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Fijan para el 30 de enero recurso de casación contra condena de exdiputada.
Santo Domingo, R.D.-Fue fijado para el 30 de enero el recurso de casación que interpuso Rosa María Pilarte ante el pleno de la Suprema Corte Justicia, exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, en contra de la sentencia que la condena a cinco años de prisión por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El tribunal precisó la fecha de la audiencia para las 9:00 de la mañana, luego de declarar admisible el recurso de casación que interpuso Rosa Pilarte, en contra de la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema, dictada el 28 de mayo pasado.
La audiencia será conocida en la sala augusta, ubicada en la séptima planta del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, el tribunal declaró inadmisible un recurso de tercería incidental interpuesto por la empresa Inversiones Inmobiliarias Cutupú, S.R.L., contra la sentencia que ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles.
El recurso fue interpuesto por el gerente general de la empresa, Manuel Antonio Inoa Valdez, contra la referida sentencia que conoció en funciones de tribunal de juicio en única instancia de la jurisdicción privilegiada el caso de la ex diputada.
Igualmente, el pleno de la Suprema acogió una inhibición presentada por los jueces de la Segunda Sala, Francisco Jerez, María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, quienes emitieron la sentencia que fue recurrida en casación.
Para completar el quórum del pleno de la Suprema, para el conocimiento de dicho recurso fueron llamados los jueces, Maritza Capellán Araujo, jueza presidenta de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Arelis S. Ricourt Gómez, jueza presidenta Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega.
También, Nieves Soto de León, jueza primera sustituta de presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega; a fines de completar el quórum del Pleno.
Además, se ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno un inmueble de 728.11 metro cuadrados, otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrados; el local comercial con una extensión 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión 46.86 metros cuadrados, entre otros.
El Ministerio Público había pedido una condena de 10 años de prisión.
Santo Domingo, RD. –La socialización que realiza la Junta Central Electoral (JCE) con el proyecto de la nueva cedula de identidad personal y electoral continuó este miércoles con los delegados de los partidos políticos los aspectos que impactará este proceso de renovación.
Durante el encuentro, dirigido por la comisión técnica del proyecto, se trataron cinco temas clave relacionados con la modernización y actualización del documento de identidad:
Demarcación electoral y recintos: Se discutieron cambios en la base de datos para sincronizar la residencia de los electores con su recinto electoral correspondiente.
Voto dominicano en el exterior: Se habló sobre la actualización del empadronamiento, la nueva base de datos de zonas postales y la elevación de oficinas satélites en el extranjero.
Registro civil: Se detallaron los avances en la validación proactiva de nacimientos, así como los procesos de depuración y auditoría del registro civil.
Afiliación a partidos políticos: Se presentó el proyecto de reglamento sobre el registro de afiliados y desafiliados.
Licitación de la nueva cédula: Se informó sobre el estatus del proceso para la emisión del nuevo documento de identidad.
Participación de los partidos políticos
Los delegados de las organizaciones políticas presentes recibieron un documento titulado “Propuesta de documentos que serán reconocidos institucionalmente para cambios de dirección”, con el objetivo de analizarlo y presentar sus observaciones ante la Secretaría de la JCE.
Entre los partidos representados en la reunión estuvieron:
Fuerza del Pueblo (FP)
Partido Demócrata Institucional (PDI)
Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC)
Unión Demócrata Cristiano (UDC)
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD)
Partido Unidad Nacional (PUN)
Alianza País (AL PAÍS)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Cívico Renovador (PCR)
También el Partido Revolucionario Independiente (PRI)
Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
Partido Democrático Alternativo (MODA)
Avances en el proceso de renovación
La JCE mantiene su compromiso con la transparencia y el consenso en este proceso, asegurando que la nueva cédula cumpla con los estándares de seguridad y actualización de datos. Se espera que las opiniones y recomendaciones de los partidos sean analizadas para fortalecer el proyecto y garantizar una implementación efectiva.
Santo Domingo, R.D.-Los hechos que envuelven la desaparición del niño de tres años en Manabao fueron reconstruidos por las autoridades que llevan a cabo la tarde de este miércoles la búsqueda del infante.
El operativo incluyó la participación de peritos forenses, investigadores de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público.
Durante la reconstrucción, los investigadores entrevistaron nuevamente a testigos y analizaron el entorno, incluyendo el río que atraviesa la zona.
Elizabeth Jiménez, procuradora de la Corte de Niño, Niñas y Adolescentes en la provincia La Vega, explicó que con el levantamiento buscan ayudar a esclarecer la desaparición del infante.
«Desde la Procuraduría General de la República y los organismos investigativos están haciendo hasta lo imposible para la localización del niño«, aseguró la magistrada Jiménez.
El menor de edad se extravió en circunstancias desconocidas mientras jugaba con dos niñas en el patio de una casa del referido lugar, donde se encontraba de visita junto a sus padres.
Interrogatorios
Previo a ese operativo, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional interrogaron por varias horas a los padres del niño.
De acuerdo con lo explicado por Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la entrevista a Carolina Vargas Ureña y Efraín Nicolás Calderón forma parte del proceso investigativo.
Santo Domingo, R.D.-Héctor Aníbal Santillán, sindicado como estratega legal de la red criminal desmantelada por el El Ministerio Público en junio del 2024 a través de la Operación Gaviota, permaneció prófugo mediante la estrategia de espera de la presentación formal de la acusación y el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal.
Así lo establece Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña, en la instancia de solicitud de medida de coerción depositada en el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que consta de 377 páginas.
De acuerdo con los fiscales dado el comportamiento evasivo y la clara intención de sustraerse al proceso penal demostrada por el imputado Santillán Faulkner, resulta imprescindible imponer la prisión preventiva como medida de coerción.
Señalan que el imputado ha demostrado su capacidad de eludir la justicia en múltiples ocasiones, huyendo del lugar de los allanamientos, ocultándose de sus domicilios habituales y manteniéndose en paradero desconocido durante un tiempo prolongado.
Además, afirmaron que el imputado, ha realizado maniobras jurídicas para aparentar legitimidad en operaciones ilícitas, lo que refleja su intención de evadir las consecuencias penales de sus actos.
“La prisión preventiva es necesaria para garantizar la presencia del imputado en el juicio, ya que su libertad representa un alto riesgo de fuga, considerando los antecedentes de ocultamiento y la gravedad de los hechos imputados. Asimismo, esta medida es proporcional y razonable para asegurar el correcto desarrollo del proceso penal y la protección de los derechos de las víctimas”, aduce la instancia.