Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.Nacionales
Siete agentes violentos de la Digesett con orden de arresto.
Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.La instancia, firmada por Santa Matilde Reyes Valenzuela, procuradora Fiscal del Distrito Nacional, implica también a Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, todos de la Policía.
Establece que existen suficientes elementos de pruebas para sostener, razonablemente, que los imputados son autores o cómplices de violar los artículos, 60, 224, 309 del Código Penal Dominicano, los artículos 3 y 4 y 27 de la Ley 19-01, los artículos 4, 5, 10 y 11 de la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología, y el artículo 190 de la Constitución dominicana.
Ante esto, la fiscal plantea: “Por tales razones solicitamos orden judicial de arresto en contra de los nombrados Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, P.N, Javier Javier Natanael, P.N., Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario, PN, Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez P.N.”
Todos los implicados son miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el pasado 11 de abril agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una periodista de Listín Diario y su fotógrafo, así como a un camarógrafo de la estación de televisión CDN en el Canódromo, cuando el Defensor del Pueblo acudió a visitar el centro, junto a representantes de los medios de comunicación, motivado ante los reportajes publicados por LISTIN DIARIO, a través de los que deploró las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios.
Violencia de agentes
Tras el hecho, personal de la Digesett arrebató el celular de la periodista de LISTIN DIARIO, Lourdes Aponte, y borró los archivos de videos y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, ya reiniciados, o en cero.
Historia de los hechos
El día 11 de abril de este año, Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, en compañía de Harold Alfredo Modesto Sánchez, secretario general; Richard Alberto Peña Sánchez, camarógrafo; Rosario María Maríñez Medina, periodista de la institución, se presentaron al Canódromo a realizar una inspección para contactar la realidad existente allí.
Para efectuar esa gestion, invitaron a la periodista Lourdes Sheryl Aponte y al fotógrafo Raúl Emilio Asencio, de este diario, y a Manuel Adrián Olivo, camarógrafo de CDN.
Al llegar fueron recibidos a golpes y empujones por los imputados, causandoles laceraciones y daños a los equipos de trabajo.
La coronel Ysabelita de los Santos Pérez les impidió entrar al canódromo El Coco al Defensor del Pueblo, generándose allí agresiones físicas y verbales contra éste y parte del personal que le compañaba.
“En ese momento, el imputado Braulio Pérez P.N., le arrebató la cámara de grabación, propiedad de CDN, al periodista Víctor Manuel Adrián Olivo, un reloj inteligente, las cuales eran utilizada para sus labores, y el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, el cual es un exmilitar, lo agredió físicamente”, explica el expediente.
Los hechos
Más detalles
“Como todos siguieron avanzando hacia las oficinas se tornaron agresivos, momentos después el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, agredió físicamente al señor Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, propinándole un trompón en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones física curables de uno a diez días, según consta en el certificado médico legal No. 43943”.
Las agresiones continuaron por parte del personal de la Digesett, y “es cuando la imputada Geraldina De Los Santos, P.N., agrede físicamente y hala por los cabellos a la víctima Lourdes Sheryl Aponte Jones, causándoles lesiones de 1 a 10 días”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.