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Piden juicio político contra miembros de la Cámara Cuentas
SANTO DOMINGO.- Un juicio político solicitó la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), cuya entidad depositó este miércoles una petición ciudadana en la Cámara de Diputados para que inicie investigaciones y apodere al Senado para el referido proceso en contra de varios funcionarios de la Cámara de Cuentas, por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
En la solicitud de apertura de juicio político se incluye al presidente del pleno de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez; a la vicepresidenta, Elsa María Catano; a la integrante de la Secretaría Tomasina Tolentino y a los miembros del órgano Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.
Adocco basa su solicitud en informaciones publicadas en medios de comunicación desde septiembre de 2022 sobre las diferencias de los integrantes del pleno, que motivaron su llamada a capítulo por los presidentes de las cámaras legislativas, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, llegando a firmar un pacto de no agresión.
Según la entidad, las declaraciones de Ramírez durante una entrevista en un programa de televisión donde dijo «Soy un preso de confianza, tengo que hacer en muchos casos lo que dice el pleno, aunque esté en contra de la ley», son más que suficientes para que el Congreso «se aboque a destituir a los denunciados».
Otras acciones que Adocco considera faltas graves son «no remitir en tiempo oportuno, por parte del presidente de la Cámara, los informes preliminares» a una serie de entes auditados, para fines de réplicas o reparos.
Expone, asimismo, el «incumplimiento del Plan de Auditoría Anual, PAA 2023» en lo referente a que el presidente del órgano es el facultado por la ley para procesar las credenciales de los auditores ante las entidades a ser auditadas, sin que Ramírez cumpliera con el trámite en varios expedientes.
Otra evidencia de faltas graves, según Adocco, es «la no tramitación de informes pendientes y evidencias a entes destinatarios por parte del presidente del órgano», incluidos casos en los que el destinatario era la procuradora general, Miriam Germán Brito, o el procurador adjunto Wilson Camacho.
Para la entidad también es ejemplo de faltas graves «el no conocimiento de la investigación especial practicada al Gabinete de Coordinación de la Política Social (GCPS)» de diciembre de 2020, llegado al despacho del presidente en enero de 2023 y que no ha sido agendado habiendo transcurrido ya 113 días, aunque aparece en la propuesta de calendario del pleno de mañana, 4 de mayo.
«No es la primera vez que salen a relucir las diferencias entre los integrantes del órgano responsables de auditar el gasto público (…), lo que a nuestro juicio constituye un obstáculo a la labor de lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público», señala la nota.
Asimismo, indica que este órgano «se ha quejado de la lentitud en dar respuesta a las investigaciones solicitadas, 84 en total, culminando apenas con 12, constituyéndose en faltas graves» en el ejercicio de las funciones de los integrantes de la Cámara de Cuentas.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.