pacotilla que votaron en contra de que un funcionario venga a hablar aquí tienen que prepararse, van a escuchar y van a habar muchas cosas de esos moralistas de pacotilla que vivían acabando con los funcionarios del gobierno pasado”, manifestó.
Tras esta crítica, tomó la palabra la senadora de Puerto Plata, Ginnette Bournigal, quien demandó a Lorenzo a retirar sus palabras de “moralistas de pacotilla” y lo calificó de alguien que tiene una “obsesión fatal” con el ministro de Hacienda.
“Aquí no caben moralistas de pacotilla. Anímese a demandar fuera. Usted tiene una obsesión fatal con el ministro de Hacienda. Si usted tiene algo con algún funcionario vaya afuera a someterlo. Aquí no hay moralista de pacotilla, retire eso”, demandó Bournigal.
Pero no quedó ahí, ya que la legisladora también le dijo al vocero del PLD que “no se esconda en su curul” y que “deje las risitas”.
Tras estas ponencias, aparecieron los senadores Ricardo de los Santos y Santiago Zorrilla a pedir calma y no llevar los debates a algo personal, sino a cuestiones propias de la actividad legislativa.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.