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Muy poco funcionarios municipales han hecho su declaración jurada de bienes.
Santo Domingo, R.D.-Muy pocos funcionarios municipales, es decir, solo 127 funcionarios municipales en cargos de elección popular, electos, reelectos y salientes realizaron su declaración jurada de patrimonio en plazo hábil, informó la Cámara de Cuentas en una comunicación.
De acuerdo a la entidad el plazo venció formalmente el pasado viernes 24 de mayo. Sin embargo, “se realizó una jornada extendida el sábado 25 debido a la alta concurrencia de declarantes que estaban en el proceso de completar alguna información faltante indicada en los días jueves y viernes, según informó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana”.
En el caso de los legisladores recién electos, reelectos y salientes, el plazo de 30 días calendario comienza a correr a partir del 17 de agosto.
La Cámara de Cuentas indicó que otros 198 declarantes les fueron devueltas sus declaraciones debido a que realizaron la misma ante un notario bajo la derogada ley 82-79, “falta de documentos de soporte, especialmente, certificaciones bancarias y el hecho de enviar la documentación con representantes que no podían responder o aclarar dudas sobre lo depositado”.
La Ley 311-14, que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento de aplicación, número 92-16, establece un plazo de 30 días calendario. En el caso de los funcionarios municipales electos, inició el pasado 25 de abril, es decir, un día después de su toma de posesión, explicó Génesis Bello, directora de Declaración Jurada.
“Claro que pueden continuar depositando sus declaraciones juradas en las semanas subsiguientes, la Ley y su normativa específica lo facultan. Sabiendo que entran en el depósito tardío de las declaraciones juradas, esto es que presentarán fuera de plazo”, agregó Bello.
Desde el 25 de abril, inició a correr el plazo para la declaración de estos funcionarios. “Sin embargo, durante las dos primeras semanas fueron escasas las solicitudes de prerregistro o de registros de usuarios, siendo esta última semana cuando se incrementaron las acciones de los declarantes para ingresar al sistema”, dijo Bello.
“Aclaró que, en el caso de que al declarante le falten uno o dos documentos, siempre que fuera a entregar en el plazo hábil, el artículo 12, párrafo, del Reglamento de aplicación de la ley habilita que se le otorguen diez días adicionales para completarlo. Algunos expedientes han sido devueltos porque no cumplían con los requisitos de forma y fondo con lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio”, declaró.
Sobre las sanciones:
“El Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14 establece en su Artículo 30 la facultad de la retención de salarios. Lo que ocurre es que, a nivel de costumbre, los funcionarios entienden que sólo se aplica para aquellos funcionarios que cobran vía Tesorería Nacional. Sin embargo, el Reglamento establece claramente que para aquellos funcionarios que no devengan salarios vía la Tesorería Nacional, quien paga su salario solamente debe recibir una indicación de la Cámara de Cuentas, como órgano rector, que señale que se encuentra en incumplimiento para retenerle esos pagos”.
Esta ley y sus sanciones son de aplicación inmediata, es decir, que tan pronto vence el plazo, pueden ser aplicadas. En el caso de los que presenten tardío y los que se mantienen omisos; cada dos meses la Cámara de Cuentas remite ese listado al Ministerio Público de conformidad a lo que establece la norma.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.