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Recusan e interponen querella disciplinaria contra jueza Patricia Padilla
SANTO DOMINGO.-Fue recusada por el equipo de abogados de Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar, la magistrada Patricia Padilla, jueza titular del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por alegadas actitudes deliberantes parciales que estarían obstruyendo el derecho a la defensa del exministro.
Asimismo, los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, interpusieron ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la referida jueza, por cometer “acciones claramente contrarias a derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.
De acuerdo a lo expuesto en el escrito de recusación, la defensa acusa a la magistrada de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días; además de estar parcializada a favor del Ministerio Público.
La jueza Padilla fue recusada y querellada el pasado mes de septiembre por la barra de defensa del ex ministro Ramón Peralta, también señalado en el caso Calamar, por “obrar con discrecionalidad excesiva” y violar los derechos del acusado.
“Dilaciones que laceran derechos y decisiones parciales”
Según detalla el equipo legal, la magistrada Patricia Padilla estaba apoderada de una solicitud de nulidad de investigación desde el 28 de noviembre del 2023. El 11 de diciembre dicha solicitud fue decidida de manera “administrativa”, sin convocatoria a audiencia y sin comunicación a las demás partes.
Destacan los abogados que además de violar las reglas fundamentales del debido proceso, como derecho a defensa y principio de contradicción y oralidad, la resolución de la jueza fue notificada seis días después de que la solicitud de nulidad fuese retirada por los abogados, precisamente por las evidencias de parcialidad manifestada. Además, afirman que la magistrada Padilla antedató la fecha en la decisión para así ignorar la solicitud de retiro de la instancia de nulidad.
Según el escrito, resulta imposible que la magistrada tomase la decisión previo al retiro de la instancia, pues, en las indagatorias previas al depósito del retiro, la secretaria del tribunal afirmó que no existía sentencia ni audiencia fijada.
Continúan exponiendo los abogados que, a la fecha, aún no ha sido tramitado ante la Corte de Apelación un recurso depositado en fecha 23 de enero del 2024, lo que “obedece a un comportamiento parcial en aras de retrasar la revisión de su decisión violatoria de derechos fundamentales”.
De acuerdo a la defensa, luego de dos meses para tramitar el recurso de apelación, la magistrada ha justificado su retraso en las notificaciones a los querellantes, lo cual es totalmente infundado, ya que todos han manifestado un domicilio procesal.
Acusan así a la magistrada de tomar sus decisiones de forma secreta, sin audiencias y sin convocar a los querellantes, dando “indicios serios de una actitud obstruccionista de derechos y garantías”.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.