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250 presos tienen el coronavirus en las cárceles y La Victoria suma 239
Doscientos cincuenta presos están contagiados del coronavirus en las cárceles del país, según la Procuraduría General de la República (PGR).
La información la ofreció Julieta Tejada, portavoz de la Procuraduría, quien además reiteró que se están aplicando los protocolos para el aislamiento y tratamiento de los internos. Calculó que se han realizado más de 6 mil pruebas.
La Penitenciaría Nacional de La Victoria es la cárcel con mayor cantidad de casos, con un total de 239 infectados, de acuerdo con información del Ministerio de Salud Pública.
Los centros son Najayo-Hombres; la Fortaleza de San Francisco de Macorís; la cárcel pública Juana Núñez, de Salcedo; el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, de La Vega; el CCR Vista al Valle, de San Francisco de Macorís; en el Centro de Atención Integral para la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de Santiago y la Penitenciaría Nacional de La Victoria, este último es en el que más casos se han reportado.
El pasado fin de semana la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), preocupada por la propagación del COVID-19 en las cárceles del país, sobre todo las del viejo modelo penitenciario, hace un mes, es decir en fecha 24 de marzo del 2020, la CNDH dirigió una comunicación al presidente de la República, Danilo Medina, y al procurador general Jean Alain Rodríguez, solicitándoles la adopción de medidas urgentes a fines de descongestionar las cárceles.
Entre los puntos que le solicitaron a las autoridades figuran conceder indultos humanitarios y masivo a todos los internos que padezcan enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
En las cárceles del país hay un aproximado de 27 mil reclusos.Solicitaron indulto humanitario para todos los reclusos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país; libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica; libertad para aquellos que están presos por multas, o están privados de libertad por trámites burocráticos.
También pidieron liberar a aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, y liberar a los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
Demandaron conseguir el listado que tiene la Dirección General de Prisiones de los internos que cumplieron su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH, para que se hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento de la pena.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.