Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.Nacionales
Siete agentes violentos de la Digesett con orden de arresto.
Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.La instancia, firmada por Santa Matilde Reyes Valenzuela, procuradora Fiscal del Distrito Nacional, implica también a Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, todos de la Policía.
Establece que existen suficientes elementos de pruebas para sostener, razonablemente, que los imputados son autores o cómplices de violar los artículos, 60, 224, 309 del Código Penal Dominicano, los artículos 3 y 4 y 27 de la Ley 19-01, los artículos 4, 5, 10 y 11 de la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología, y el artículo 190 de la Constitución dominicana.
Ante esto, la fiscal plantea: “Por tales razones solicitamos orden judicial de arresto en contra de los nombrados Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, P.N, Javier Javier Natanael, P.N., Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario, PN, Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez P.N.”
Todos los implicados son miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el pasado 11 de abril agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una periodista de Listín Diario y su fotógrafo, así como a un camarógrafo de la estación de televisión CDN en el Canódromo, cuando el Defensor del Pueblo acudió a visitar el centro, junto a representantes de los medios de comunicación, motivado ante los reportajes publicados por LISTIN DIARIO, a través de los que deploró las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios.
Violencia de agentes
Tras el hecho, personal de la Digesett arrebató el celular de la periodista de LISTIN DIARIO, Lourdes Aponte, y borró los archivos de videos y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, ya reiniciados, o en cero.
Historia de los hechos
El día 11 de abril de este año, Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, en compañía de Harold Alfredo Modesto Sánchez, secretario general; Richard Alberto Peña Sánchez, camarógrafo; Rosario María Maríñez Medina, periodista de la institución, se presentaron al Canódromo a realizar una inspección para contactar la realidad existente allí.
Para efectuar esa gestion, invitaron a la periodista Lourdes Sheryl Aponte y al fotógrafo Raúl Emilio Asencio, de este diario, y a Manuel Adrián Olivo, camarógrafo de CDN.
Al llegar fueron recibidos a golpes y empujones por los imputados, causandoles laceraciones y daños a los equipos de trabajo.
La coronel Ysabelita de los Santos Pérez les impidió entrar al canódromo El Coco al Defensor del Pueblo, generándose allí agresiones físicas y verbales contra éste y parte del personal que le compañaba.
“En ese momento, el imputado Braulio Pérez P.N., le arrebató la cámara de grabación, propiedad de CDN, al periodista Víctor Manuel Adrián Olivo, un reloj inteligente, las cuales eran utilizada para sus labores, y el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, el cual es un exmilitar, lo agredió físicamente”, explica el expediente.
Los hechos
Más detalles
“Como todos siguieron avanzando hacia las oficinas se tornaron agresivos, momentos después el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, agredió físicamente al señor Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, propinándole un trompón en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones física curables de uno a diez días, según consta en el certificado médico legal No. 43943”.
Las agresiones continuaron por parte del personal de la Digesett, y “es cuando la imputada Geraldina De Los Santos, P.N., agrede físicamente y hala por los cabellos a la víctima Lourdes Sheryl Aponte Jones, causándoles lesiones de 1 a 10 días”.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.
Santo Domingo. El Senado de la República declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deuda por obras ejecutadas desde el año 1996, iniciativa presentada por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció la realidad de muchos contratistas, recordando que muchas de las obras ejecutadas en su provincia hace años no han recibido el reconocimiento económico por parte del Estado.
Al motivar la aprobación de dicha legislación, el senador Franklin Romero aclaró que la misma honra la memoria de muchos contratistas —algunos presentes durante la sesión y otros ya fallecidos— que construyeron y entregaron obras al Estado poniendo en riesgo su futuro económico, y cuyos trabajos no han sido reconocidos.
“Esta solicitud responde a una realidad humana de contratistas que hace años ejecutaron obras sin recibir una respuesta del Estado, habiendo cumplido con su trabajo. Es un proyecto que le devuelve la dignidad a quienes han cargado con el costo de una irregularidad; busca que se pueda verificar lo que ha pasado durante más de 30 años con obras que fueron ejecutadas y no han sido pagadas”, destacó el legislador.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas del Senado, Félix Bautista, presentó al pleno un informe detallado sobre el proyecto y solicitó que la iniciativa fuera acogida de urgencia en los trabajos legislativos de este sábado. La normativa se conoció en sesión extraordinaria con la asistencia de 25 senadores.
