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Enfrentadas en tribunales suplidores, Minerd y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA), fijó para el 3 de septiembre la continuación del conocimiento de seis solicitudes de medidas cautelares anticipadas presentadas por el Ministerio de Educación (Minerd) contra resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que afectan una licitación de urgencia que hizo hace nueve meses, y dejó para otra audiencia conocer el pedido de fusionar el paquete de recursos.
La primera audiencia celebrada hoy en el TSA se hizo en una sala ocupada por más de 20 abogados que representaban al Minerd, a la DGCP, a la Procuraduría General Administrativa y a un grupo de empresas que participaron en la licitación y que asistieron como intervinientes voluntarias, una calidad que los abogados de Educación ya les habían sugerido a los proveedores en julio, cuando se reunieron para inducirlos a apoyar las demandas.
El juez dio un plazo de 10 días para que se regularice la participación de las empresas como intervinientes voluntarias y se depositen los documentos de lugar, con el fin de seguir conociendo el pedimento del Minerd de que se suspenda la ejecución de las resoluciones de la DGCP que ordenan la anulación de la adjudicación de casi todos los 56 lotes contratados de urgencia en diciembre de 2020 para adquirir 752,000 netbooks, laptops y tabletas por RD$10,324.4 millones.
En algunas de sus resoluciones, la DGCP ha alegado que, al margen de la ley, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd excluyó las ofertas de empresas licitantes que ahora deben ser incluidas en un proceso que inicialmente se hizo para el recién finalizado año escolar 2020-2021, que fue casi en su totalidad a distancia por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al 6 de agosto pasado, los 52 suplidores contratados apenas habían entregado al ministerio el 9.07 % de los equipos.
Los abogados del Minerd pidieron al juez que se fusionen las seis solicitudes de medidas cautelares que presentó al TSA, por ser del mismo estado procesal y así puedan ser conocidas con más rapidez, al argumentar que hay “extrema urgencia” con el caso.
A este pedido se adhirió la mayoría de los representantes de las empresas que acudieron como intervinientes voluntarias, lo que fue rechazado por la DGCP y dos suplidores que fueron favorecidos con la decisión del órgano rector. Alegaron que deben conocerse por separado por tratarse de actos administrativos distintos.
La DGCP también solicitó que el Minerd le facilite copia de los contratos, informes de cumplimiento y pagos recibidos por los suplidores.
“Estamos preparados para lo que el tribunal decida”, dijo a Diario Libre el consultor jurídico del Minerd, Gilberto Sánchez Parra, al finalizar la audiencia la mañana de hoy.
“Nosotros no estamos persiguiendo a la Dirección General de Contrataciones Públicas en modo alguno”, aseguró. “Lo que estamos es tomando una acción legal que nos corresponde contra resoluciones (con las) que hemos entendido que la DGCP se excedió en sus funciones, solamente”.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.