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Suspenden contrato con Senasa de Clínica Cruz Jiminián para atender afiliados del régimen subsidiado
Santo Domingo, R.D.-Durante una supervisión realizada por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) se informo que clínicas y farmacias se identificaron una serie de hallazgos que entorpecen la atención eficiente y oportuna a los afiliados, según Elías Báez, director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
Entre los principales hallazgos se encuentra la cancelación del contrato que mantenía la Clínica Cruz Jiminián con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para ofrecer servicios a los pacientes del régimen subsidiado.
“Lo veo mal porque por ahí acuden personas de escasos recursos, y los subsidiados podían recibir atención en esa clínica. También hay quejas sobre SeNaSa, porque están tardando mucho para autorizar servicios y exigen preaprobación en las farmacias”, señaló el funcionario.
Otro de los hallazgos es que algunas farmacias no están entregando la copia de la receta cuando solo disponen de uno de los medicamentos prescritos, lo que viola la resolución emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y afecta directamente a los afiliados.
El director de la DIDA hizo un llamado a la SISALRIL para que vele por el cumplimiento de las normas y “apriete” las medidas de control, al tiempo que aseguró que continuarán las supervisiones para garantizar los derechos de los afiliados.
Asimismo, Báez indicó que también se detectaron dificultades en los laboratorios y con algunas ARS respecto a las aprobaciones de servicios, ya que en algunos casos exigen preaprobación y los procesos de confirmación resultan lentos. “A veces el laboratorio tiene que llamar para que aprueben, pero duran mucho para responder o no se comunican. Lo mismo ocurre en las farmacias, donde hay ARS que tardan demasiado en contestar”, explicó.
Finalmente, Báez recordó que, según lo establecido en la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, la DIDA tiene la responsabilidad de monitorear el sistema y verificar la calidad del servicio ofrecido a los afiliados. En esta ocasión, las supervisiones se realizaron con el propósito de garantizar la protección de sus derechos, especialmente tras los efectos de las recientes condiciones atmosféricas que afectaron al país.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.