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Inculpado de caso Odebrecht tiene que esperar para presentar pruebas
El imputado en el caso Odebrecht, el abogado Conrado Pittaluga, quien tenía previsto iniciar este lunes con la presentación de sus pruebas a descargo, pero el juicio tuvo que ser suspendido por ausencia de una de las juezas que conocen el caso.
La continuación de la audiencia fue fijada para el próximo jueves, por lo que el acusado tendrá que esperar hasta entonces para comenzar a incorporar sus evidencias documentales y testimoniales, con las cuales quiere contrarrestar la teoría del Ministerio Público y demostrar que es inocente.
La inasistencia de la jueza Jissel Naranjo se debió a una situación personal, que no fue comunicada.
En ese sentido, la magistrada presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Gisselle Méndez, suspendió el juicio indicando que no podía continuar su curso si no están presentes todas las juezas que lo conocen.
“Conforme lo que establece el artículo 308 del Código Procesal Penal, el juicio se conoce con la presencia ininterrumpida de los jueces y las partes, por tanto, se impone una suspensión de este juicio a fin de que la magistrada Jissel Naranjo pueda integrar el tribunal para la reanudación formal del mismo”, explicó. La otra jueza que compone el tribunal es la magistrada Tania Yunes.
¿Cuáles testigos presentará Pittaluga?
El imputado Pittaluga, acusado de soborno y lavado de activos, tiene previsto presentar ante el tribunal, además de las pruebas documentales, cuatro testigos.
Uno de ellos es Heiromy Castro Milanés, excoordinador general de Participación Ciudadana, y asesor en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros.
También, los extranjeros Dane Hamilton (nacional de Antigua) y Franco Rojas Sagárnaga. Y, además, José Daniel De Jesús Ariza.
El Ministerio Público ha dicho que Pittaluga manejó más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros producto de las actividades ilícitas de la constructora brasileña relacionadas con el pago de sobornos.
Los fiscales establecieron que la mayoría de esos recursos fueron movidos por el imputado por concepto de sobornos en complicidad con su socio, el también encartado Víctor José Díaz Rúa, exsecretario de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), específicamente por el pago de sobornos de Odebrecht al exfuncionario por la obra Autopista del Coral.
Señalaron que Pittaluga, para sí y para el coimputado Víctor Díaz Rúa, levantó un patrimonio derivado de las actividades delictivas propias del soborno y el lavado de activos, tipificada y sancionada por los artículos 5 y 8 (a) de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, norma jurídica que regía al momento de ocurrir esos hechos punibles.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.