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Pactan acuerdo Sociedad de Diarios y Gobierno para modificar la ley DNI
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, explica las modificaciones que se le harán a la ley DNI.
Santo Domingo, R.D.-La comisión conformada por distintos sectores del periodismo, la sociedad civil, empresarios, gobierno y juristas llegaron a un acuerdo para reformar la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual ha sido interpretada como que viola la libertad de expresión.
En una plenaria realizada en la sede del periódico Listín Diario, en el sector Miraflores del Distrito Nacional, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, expresó que se ha logrado construir una versión que permita corregir las ambigüedades de la normativa.
«Esta tarde hemos estado reunidos aquí después de una jornada larga de trabajo con la comisión de abogados, para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someterle al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley que crea la DNI», fueron las palabras introductorias de Maldonado.
Las modificaciones a la ley vigente serán sobre los artículos 1, 2, 9, 11 y 26.
La pieza, que entró en vigencia en enero pasado, ha sido cuestionada por alegadamente violar los artículos 44, 49, y 69 de la carta magna, que consagra derechos a la intimidad y el honor, la libertad de expresión e información, entre otros puntos.
El presidente de la SDD indicó que los ajustes realizados van a satisfacer las inquietudes que se despertaron en cada uno de los sectores representado en la comisión, por lo que estas reformas buscan construir una versión de la pieza mucho más cercana a la Constitución de la República.
Poder Ejecutivo
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo está cumpliendo con su palabra de acogerse a la sugerencias de esta comisión para buscar una salida constitucional a la ley que crea la DNI.
En la reunión, la comisión de unos cuatro abogados rindió su informe con los ajustes de lugar en aquellas disposiciones que se insinuaban que la actuación de la Dirección Nacional de Inteligencia debería estar precedida de una autorización judicial.
Representantes de los diferentes sectores que discutieron las modificaciones a la ley DNI
Los comisionados dejaron abierto el seguimiento a esta ley, una vez sea depositada en el Congreso Nacional, para que no se produzcan cambios que puedan violentar la Constitución de la República.
Presentes en la plenaria
El encuentro lo encabezó el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, con la presencia de Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Aníbal de Castro, vicepresidente de la SDD; Luis Soto, director de la DNI; Manuel Tapia López, tesorero y asesor legal del ente periodístico.
Asimismo, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo; Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y César Dargam, vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), entre otros.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.