El caso será conocido nuevamente el próximo lunes 6 de febrero

Empleados de Industria Licorera La Altagracia, una de las empresas demandadas

Directivos de la AIRD al salir de la audiencia

Los abogados de las partes durante la audiencia. Fotos: L. Gómez

SANTO DOMINGO.-  La jueza Delfina Amparo, presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, aplazó esta mañana la audiencia de la medida cautelar interpuesta por la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD) en contra de las empresas acogidas a la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (Ley 28-01), a fin de que los abogados de la defensa puedan preparar sus argumentos.

La magistrada acogió un pedimento del abogado Teófilo Lappot Robles, representante de la empresa Vaperdy SRL, que fabrica productos derivados del propileno en Santiago Rodríguez. Lappot Robles argumentó que no tenía los documentos suficientes para instrumentar la defensa, a lo que se acogieron los abogados de las otras empresas demandadas, y de las que se han adherido al caso como intervinientes voluntarios. Fijó la nueva audiencia para el lunes 6 de febrero a las 9:00 de la mañana.

La AIRD sometió en diciembre pasado una medida cautelar, solicitando al tribunal anular la ejecución de las autorizaciones que permiten la instalación de por lo menos siete empresas en la zona fronteriza, amparadas en la Ley 28-01, bajo el argumento de que genera competencia desleal.

«La AIRD es respetuosa del ordenamiento jurídico, si las mismas (las autorizaciones) se otorgaran de conformidad al ordenamiento que establecen las leyes no hubiera ningún problema. Estamos aquí porque lo que quiere la asociación de industria es reclamar el respeto a la institucionalidad, que las autoridades sepan que no es cualquier forma de actuar, que la ley no es una mera referencia, que la ley es un instrumento obligatorio de observar en el cumplimiento de sus funciones o de su tarea, y que no importa que esté integrado por legisladores, es necesario que toda autoridad en el Estado respete el ordenamiento jurídico, así lo manda la constitución, no estamos pidiendo más nada», indicó Olivo Rodríguez Huertas, abogado de la AIRD.

Una de las empresas demandas es Industria Licorera La Altagracia, que produce licores en Galván, de Bahoruco. Precisamente, en la mañana de hoy una trintena de trabajadores de la empresa montaron vigilia frente al tribunal, ubicado en la calle Socorro Sánchez, en Gascue, en oposición a las pretensiones de los industriales de que se «cierre la empresa».

Anni Féliz, que trabaja lavando botellas en la referida industria, manifestó que para ellos esa empresa «es todo». Dijo que antes de trabajar ahí, emigró a la capital, donde laboró como doméstica, lejos de sus hijos. Hoy, está cerca de ellos.

José Sánchez Payano, gerente general de Licorera La Altagracia, negó que en la autorización de la empresa haya violación como alega la AIRD. En cambio, sostuvo, que todas las empresas del país reciben exenciones de impuestos de parte del Estado.

Los empresarios de la AIRD también reclaman la modificación de ley. Según Circe Almánzar, vicepresidenta del conglomerado, el presidente Danilo Medina se comprometió en la última reforma tributaria a modificar la ley, luego de transcurridos dos meses de la reforma, pero no ha cumplido.

Diario Libre