Nacionales
Piden juicio político contra miembros de la Cámara Cuentas
SANTO DOMINGO.- Un juicio político solicitó la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), cuya entidad depositó este miércoles una petición ciudadana en la Cámara de Diputados para que inicie investigaciones y apodere al Senado para el referido proceso en contra de varios funcionarios de la Cámara de Cuentas, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
En la solicitud de apertura de juicio político se incluye al presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez; a la vicepresidenta, Elsa María Catano; a la integrante de la Secretaría Tomasina Tolentino y a los miembros del órgano Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.
Adocco basa su solicitud en informaciones publicadas en medios de comunicación desde septiembre de 2022 sobre las diferencias de los integrantes del pleno, que motivaron su llamada a capítulo por los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, llegando a firmar un pacto de no agresión.
Según la entidad, las declaraciones de Ramírez durante una entrevista en un programa de televisión donde dijo «Soy un preso de confianza, tengo que hacer en muchos casos lo que dice el pleno, aunque esté en contra de la ley», son más que suficientes para que el Congreso «se aboque a destituir a los denunciados».
Otras acciones que Adocco considera faltas graves son «no remitir en tiempo oportuno, por parte del presidente de la Cámara, los informes preliminares» a una serie de entes auditados, para fines de réplicas o reparos.
Expone, asimismo, el «incumplimiento del Plan de Auditoría Anual, PAA 2023» en lo referente a que el presidente del órgano es el facultado por la ley para procesar las credenciales de los auditores ante las entidades a ser auditadas, sin que Ramírez cumpliera con el trámite en varios expedientes.
Otra evidencia de faltas graves, según Adocco, es «la no tramitación de informes pendientes y evidencias a entes destinatarios por parte del presidente del órgano», incluidos casos en los que el destinatario era la procuradora general, Miriam Germán Brito, o el procurador adjunto Wilson Camacho.
Para la entidad también es ejemplo de faltas graves «el no conocimiento de la investigación especial practicada al Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)» de diciembre de 2020, llegado al despacho del presidente en enero de 2023 y que no ha sido agendado habiendo transcurrido ya 113 días, aunque aparece en la propuesta de calendario del pleno de mañana, 4 de mayo.
«No es la primera vez que salen a relucir las diferencias entre los integrantes del órgano responsables de auditar el gasto público (…), lo que a nuestro juicio constituye un obstáculo a la labor de lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público», señala la nota.
Asimismo, indica que este órgano «se ha quejado de la lentitud en dar respuesta a las investigaciones solicitadas, 84 en total, culminando apenas con 12, constituyéndose en faltas graves» en el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.