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Servio Tulio Castaños pide que el MP investigue hallazgos adjudicación de plantas

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SANTO DOMINGO. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, afirmó que hay hallazgos que deberá investigar el Ministerio Público, sobre la licitación y adjudicación de la Termoeléctrica de Punta Catalina.

El miembro de la Comisión designada por el Poder Ejecutivo para indagar el proceso que benefició a la constructora Odebrecht enfatizó en que “ahí hay cosas que al final yo creo que va a tener que investigar el Ministerio Público”.

Castaños Guzmán recordó que Odebrecht señaló que entregó sobornos del 2001 al 2014, “pero la única obra que se contrató del 2012 al 2014 fue Punta Catalina… entonces ahí hay un problema”.

Afirmó que quienes integraron la comisión de licitación de la Central Termo Eléctrica de Punta Catalina “no sabían de eso, por eso es que tú ves que contratan a Stanley Consulting”.

Señaló que esa firma contratada ejerció atribuciones que son de la competencia de la comisión de licitación.

“Yo voy a decir todo lo que yo vi independientemente de la comisión”, puntualizó al ser entrevistado en el programa El Despertador, del canal 9.

Manifestó que tiene la libertad de decir lo que encontró, porque no fue consultado para ser nombrado en esa comisión.

Castaños detalló que las entrevistas que han hecho como comisión están grabadas, por lo que no pueden ser alteradas.

Manifestó que el informe final de la comisión estará listo en menos de un mes. Insistió en que los niveles de irresponsabilidad de la firma Stanley Consulting llenan de indignación.

Dijo que le criticaron mucho el hecho de que fuera parte de esa comisión, pero aseguró que ha sido interesante formar parte de ella y haber visto lo que ha visto.

La comisión la encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, y la integran, además, el reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, el presidente del CONEP, Pedro Brache; el empresario José Luis Corripio, el sindicalista Gabriel del Río Doñé; los exvicepresidentes de la CDEEE, Celso Maranzini y César Sánchez, Jaime Aristy Escuder, y Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

diariolibre.com

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¿Cuánto costará la nueva cédula para cada dominicano?

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Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.

La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.

Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita, 

El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.

Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.

La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.

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Urgen formalizar trabajadoras domésticas tras denuncias contra Julio Iglesias

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Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.

Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.

Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.

Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.

«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.

«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.

Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.

En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.

¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?

Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.

  • Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.

Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.

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Legislando contra el reloj: los costos ocultos de la perención legislativa

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Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.

Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.

Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.

Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.

Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.

Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.

El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.

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