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Otro artículo de una ley nacional fue declarado inconstitucional por el TC.
SANTO DOMINGO.-El artículo 25 de la Ley sobre facturación electrónica fue declarado inconstitucional por El Tribunal Constitucional por considerarlo violatorio a la intimidad y la racionalidad al ordenar que las entidades de intermediación financiera exijan una certificación de riesgo tributario emitido por la Dirección General de Impuestos Internos para poder abrir cualquier producto financiero que no sea de ahorro.
La obligatoriedad de que las entidades bancarias exijan una certificación de riesgo tributario en el que se haga constar la facturación producido por el contribuyente como requisito previo para abrir productos financiero no guarda relación con el fortalecimiento de la administración tributaria, según consideró el Tribunal Constitucional en su sentencia.
“En este caso, la disposición de una certificación de riesgos tributarios, a juicio de este tribunal constitucional, no guarda relación con el fortalecimiento del sistema tributario dominicano, ni tampoco con el sistema de facturación electrónica, más allá de la utilización de la misma base de datos”, indica la sentencia.
Indica que tampoco se observa un carácter de utilidad para la colectividad derivado del hecho de que las entidades de intermediación financiera puedan disponer de la información sobre la facturación de los contribuyentes para determinar si estos podrán realizar los pagos por los productos financieros que le sean solicitados.
“Esta medida, dispuesta de esta manera, desnaturaliza y descontextualiza la finalidad de la Ley núm. 32-23, sobre facturación electrónica, pues en ninguna otra de sus disposiciones se refiere al fortalecimiento de los indicadores de riesgo del sistema bancario dominicano. De igual forma, lo que supone es un beneficio para las entidades de intermediación financiera (en su mayoría, de carácter privado), pues tendrán acceso, a su sola solicitud, de cuanta información requieran a la Administración Tributaria sobre la actividad económica de los contribuyentes de manera irrestricta, lo cual tampoco es compatible con el principio de razonabilidad”, puntualiza.
El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por asociación Emprendedores Unidos por el Desarrollo y la Libertad, quien también pidió la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 7 de la citada ley que indica que una vez firmadas de manera digital y enviadas a la DGII; las facturas electrónicas no se podrán modificar.
Sin embargo, con relación a ese artículo el Tribunal Constitucional lo declaró conforme a la Constitución por considerar que el en otras disposiciones legales se establecen mecanismos para la rectificación de errores materiales vinculadas a las obligaciones tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policía aprobó este miércoles una nueva marcha en el sector El Hoyo de Friusa, que se realizará el 27 de abril.
Hasta el momento se desconoce el área aprobada para esta nueva actividad.
La primera marcha se efectuó el pasado domingo
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Autoridades usan cámaras térmicas y de alta resolución para hallar a niño desaparecido en Manabao
SANTO DOMINGO.– La unidad de drones del Servicio Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 acompañan a los diferentes organismos que realizan labores de búsqueda del niño de tres años Roldanis Calderón que desapareció el pasado domingo 30 de marzo en una comunidad rural del distrito municipal de Manabao, en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega.
Durante todo el día de ayer martes dos equipos de la citada unidad del 911 estuvieron realizando búsquedas con cámaras térmicas y cámaras de alta resolución en una montaña de Jarabacoa.
Las labores de búsqueda están dirigidas por la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (Dicrim) y el Ministerio Público.
También participan brigadas de la Defensa Civil, Ejército de República Dominicana, bomberos de Manabao y guardaparques del Ministerio de Medio Ambiente.
Cabe destacar que el 911 ha implementado una avanzada herramienta de inteligencia artificial, desarrollada localmente con el apoyo de Estados Unidos.
Esta tecnología, puesta en marcha a través de drones, ha sido diseñada para la detección de objetos y se aplica al análisis de los videos captados por drones.
La misma fue utilizada durante la búsqueda de la turista de origen india Sudiska Konanki, la cual desapareció el mes pasado en un hotel de Punta Cana.
SANTO DOMINGO.- La propuesta de la Junta Central Electoral sobre el proyecto de ley que regularía las candidaturas independientes, en el cual propone un tope de tres postulaciones por cada nivel de elección y obliga a presentar el equivalente al 2% de las firmas del padrón electoral para poder competir, es valorada por algunos partidos y rechazadas por otros.
En tanto el Movimiento Independiente Organizado, lo califica como una tentativa de homicidio a las candidaturas independientes.
La iniciativa elaborada por la Junta Central Electoral en coordinación con los partidos políticos, donde establece que las organizaciones que respalden a los candidatos independientes deberán transparentar sus finanzas y las inscripciones de candidaturas deberán realizarse hasta un año antes de la fecha electoral, provocó de inmediato reacciones por parte de los delegados de los partidos políticos.
Para Alberto Fiallo, del Movimiento Independiente Organizado, en el proyecto se somete a unas condiciones rigurosas mayor que a los partidos políticos.
Algunos representantes de los partidos ante el órgano de comicios, consideran el proyecto como un paso de avance y se cumple con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional respecto a una nueva actividad que reúne las candidaturas independientes
A juicio del delegado político del Partido Reformista, para aprobar dicho proyecto se debe modificar la constitución o de lo contrario considera que es un callejón sin salida.
En la iniciativa depositada por la Junta en la Cámara de Diputados propone, que para la postulación de candidaturas independientes, estos deberán tener un respaldo con firmas de al menos el 2 % del padrón electoral nacional, y que será auditado por el órgano, a través de un software suministrado por la entidad.