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Solo el 18% de condenados en RD ha cumplido toda la pena impuesta
SANTO DOMINGO.- Solo el 18% de los condenados cumple la totalidad de la pena impuesta por los tribunales en un centro penitenciario, debido a que la mayoría son favorecidos por los jueces con la libertad condicional.
De 3,337 condenados que obtuvieron su libertad en el período 2014-2016, solo 617 lo hicieron después de haber completado la totalidad de la pena que los mantuvo en prisión por diversos delitos.
Los restantes 2,720 imputados (82%) fueron favorecidos con una libertad condicional por los jueces de ejecución de la pena, lo cual pueden solicitar a partir de haber tenido en prisión más de la mitad de la condena, entre otros requisitos.
La jurisdicción de San Cristóbal es la que más ha dictado resoluciones de libertad condicional en tres años, de las 11 que funcionan en el país.
El tribunal de ejecución de la pena de esa demarcación favoreció a 820 imputados con la libertad condicional de la pena, según se establece en las estadísticas suministradas por la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección de Comunicaciones.
Luego le sigue el tribunal de ejecución de la pena de La Vega, que otorgó 491; de Barahona, con 311, y el de la provincia Santo Domingo, con 262.
En las demás jurisdicciones de ejecución de la pena, la cantidad de libertades condicionales otorgadas es la siguiente: San Francisco, 174; Santiago, 169; San Juan, 165; San Pedro de Macorís, 142; Puerto Plata, 98; Monte Cristi, 86, y el Distrito Nacional, 2. Los datos muestran que a mayor cantidad de libertad condicional otorgada, menor el número de reos que cumplieron la totalidad de la pena.
Solo seis tribunales de ejecución de la pena dictaron mandamientos de libertad por cumplimiento cabal de la condena.
De los 617 acusados de delitos penales que cumplieron a cabalidad la condena que le impuso un tribunal, el mayor número fue en la demarcación de Monte Cristi, que hubo 352.
En segundo lugar, está la jurisdicción de ejecución de la pena de San Pedro de Macorís, con 144, y en tercer lugar, la de San Francisco de Macorís, con 113.
Los datos indican que en cinco jurisdicciones ningún reo completó en prisión la pena dictada por un tribunal. Estas son las de Barahona, La Vega, San Cristóbal, Santiago y Distrito Nacional.
Todo condenado tiene derecho a solicitar libertad condicional, que le permitirá terminar de cumplir la condena sin estar privado en un recinto penitenciario.
La Ley 164-80 sobre libertad condicional establece que ese beneficio es un medio de prueba de que el recluso condenado a una pena privativa de libertad que se le concede está rehabilitado y apto para vivir en sociedad.
Explica que la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que constituye un modo especial de hacerla cumplir por el recluido.
Fuente: LISTIN DIARIO
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.