El Poder Ejecutivo volvió a someter al Congreso Nacional luego de más de un año de espera, vía Cámara de Diputados, la nueva versión del proyecto que modifica la Ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Ley 137-03), más conocida como “Ley de Trata”.

La legislación fue sometida el pasado 19 de junio, 16 meses después de que fuera retirada por el presidente Luis Abinader del Senado de la República, que fue donde el mandatario la depositó el 12 de diciembre del 2022. El 12 de febrero de 2023 el jefe de Estado prometió que “en un plazo no mayor a los 45 días”-vencidos el 29 marzo de ese año- volvería a introducir la controversial iniciativa.

Su decisión fue en el marco de que el pliego de ley desató un mar de críticas y rechazo nacional, porque, según los sectores que se pronunciaron, ponía en “grave peligro” la autodeterminación y soberanía del país, al impedir la deportación de personas en estatus migratorio irregular en el territorio dominicano y otorgarles beneficios.

Al ofrecer la información en ese momento, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, sostuvo que el mandatario le instruyó a retirar del Congreso Nacional el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes “para lograr el consenso público necesario”.

El funcionario adelantó que la acción se hacía en respuesta a la inquietud ciudadana producida por la normativa. Reiteró, asimismo, que este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta a la República Dominicana en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití.

El proyecto de ley responde a un compromiso del país como signatario de varias convenciones internacionales.

De los cambios entre la pieza actual y la sometida el 12 de diciembre de 2022, destaca el título; la versión de ahora se llama: “Proyecto de ley que modifica la Ley No.137-03, del 7 de agosto de 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas”. Antes de ser mejorada estaba titulada: “Proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes”.

La versión controversial fue depositada junto a otras tres iniciativas por Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo; Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores; y Mayra Jiménez, ministra de la Mujer. Los funcionarios precisaron que los cuatro proyectos de ley eran parte del proceso de reformas institucionales que impulsa el Gobierno.

Se recuerda que días antes de quel jefe de Estado retirara el documento legislativo, el entonces presidente del Senado, Eduardo Estrella, explicó que la normativa respondía a modelos internacionales “exitosos en otros países”, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harían “las modificaciones necesarias” para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional.

Se anunció que el Ejecutivo habría dividido el proyecto de ley

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó el 28 de julio de 2023 que el proyecto de ley fue retirado del Congreso con la intención de escuchar las legítimas preocupaciones y acoger las sugerencias pertinentes, a fin de dotar al país de una ley más efectiva en esa materia.

Destacó que el presidente de la República dividió dicho texto en dos: uno referido al tráfico ilícito de migrantes, y el otro orientado a la trata de personas. “Actualmente ambos están en manos del Poder Ejecutivo en proceso de ser consensuados con diversos sectores de la vida nacional”, señaló.

Contribución obligatoria

Uno de los aspectos más controversiales del proyecto de ley de trata depositado en el 2022 era su artículo 34, en el que se establecía que toda persona o entidad tenía que pagar una contribución especial “obligatoria” con base en sus ingresos para la prevención y persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

La contribución es obligatoria para toda persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el país, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios, según resalta el párrafo dos.

También para la atención, protección integral y repatriación de las víctimas y sobrevivientes de trata de personas; y la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes conforme a los presupuestos establecidos en la presente legislación.

Los montos de contribución obligatoria serían desde RD$150.00 hasta 78 mil pesos, de acuerdo con los ingresos de la persona jurídica o entidad; serían indexados cada año, conforme a los niveles de inflación del país.

Pieza anterior ordenaba acoger a inmigrantes

Rechazo
Generó en el país el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes.

Santo Domingo, R.D.-Mientras el proyecto de reforma al Código Penal da vuelta en el Congreso, diferentes sectores atribuyen a que el mismo esté atascado en el Poder Legislativo a la responsabilidad de los partidos políticos por sus diferencias ideológicas.

Varios diputados consideraron este jueves que los distintos partidos políticos no han mostrado su fuerza en el Congreso para lograr la aprobación del proyecto del Código Penal que, según los legisladores, está «totalmente estudiado» y muy avanzado en cuanto al consenso.

