Análisis Noticiosos
Sin efectos los sobornos 2012-15 y el financiamiento de campañas
Por Juan Bolívar Díaz
Aunque evadiendo explicar los sobornos de Odebrecht en el período 2012-15 y los testimonios sobre financiamiento de campañas electorales, el gobierno de Medina intenta matar tres pájaros de un tiro: la Marcha Verde, el leonelismo y, el PRM
La Procuraduría General de la República (PGR) ha sido selectiva en dar crédito a los expedientes de la justicia brasileña sobre los sobornos de Odebrecht en el país en el período 2002-12, para dictar 14 órdenes de prisión, pero ignora los del 2012-15, aunque en este se realizaron las dos terceras partes de las transferencias en dólares.
Se trataría de una gran manipulación política para matar tres pájaros de un solo tiro, lo primero sería contener la ola de indignación nacional manifiesta en la Marcha Verde, y las presiones internacionales, liquidar la competencia interna del leonelismo, y desacreditar y dejar a la defensiva al principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM)
Una tremenda dicotomía
Ha llamado la atención el aparataje con que el gobierno procedió al encarcelamiento de diez de los 14 imputados por la recepción de los sobornos confesados por la Odebrecht para obtener contratos de obras en la República Dominicana por 92 millones de dólares y la radicalidad de mantenerlos en prisión en su mayoría sin pruebas sostenibles, y casi todos por contrataciones en los períodos gubernamentales de Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
Para imputar a seis exfuncionarios y legisladores del período de Mejía (2000-04) y a otros tantos del doble de Fernández (2004-12), la PGR se fundamentó en interrogatorios a ejecutivos de la constructora realizados por la justicia de Brasil, aunque en la generalidad de los casos sólo hay referencias y presunciones de que recibieron sobornos a través del representante de Odebrecht Angel Rondón. En ningún caso se indica suma específica.
La PGR sostiene que hubo sobornos en la contratación de 17 obras, identificadas con sus respectivos montos, desde la primera, el Acueducto de la Línea Noroeste por 161.7 millones de dólares, hasta la última, las plantas de carbón de Punta Catalina, por 2010. 7 millones de dólares, la mayor inversión del gobierno del presidente Danilo Medina.
Tras el impacto generado por la inclusión de las plantas de carbón de Medina, la PGR emitió un comunicado indicando que en esta obra los sobornos no se produjeron en su licitación y contratación, sino en la aprobación de su financiamiento por el Congreso Nacional, apelando al testimonio atribuido a “un empleado de Odebrecht”, según el cual un senador y un diputado habrían recibido las coimas, pero ahorrándose identificarlos.
2/3 en período de Danilo
Una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que desde que comenzaron a ser señalados los presuntos sobornados, es la ausencia de los funcionarios y dirigentes del Congreso involucrados en las obras realizadas en el período de gobierno del actual jefe del Ministerio Público, lo que se agravó al conocerse el texto de la misma instancia de la PGR.
El documento da cuenta de 101 transferencias de 5 empresas offshore de Odebrecht, a 2 empresas, todas identificadas, de Angel Rondón, imputado como el sobornador, por un monto de 81 millones 279 mil dólares, entre el 2007 y 2015, de los cuales 53 millones 859 mil, las dos terceras partes, ingresaron entre el 16 de agosto del 2012 y el 13 de enero de, 2015, es decir en los primeros 29 meses del gobierno de Medina y los otros 27.4 millones de dólares fueron transferidos en los 8 años seguidos de gobierno de Leonel Fernández, a un promedio de 285 mil dólares mensuales, mientras en el meses de Medina el promedio alcanzó a 1 millón 859 mil dólares, es decir 6.5 veces mayor.
Visto por años, la bolsa de sobornos creció enorme y ascendentemente en el período 2011-14. En 2011 fue de 10.2 millones de dólares, 11.4 en el 12, para elevarse a 15.8 en el 13, y duplicarse a 31.8 millones de dólares en el 2014. La última transferencia fue de 1.1 millón, en enero del 2015, cuando ya la caían presos en Brasil los jefes de Odebrecht.
Catalina o el lodazal
Si las millonarias transferencias a Rondón, es la base que sustenta las acusaciones de sobornos en el país, resulta difícil entender que salgan limpias las obras y los ejecutivos del actual gobierno que. según la PGR, totalizan 2 mil 297.3 millones de dólares, el 38.5% de la inversión en los 17 contratos. Sobre todo cuando uno solo de ellos, el de las plantas de Punta Catalina, está valorado en 2040 millones de dólares. En el período hay otros dos contratos para obras viales por 287 millones de dólares. Hay curiosidad por saber el destino de los 31.8 millones de dólares transferidos por Odebrech en el 2014 de las Catalina.
Después de conocida su instancia, donde consta que en todos los contratos hubo sobornos, la PGR precisó en un comunicado que en Catalina no se hizo en la licitación y ejecución -sujetas a la investigación de una comisión ahora herida por la imputación de uno de sus miembros-, sino en la aprobación congresual del financiamiento, basándose en que “un empleado de Odebrecht” atribuyó soborno a un senador y un diputado. Como el financiamiento entró por el Senado, como casi todos los proyectos de Odebrecht, habría que concluir que uno solo de los 32 senadores, entonces 30 del partido gobernante y dos aliados, logró convencerlos a todos, y lo mismo habría hecho el diputado, pero éste fue un mago mayor, porque hubo de convencer a más de un centenar de diputados.
