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La suspendida fiscal de SPM proclama: “Soy inocente”-
La suspendida fiscal y extitular de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, aseguró ayer que es inocente de los cargos que le imputan por participar en el acuerdo judicial irregular que liberó al homicida de la abogada Anibel González.
A su salida de la audiencia que fue aplazada para el próximo lunes, donde se le conocerá la solicitud de medida de coerción interpuesta por el Ministerio Público en su contra, Hernández Morales expresó que “a su debido tiempo voy a decir la verdad sobre todo lo que se me acusa. Soy inocente”.
La suspendida fiscal, Margarita Hernández Morales se encuentra detenida en el Palacio Judicial de San Pedro de Macorís, a raíz del feminicidio de Anibel González, por supuestas irregularidades del Ministerio Público, representado por ella, en el proceso judicial contra Yasmil Oscar Fernández para obtener su libertad, luego de éste cometer un primer intento de asesinato contra su expareja.
Además, la ex directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, también está siendo implicada en un segundo caso de feminicidio por “presuntamente cometer irregularidades en el transcurso del proceso judicial contra Johan Manuel Ramírez, quien luego de obtener su libertad, tras la firma de un acuerdo, asesinó el pasado lunes a su pareja Juana Domínguez Salas.
Manuel Ramírez mantenía prisión, ya que en el 2017 había herido a Domínguez Salas de 11 puñaladas.
El fiscal encargado de llevar el caso de la fiscal suspendida, Claudio Cordero, afirmó que Margarita Hernández está detenida por la implicación en ambos casos, debido a que no llevó a cabo el protocolo establecido.
“Las investigaciones están muy avanzadas, realmente hay elementos suficientes de irregularidades en los procesos”, indicó Cordero.
El Ministerio Público acusa a la fiscal suspendida, Hernández Morales, por presuntamente incurrir en los delitos de asociación de malhechores, complicidad en falsificación y en actos de corrupción.
De su lado, la defensa pública de Johan Manuel Ramírez, acusado de matar a su pareja Juana Domínguez Salas a golpes, manifestó que su cliente no obtuvo la libertad de forma ilegal, luego del primer intento de asesinato contra su pareja en el 2017.
El defensor público, Manuel Enrique Bello, aclaró que el proceso judicial seguido contra su cliente se llevó a cabo de forma legal y avalado por la víctima Juana Domínguez.
“Según me expresó él (Johan Manuel Ramírez), es que no existió una garantía económica o una situación de la cual se pueda tallar la imagen de la magistrada Margarita Hernández”, dijo.
Además, aseguró que la detenida fiscal no tiene ninguna vinculación con los documentos supuestamente firmados de manera irregular en ambos casos y aseguró que la ex funcionaria judicial envió a la Procuraduría documentos para que iniciaran una investigación y alegadamente no obtuvo respuesta.
La jueza Darlin Eusebio, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de San Pedro de Macorís, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción contra Johan Manuel Ramírez, acusado de matar su pareja Juana Domínguez Salas a golpes. Manuel Ramírez cumplirá tres meses de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de esta jurisdicción.
Johan Manuel es custodiado.Los investigadores del Ministerio Público indagan si existen más acuerdos para dejar en libertad a feminicidas apresados en los que se haya violentados los protocolos establecidos por la Procuraduría. “Estos acuerdos se están investigando y justamente en el marco de esta investigación resultó ser que encontramos otro acuerdo que resultó ser este (el de Juana)… Hasta ahora tenemos estos dos acuerdos, seguimos investigando”, sostuvo Julieta Tejada, vocera de la Procuraduría General de la República.
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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.