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Piden prisión preventiva contra hombre que sustrajo 2 anillos históricos del Instituto Duartiano
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderado de una solicitud de medida de coerción en contra de Manuel Alejandro Feliz Rodríguez el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por la acusación de sustraer dos anillos de oro con alto valor histórico del Instituto Duartiano.
El imputado se encuentra detenido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y la medida de coerción será conocida en las próximas horas por el juzgado de Atención Permanente.
El imputado es acusado de violar los artículos 379 y 384 del Código Penal dominicano, que sancionan el delito de robo y el hurto, respectivamente.
De acuerdo a la medida de coerción, el hecho ocurrió el 5 de agosto de 2025, alrededor de las 12:35 p. m., en la calle Isabel La Católica, No. 308, sector Ciudad Colonial, del Distrito Nacional.
El imputado se presentó a las instalaciones del Instituto Duartiano, donde solicitó un tour a la secretaria. Mientras simulaba esperar por este, ingresó al salón de exhibición y aprovechó un descuido para sustraer de una vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del prócer de la patria Juan Pablo Duarte y Diez y otro con una piedra de rubí, que fue un regalo del prócer a su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Álvarez. Ambas piezas tienen un alto valor histórico.
Durante las investigaciones, el 9 de agosto de 2025, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, sector San Carlos, lograron identificar a un hombre de tez clara, vestido con poloche blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar y estuvo vinculado a la sustracción de los anillos. Más tarde, lo ubicaron desplazándose por la acera de la avenida Isabel La Católica con las mismas características físicas.
Debido a la coincidencia, un oficial procedió a cuestionarlo.
El hombre se identificó como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, y admitió haber visitado el Instituto Duartiano el mismo día del robo, así como haberse llevado los anillos y vendido en una compraventa de la avenida Mella.
Horas después, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4 se trasladaron a la mencionada compraventa, donde el encargado confirmó que le compró un anillo al imputado por la suma de tres mil pesos dominicanos y el otro por RD$15,500, pagado mediante transferencia.
En fecha 11 de agosto de 2025, el imputado Manuel Alejandro Féliz Rodríguez fue arrestado en virtud de la orden No. 2025-AJ0052368, emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.