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Solo el 18% de condenados en RD ha cumplido toda la pena impuesta
SANTO DOMINGO.- Solo el 18% de los condenados cumple la totalidad de la pena impuesta por los tribunales en un centro penitenciario, debido a que la mayoría son favorecidos por los jueces con la libertad condicional.
De 3,337 condenados que obtuvieron su libertad en el período 2014-2016, solo 617 lo hicieron después de haber completado la totalidad de la pena que los mantuvo en prisión por diversos delitos.
Los restantes 2,720 imputados (82%) fueron favorecidos con una libertad condicional por los jueces de ejecución de la pena, lo cual pueden solicitar a partir de haber tenido en prisión más de la mitad de la condena, entre otros requisitos.
La jurisdicción de San Cristóbal es la que más ha dictado resoluciones de libertad condicional en tres años, de las 11 que funcionan en el país.
El tribunal de ejecución de la pena de esa demarcación favoreció a 820 imputados con la libertad condicional de la pena, según se establece en las estadísticas suministradas por la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección de Comunicaciones.
Luego le sigue el tribunal de ejecución de la pena de La Vega, que otorgó 491; de Barahona, con 311, y el de la provincia Santo Domingo, con 262.
En las demás jurisdicciones de ejecución de la pena, la cantidad de libertades condicionales otorgadas es la siguiente: San Francisco, 174; Santiago, 169; San Juan, 165; San Pedro de Macorís, 142; Puerto Plata, 98; Monte Cristi, 86, y el Distrito Nacional, 2. Los datos muestran que a mayor cantidad de libertad condicional otorgada, menor el número de reos que cumplieron la totalidad de la pena.
Solo seis tribunales de ejecución de la pena dictaron mandamientos de libertad por cumplimiento cabal de la condena.
De los 617 acusados de delitos penales que cumplieron a cabalidad la condena que le impuso un tribunal, el mayor número fue en la demarcación de Monte Cristi, que hubo 352.
En segundo lugar, está la jurisdicción de ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, con 144, y en tercer lugar, la de San Francisco de Macorís, con 113.
Los datos indican que en cinco jurisdicciones ningún reo completó en prisión la pena dictada por un tribunal. Estas son las de Barahona, La Vega, San Cristóbal, Santiago y Distrito Nacional.
Todo condenado tiene derecho a solicitar libertad condicional, que le permitirá terminar de cumplir la condena sin estar privado en un recinto penitenciario.
La Ley 164-80 sobre libertad condicional establece que ese beneficio es un medio de prueba de que el recluso condenado a una pena privativa de libertad que se le concede está rehabilitado y apto para vivir en sociedad.
Explica que la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que constituye un modo especial de hacerla cumplir por el recluido.
Fuente: LISTIN DIARIO
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.