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Otro préstamo aprueba el Senado de la República.
Santo Domingo, R.D-El Senado de la Republica aprobó este miércoles otro préstamo sometidos por el Poder Ejecutivo, el cual alcanza a la suma de 125 millones de dólares, cuya aprobación se produjo en en menos de 10 minutos.
Todos los empréstitos tuvieron el favor de los 24 senadores presentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), mientras que solo dos -Omar Fernández y Félix Bautista, de la Fuerza del Pueblo (FP)- mostraron rechazo.
Uno fue de 60 millones de dólares entre el Estado dominicano y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), el cual será usado con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa del sector eléctrico a través de la reducción de las pérdidas y la mejora del suministro de las distribuidoras.
Específicamente, el dinero será ejecutado por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y la Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte).
40 millones de dólares para la reforma del reforma del Estado
De igual manera, se aprobó el préstamo de 40 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del Plan Reforma y Modernización del Estado.
El presupuesto será ejecutado por el Ministerio de Administración Pública (MAP) para mejorar la eficiencia, accesibilidad y capacidad de respuesta de los servicios administrativos para los ciudadanos y las empresas.
Según el documento de motivación, también pretende modernizar las operaciones básicas del Estado y asegurar la transparencia y coordinación entre las entidades públicas, con el fin de ofrecer servicios administrativos modernos y eficientes.
Los senadores probaron el préstamo de 25 millones de dólares con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para ser usados en Programa de Financiación de Inversiones Sostenibles en el Sector Agrícola, que será usado por el Ministerio de Agricultura.
El objetivo es impulsar la expansión de la producción y la exportación de la agricultura dominicana en general, en condiciones de competitividad y sostenibilidad: implementando políticas de apoyo y financiamiento al pequeño y mediano productor en la República Dominicana a través sus facilidades financieras», señala la solicitud.
Bajar intereses
De igual manera, el Pleno aprobó la modificación a varios préstamos entre el Estado y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mediante los cuales se hace una enmienda a varios contratos, a fin de hacer pagos anticipados a fin de bajar los intereses.
Entre los préstamos en este acuerdo están: uno de 130 millones de dólares suscrito en 2019 para la termoeléctrica de Palomino; uno del 2011 de 70 millones de dólares para la Autovía del Coral; otro del 2013 por 80 millones de dólares por los tramos carreteros del Corredor Vial del Este.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.