Es resaltante que la PGR no identificara a esos dos magos del ritmo, que serían los responsables del lodazal al que aludió el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, afirmando que él no se enlodó, aunque ha conducido la inmensa mayoría de las aprobaciones senatoriales de las contrataciones de Odebrecht, “bajando línea” a sus copartidarios. Si todo es cierto, habría que convenir en que el gobierno y los líderes del PLD viven no sobre un lodazal, sino sobre un inmenso pantano, porque con 30 de 32 senadores no podían aprobar su más importante obra sin los sobornos extranjeros.
Contraste con el PRM
Tampoco se enlodaron otros que, como Cristina Lizardo y Abel Martínez, . presidieron aprobaciones en ambas cámaras legislativas, casi siempre declaradas de urgencia, sin estudios de comisión y sin dar tiempo a que los legisladores leyeran legajos de hasta 2 mil páginas como el de Catalina, puesto que ninguno de ellos están imputados.
Los del antiguo PRD, del período de Hipólito Mejía, 2000-04 no tuvieron igual suerte, ya que el entonces presidente del senado, Andrés Bautista, resultó imputado hasta por contratos que se aprobaron después que salió del cargo, entre las múltiples incoherencias y dislates de la instancia de la PGR, como la de mostrar enriquecimiento ilícito del imputado Roberto Rodríguez, por dos depósitos bancarios de 500 mil pesos, presentados como de 50 millones de pesos cada uno, lo que no fue un error mecanográfico, como se ha dicho luego, ya que se argumentó y hasta se consignó una fecha falsa.
También fue imputado el presidente de la Cámara de Diputados de ese período, Alfredo Pacheco, que como Bautista es ahora dirigente del principal partido de oposición el PRM. Es significativo que en ese cuatrienio, donde se aprobaron sólo dos proyectos de Odebrecht por el 5 por ciento del total de las contrataciones y sólo ejecutaron el primero, encontraron 6 funcionarios y legisladores sobornados, la misma cantidad que en los períodos del PLD que contrataron el 95 por ciento. Y aunque las transferencias de Odebretch sacadas por la PGR de las confesiones en Brasil comenzaron en el 2007.
Danilo a la ofensiva
Es obvio que con las imputaciones y las coerciones dispuestas por el juez de instrucción Francisco Ortega, no ha ganado sólo la PGR, sino especialmente el gobierno a quien se debe administrativa y políticamente el procurador Jean Alain Rodríguez. El presidente Danilo Medina pasó a la ofensiva, tras casi seis meses a la defensiva.
Todo el aparataje de los apresamientos, la repartición de culpas con imputaciones pobremente fundamentadas, como desnudaron los abogados defensores, sacrificando hasta al ministro Temístocles Montás, uno de los mayores arquitectos del PLD, tiene como objetivos contener la Marcha Verde, distraer las crecientes presiones internacionales por la evasión, atribuir las responsabilidades a la oposición interna del leonelismo, y a la externa del PRM, como advirtió el exsubsecretario de Estado de EU Roger Noriega en el Miami Herald, para tratar de revocar el deterioro de la legitimidad y popularidad y abrir espacio al continuismo. De paso quedan fuera de balance dos de los precandidatos del PLD en el 2012, Montás y Radhamés Segura.
Ls crónicas cuentan que el presidente Medina siguió por televisión el espectáculo de los apresamientos y que en los días de las audiencias judiciales las ctividades del Palacio Nacional lucían detenidas. Mientras tanto, para nada se exige que la ODEBRECHT entregue la cacareada lista de sobornados que justificó el acuerdo que libera de cargos a sus ejecutivos y le permite seguir construyendo en el país, por encima de la ley, lo que constituye otro fraude y un pacto de mutuas consideraciones. Entre enero y mayo la Constructora recibió más de 12 mil millones de pesos por las obras que ejecuta. Aunque se admitió que las plantas de Catalina siguen con problemas del financiamiento internacional.
Por demás el espectáculo desvía la atención de otros tres aspectos fundamentales del escándalo Odebrecht, sobre los cuales hay abundantes y válidos testimonio, como las sobrevaluaciones de las obras, el financiamiento de campañas electorales y el uso del país como plataforma final del más grande entramado de corrupción internacional.-
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TRANSFERENCIAS DE 5 EMPRESAS DE ODEBRECHT A 2 DE ANGEL RONDÓN
(EN DOLARES, 2007-2015)
Año———–monto———porcentaje
2007 —– $1,213,900 —— 1.49%
2008—– $ 3,467,400——-4.26%
2009——$4,431,900——- 5.46%
2010——$1,653,300——- 2.03%
2011—- $10,222,500——12.58%
2012—- $11,460,900——14.10%
2013—- $15,845,400——19.50%
2014—-$ 31,839,400——39.17%
2015—-$ 1,145,100—— 1.41%
TOTAL$81,279,800—– 100.00%
Elaborado con informaciones de La Instancia de la Procuraduría General
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.