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Enfrentadas en tribunales suplidores, Minerd y la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA), fijó para el 3 de septiembre la continuación del conocimiento de seis solicitudes de medidas cautelares anticipadas presentadas por el Ministerio de Educación (Minerd) contra resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que afectan una licitación de urgencia que hizo hace nueve meses, y dejó para otra audiencia conocer el pedido de fusionar el paquete de recursos.
La primera audiencia celebrada hoy en el TSA se hizo en una sala ocupada por más de 20 abogados que representaban al Minerd, a la DGCP, a la Procuraduría General Administrativa y a un grupo de empresas que participaron en la licitación y que asistieron como intervinientes voluntarias, una calidad que los abogados de Educación ya les habían sugerido a los proveedores en julio, cuando se reunieron para inducirlos a apoyar las demandas.
El juez dio un plazo de 10 días para que se regularice la participación de las empresas como intervinientes voluntarias y se depositen los documentos de lugar, con el fin de seguir conociendo el pedimento del Minerd de que se suspenda la ejecución de las resoluciones de la DGCP que ordenan la anulación de la adjudicación de casi todos los 56 lotes contratados de urgencia en diciembre de 2020 para adquirir 752,000 netbooks, laptops y tabletas por RD$10,324.4 millones.
En algunas de sus resoluciones, la DGCP ha alegado que, al margen de la ley, el Comité de Compras y Contrataciones del Minerd excluyó las ofertas de empresas licitantes que ahora deben ser incluidas en un proceso que inicialmente se hizo para el recién finalizado año escolar 2020-2021, que fue casi en su totalidad a distancia por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, al 6 de agosto pasado, los 52 suplidores contratados apenas habían entregado al ministerio el 9.07 % de los equipos.
Los abogados del Minerd pidieron al juez que se fusionen las seis solicitudes de medidas cautelares que presentó al TSA, por ser del mismo estado procesal y así puedan ser conocidas con más rapidez, al argumentar que hay “extrema urgencia” con el caso.
A este pedido se adhirió la mayoría de los representantes de las empresas que acudieron como intervinientes voluntarias, lo que fue rechazado por la DGCP y dos suplidores que fueron favorecidos con la decisión del órgano rector. Alegaron que deben conocerse por separado por tratarse de actos administrativos distintos.
La DGCP también solicitó que el Minerd le facilite copia de los contratos, informes de cumplimiento y pagos recibidos por los suplidores.
“Estamos preparados para lo que el tribunal decida”, dijo a Diario Libre el consultor jurídico del Minerd, Gilberto Sánchez Parra, al finalizar la audiencia la mañana de hoy.
“Nosotros no estamos persiguiendo a la Dirección General de Contrataciones Públicas en modo alguno”, aseguró. “Lo que estamos es tomando una acción legal que nos corresponde contra resoluciones (con las) que hemos entendido que la DGCP se excedió en sus funciones, solamente”.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.