La iniciativa tiene por objeto autorizar a las entidades de la administración pública, de manera excepcional y restrictiva, a eximir el cumplimiento de los procesos de selección establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Esto permitirá reconocer trabajos realizados sin suscripción de contratos o adendas, y constituir los balances adeudados como deuda pública interna contraída por el Estado dominicano.
El reconocimiento involucra obras del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Educación (MINERD), el Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Asimismo, se incluyen el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).
En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED). Los pagos se realizarán tras las validaciones dispuestas en la ley.
OTROS TEMAS APROBADOS
El Pleno aprobó una resolución que reconoce al baloncestista Karl-Anthony Towns por su destacada trayectoria en la NBA y sus aportes al baloncesto dominicano, iniciativa de los senadores Eduard Espiritusanto y Omar Fernández.
Además, se sancionó en única lectura el proyecto que declara el 25 de octubre como Día del Cooperativismo en la República Dominicana, presentado por el senador Julito Fulcar.
Durante la sesión extraordinaria de este sábado, se ratificó a Ysset Caridad Román Maldonado como embajadora concurrente en el Reino Hachemita de Jordania (con sede en Egipto).
Primera Lectura
El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley sobre los Actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2020.
Previo al inicio de la sesión los senadores rindieron un minuto por el fallecimiento del viceministro Demetrio Antonio Paulino.
Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, asumió directamente la investigación sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario, de tres años, un caso que ha generado profunda conmoción a nivel nacional.
La información fue confirmada por la senadora Ginette Bournigal, quien explicó que la decisión busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos, técnicos y forenses del Estado para esclarecer los hechos.
Mientras avanzan las indagatorias, el abuelo paterno de la menor, Braulio González, confirmó la noche de este viernes que los dos tíos de la niña, quienes figuraban como sospechosos en el proceso, fueron puestos en libertad por las autoridades.
González relató que durante este sábado acudió a la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, donde fue informado de manera oficial de que Rafael Rosario Núñez (52 años) y Reyes Núñez Rosario (43 años) habían sido liberados la noche del jueves.
Al solicitar detalles, indicó que representantes del Ministerio Público le comunicaron que el caso continúa bajo investigación reservada y que las labores de búsqueda y análisis siguen en curso.
Visiblemente afectado, el abuelo de la menor expresó entre lágrimas su angustia ante la falta de respuestas por parte de las autoridades.
- «Yo solo quiero que las autoridades me den un voto de fe. Si esas personas son culpables, que paguen. Yo no duermo, estoy viviendo una pesadilla. Todavía albergo la esperanza de que mi niña esté con vida, pero si no es así, por lo menos quiero que aparezca su cuerpecito para poder enterrarla y tener un poco de paz», manifestó González.
Medida de coerción pendiente
Fuentes ligadas a la investigación informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción, ya que se encuentra en proceso de validación de las evidencias recopiladas.
Las autoridades aseguran que la demora responde a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien sustentado.
Antecedentes del caso
La niña Brianna Genao Rosario fue reportada como desaparecida la tarde del 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 p. m., cuando se encontraba en el patio de la vivienda de su bisabuela paterna, en la comunidad rural de Barreros, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.
Desde el 1 de enero de 2026, las autoridades mantienen un amplio operativo de búsqueda en la zona montañosa y áreas aledañas, con la participación de organismos de seguridad y rescate, sin resultados positivos hasta el momento.
Por el hecho fueron detenidos e investigados los tíos de la menor, Rafael Rosario Núñez y Reyes Núñez Rosario, quienes posteriormente fueron liberados mientras continúan las investigaciones. De acuerdo con reportes preliminares, ambos habrían ofrecido declaraciones contradictorias sobre el paradero de la niña.
Organismos de socorro como la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y unidades especializadas de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) han realizado operativos en zonas boscosas, cañadas y vertederos de Imbert y comunidades cercanas, sin lograr dar con el paradero de la infante.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y a los familiares de la menor, quienes claman por respuestas y por el esclarecimiento de este doloroso hecho.