Santo Domingo, R.D.-Durante una supervisión realizada por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) se informo que clínicas y farmacias se identificaron una serie de hallazgos que entorpecen la atención eficiente y oportuna a los afiliados, según Elías Báez, director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA).
Entre los principales hallazgos se encuentra la cancelación del contrato que mantenía la Clínica Cruz Jiminián con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para ofrecer servicios a los pacientes del régimen subsidiado.
“Lo veo mal porque por ahí acuden personas de escasos recursos, y los subsidiados podían recibir atención en esa clínica. También hay quejas sobre SeNaSa, porque están tardando mucho para autorizar servicios y exigen preaprobación en las farmacias”, señaló el funcionario.
Otro de los hallazgos es que algunas farmacias no están entregando la copia de la receta cuando solo disponen de uno de los medicamentos prescritos, lo que viola la resolución emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y afecta directamente a los afiliados.
Báez explicó que dicha resolución establece que si un afiliado solo puede adquirir uno de los tres medicamentos indicados por el médico, la farmacia debe sellar y entregar una copia de la receta para que el paciente pueda comprar los demás en otro establecimiento. “No lo están haciendo. Hay un formulario que deben llenar para esos fines y tampoco lo están completando. Además, hay Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que, aunque se entregue la copia, no la aceptan”, agregó.
El director de la DIDA hizo un llamado a la SISALRIL para que vele por el cumplimiento de las normas y “apriete” las medidas de control, al tiempo que aseguró que continuarán las supervisiones para garantizar los derechos de los afiliados.
Asimismo, Báez indicó que también se detectaron dificultades en los laboratorios y con algunas ARS respecto a las aprobaciones de servicios, ya que en algunos casos exigen preaprobación y los procesos de confirmación resultan lentos. “A veces el laboratorio tiene que llamar para que aprueben, pero duran mucho para responder o no se comunican. Lo mismo ocurre en las farmacias, donde hay ARS que tardan demasiado en contestar”, explicó.
Finalmente, Báez recordó que, según lo establecido en la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, la DIDA tiene la responsabilidad de monitorear el sistema y verificar la calidad del servicio ofrecido a los afiliados. En esta ocasión, las supervisiones se realizaron con el propósito de garantizar la protección de sus derechos, especialmente tras los efectos de las recientes condiciones atmosféricas que afectaron al país.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
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Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchezrespondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
«Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
«Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Por el hecho fueron arrestados Jason Stward Javier Cabral (a) “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio (a) “Maiky”, de 43, quienes se encuentran bajo custodia en la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), tras ser capturados en flagrante delito.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Según el informe preliminar, los agentes investigadores fueron alertados sobre la presencia de una persona muerta en el interior de una cisterna. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
En la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.