La última vez que el proyecto fue llevado a votación fue en el año 2022, en ese momento, no logró los votos suficientes a pesar de ser sometido a tres rondas  reglamentarias en una sesión de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el diputado Ramón Bueno, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), expresó que las organizaciones representadas en el Congreso deben «responsabilizarse» con el Código Penal ya que, a su juicio, quienes cometen actos delictivos se aprovechan de la debilidad de la actual legislación para salir pronto de las cárceles.

Bueno precisó que el PRM debe asumir su responsabilidad con el Código Penal ya que cuenta con la mayoría congresual para aprobar la pieza, hasta ahora engavetada, y agregó que la oposición se ha manejado con hipocresía a la hora de votar por ella,  asumiendo una posición pública y otra a la hora de votar.

Mientras, el vocero de la bancada peledeísta, el diputado Luis Henríquez, opinó que los partidos políticos representados en el poder legislativo no han jugado su rol, por lo que han frenado la pieza en ambas cámaras.

Aparte del tranque, que habrían provocado las fuerzas políticas, las diferencias de ideologías y de criterios también han impedido el avance del Código Penal.

El diputado Elías Báez, del PRM, aseguró que el proyecto está consensuado en un 98 % y «totalmente  estudiado», pero siempre  lo  frenan las diferencias ideológicas de diputados y senadores.

Al respecto, el vocero de Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja, Tobías Crespo, negó que los partidos sean culpables del retraso  y lo atribuyó a «falta de consenso»  por criterios personales.

Santo Domingo, R.D.-En virtud de que la actual legislatura congresional finaliza el próximo 26 de julio, el tiempo para que perima el proyecto de referendo es sólo de cinco semanas.

Aunque los legisladores aún discuten en la cámara baja la aprobación de la pieza, hay otros que consideran necesario la elaboración de un Código de Democracia Directa, en el que se establezcan, con claridad, las vías que los dominicanos tienen para fijar posición sobre decisiones de país que tengan un impacto en la población.

La pieza, que tiene diferentes procedimientos dirigidos para el sector cívico y político, inicia con los “mecanismos directos de participación nacional”, en el que dispone la iniciativa legislativa popular, el referendo aprobatorio constitucional, referendo ordinario y plebiscito nacional.

Mientras que, en la “participación local, sería la iniciativa normativa municipal, referendo local, plebiscito local, presupuesto participativo y cabildo abierto las que estarían habilitadas para los munícipes, en busca de ejercer una decisión democrática de aprobación o revocación ante el surgimiento de temas normativos o de interés de la comunidad.

Según se detalla sobre este tema, a través de este derecho, la ciudadanía podrá velar por el cumplimiento de las leyes en los estamentos del Estado recurriendo al acceso a la información pública, vistas públicas, derecho de petición, consultas populares, veedurías ciudadanas, comisiones de auditorías sociales, observatorios y demanda en rendición de cuentas.

RESTRICCIONES

A pesar de las libertades que agrupa este código, la iniciativa legislativa popular, que debe contar ser favorecida con la firma del 2% del registro electoral; los distintos modelos de referendo y plebiscito, tienen firmes restricciones que fijan límites para su aplicación.

Además, ninguna de las cámaras del Congreso podrá agendar en el orden del día cualquier iniciativa popular, no importa el enfoque, faltando menos de seis meses para la celebración de las elecciones generales a cargos electivos municipales.

Este proyecto de ley intenta cumplir con el banco de piezas pendientes para aprobación, luego de la reforma constitucional de 2010, durante la presidencia de Leonel Fernández, según explicó Feliz Bautista, dirigente de la Fuerza del Pueblo.

QUÉ ES UN REFERENDO

Un referendo, o referéndum, es un procedimiento jurídico y político por el que se somete al voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación.

Es el mecanismo de democracia directa por antonomasia y en la actualidad también complementa el régimen de democracia participativa, potenciando la intervención directa del cuerpo electoral.

Se trata de un procedimiento para tomar decisiones por el cual los ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una decisión de resolución mediante la expresión de su acuerdo o desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta entre los otros votos.