Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.Nacionales
Siete agentes violentos de la Digesett con orden de arresto.
Santo Domingo, RD.-Una orden de arresto ha sido emitida por el Ministerio mediante una orden judicial de en contra de la exencargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico LISTIN DIARIO.La instancia, firmada por Santa Matilde Reyes Valenzuela, procuradora Fiscal del Distrito Nacional, implica también a Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez, todos de la Policía.
Establece que existen suficientes elementos de pruebas para sostener, razonablemente, que los imputados son autores o cómplices de violar los artículos, 60, 224, 309 del Código Penal Dominicano, los artículos 3 y 4 y 27 de la Ley 19-01, los artículos 4, 5, 10 y 11 de la Ley 153-07, sobre delitos de alta tecnología, y el artículo 190 de la Constitución dominicana.
Ante esto, la fiscal plantea: “Por tales razones solicitamos orden judicial de arresto en contra de los nombrados Ysabelita de los Santos Pérez, Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, P.N, Javier Javier Natanael, P.N., Starling Antonio Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario, PN, Carlos O. Borque Paulino Braulio Pérez P.N.”
Todos los implicados son miembros de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que el pasado 11 de abril agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, una periodista de Listín Diario y su fotógrafo, así como a un camarógrafo de la estación de televisión CDN en el Canódromo, cuando el Defensor del Pueblo acudió a visitar el centro, junto a representantes de los medios de comunicación, motivado ante los reportajes publicados por LISTIN DIARIO, a través de los que deploró las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados a sus propietarios.
Violencia de agentes
Tras el hecho, personal de la Digesett arrebató el celular de la periodista de LISTIN DIARIO, Lourdes Aponte, y borró los archivos de videos y fotografías que registraban los incidentes en el Canódromo El Coco, cuyos equipos fueron luego devueltos a este diario, ya reiniciados, o en cero.
Historia de los hechos
El día 11 de abril de este año, Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, en compañía de Harold Alfredo Modesto Sánchez, secretario general; Richard Alberto Peña Sánchez, camarógrafo; Rosario María Maríñez Medina, periodista de la institución, se presentaron al Canódromo a realizar una inspección para contactar la realidad existente allí.
Para efectuar esa gestion, invitaron a la periodista Lourdes Sheryl Aponte y al fotógrafo Raúl Emilio Asencio, de este diario, y a Manuel Adrián Olivo, camarógrafo de CDN.
Al llegar fueron recibidos a golpes y empujones por los imputados, causandoles laceraciones y daños a los equipos de trabajo.
La coronel Ysabelita de los Santos Pérez les impidió entrar al canódromo El Coco al Defensor del Pueblo, generándose allí agresiones físicas y verbales contra éste y parte del personal que le compañaba.
“En ese momento, el imputado Braulio Pérez P.N., le arrebató la cámara de grabación, propiedad de CDN, al periodista Víctor Manuel Adrián Olivo, un reloj inteligente, las cuales eran utilizada para sus labores, y el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, el cual es un exmilitar, lo agredió físicamente”, explica el expediente.
Los hechos
Más detalles
“Como todos siguieron avanzando hacia las oficinas se tornaron agresivos, momentos después el imputado Starling Antonio Ramírez Sierra, agredió físicamente al señor Pablo Enrique Ulloa Castillo, Defensor del Pueblo, propinándole un trompón en la espalda y empujándolo agresivamente, causándole lesiones física curables de uno a diez días, según consta en el certificado médico legal No. 43943”.
Las agresiones continuaron por parte del personal de la Digesett, y “es cuando la imputada Geraldina De Los Santos, P.N., agrede físicamente y hala por los cabellos a la víctima Lourdes Sheryl Aponte Jones, causándoles lesiones de 1 a 10 días”.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.