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Recusan e interponen querella disciplinaria contra jueza Patricia Padilla
SANTO DOMINGO.-Fue recusada por el equipo de abogados de Donald Guerrero, implicado en el caso Calamar, la magistrada Patricia Padilla, jueza titular del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por alegadas actitudes deliberantes parciales que estarían obstruyendo el derecho a la defensa del exministro.
Asimismo, los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Aguilera, María del Pilar Zuleta, Laura Rodríguez y Reynaldo Ramos, interpusieron ante el Consejo del Poder Judicial una querella disciplinaria en contra de la referida jueza, por cometer “acciones claramente contrarias a derecho y a los mandatos que rigen su rol de juzgadora imparcial, racional y en coherencia con el ordenamiento jurídico”.
De acuerdo a lo expuesto en el escrito de recusación, la defensa acusa a la magistrada de dictar decisiones ilegales sin escuchar a las partes ni celebrar audiencias, a pesar de que la ley así lo exige; retrasar durante meses la tramitación de recursos y solicitudes que por lo regular tardan días; además de estar parcializada a favor del Ministerio Público.
La jueza Padilla fue recusada y querellada el pasado mes de septiembre por la barra de defensa del ex ministro Ramón Peralta, también señalado en el caso Calamar, por “obrar con discrecionalidad excesiva” y violar los derechos del acusado.
“Dilaciones que laceran derechos y decisiones parciales”
Según detalla el equipo legal, la magistrada Patricia Padilla estaba apoderada de una solicitud de nulidad de investigación desde el 28 de noviembre del 2023. El 11 de diciembre dicha solicitud fue decidida de manera “administrativa”, sin convocatoria a audiencia y sin comunicación a las demás partes.
Destacan los abogados que además de violar las reglas fundamentales del debido proceso, como derecho a defensa y principio de contradicción y oralidad, la resolución de la jueza fue notificada seis días después de que la solicitud de nulidad fuese retirada por los abogados, precisamente por las evidencias de parcialidad manifestada. Además, afirman que la magistrada Padilla antedató la fecha en la decisión para así ignorar la solicitud de retiro de la instancia de nulidad.
Según el escrito, resulta imposible que la magistrada tomase la decisión previo al retiro de la instancia, pues, en las indagatorias previas al depósito del retiro, la secretaria del tribunal afirmó que no existía sentencia ni audiencia fijada.
Continúan exponiendo los abogados que, a la fecha, aún no ha sido tramitado ante la Corte de Apelación un recurso depositado en fecha 23 de enero del 2024, lo que “obedece a un comportamiento parcial en aras de retrasar la revisión de su decisión violatoria de derechos fundamentales”.
De acuerdo a la defensa, luego de dos meses para tramitar el recurso de apelación, la magistrada ha justificado su retraso en las notificaciones a los querellantes, lo cual es totalmente infundado, ya que todos han manifestado un domicilio procesal.
Acusan así a la magistrada de tomar sus decisiones de forma secreta, sin audiencias y sin convocar a los querellantes, dando “indicios serios de una actitud obstruccionista de derechos y garantías”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.