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Pactan acuerdo Sociedad de Diarios y Gobierno para modificar la ley DNI
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, explica las modificaciones que se le harán a la ley DNI.
Santo Domingo, R.D.-La comisión conformada por distintos sectores del periodismo, la sociedad civil, empresarios, gobierno y juristas llegaron a un acuerdo para reformar la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido interpretada como que viola la libertad de expresión.
En una plenaria realizada en la sede del periódico Listín Diario, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, expresó que se ha logrado construir una versión que permita corregir las ambigüedades de la normativa.
«Esta tarde hemos estado reunidos aquí después de una jornada larga de trabajo con la comisión de abogados, para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someterle al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley que crea la DNI», fueron las palabras introductorias de Maldonado.
Las modificaciones a la ley vigente serán sobre los artículos 1, 2, 9, 11 y 26.
La pieza, que entró en vigencia en enero pasado, ha sido cuestionada por alegadamente violar los artículos 44, 49, y 69 de la carta magna, que consagra derechos a la intimidad y el honor, la libertad de expresión e información, entre otros puntos.
El presidente de la SDD indicó que los ajustes realizados van a satisfacer las inquietudes que se despertaron en cada uno de los sectores representado en la comisión, por lo que estas reformas buscan construir una versión de la pieza mucho más cercana a la Constitución de la República.
Poder Ejecutivo
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo está cumpliendo con su palabra de acogerse a la sugerencias de esta comisión para buscar una salida constitucional a la ley que crea la DNI.
En la reunión, la comisión de unos cuatro abogados rindió su informe con los ajustes de lugar en aquellas disposiciones que se insinuaban que la actuación de la Dirección Nacional de Inteligencia debería estar precedida de una autorización judicial.
Representantes de los diferentes sectores que discutieron las modificaciones a la ley DNI
Los comisionados dejaron abierto el seguimiento a esta ley, una vez sea depositada en el Congreso Nacional, para que no se produzcan cambios que puedan violentar la Constitución de la República.
Presentes en la plenaria
El encuentro lo encabezó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, con la presencia de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Aníbal de Castro, vicepresidente de la SDD; Luis Soto, director de la DNI; Manuel Tapia López, tesorero y asesor legal del ente periodístico.
Asimismo, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.