Santo Doming.,- Con apenas dos años de promulgada, la ley 140-15 sobre el notariado ha sido objeto de conflictos entre el Colegio de Notarios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y varias entidades financieras, siendo los puntos más controversiales la facultad que otorga a los notarios para levantar actas de embargos y de desalojos y las tarifas por los servicios prestados, que fueron incrementados.Nacionales
TC no ha fallado acciones de inconstitucionalidad dejadas en estado de fallo en febrero y marzo del 2016
Santo Doming.,- Con apenas dos años de promulgada, la ley 140-15 sobre el notariado ha sido objeto de conflictos entre el Colegio de Notarios, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y varias entidades financieras, siendo los puntos más controversiales la facultad que otorga a los notarios para levantar actas de embargos y de desalojos y las tarifas por los servicios prestados, que fueron incrementados.En febrero y marzo del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo tres acciones directas de inconstitucionalidad sometidas de manera separada por varias entidades y abogados notarios en contra de varias disposiciones de esa ley, pero transcurrido más de un año, aún no ha emitido las sentencias, pese que la ley le otorga un plazo de cuatro meses para hacerlo.
El 8 de febrero del 2016, el Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo la acción directa de inconstitucionalidad sometida por la Asociación de Bancos Comerciales (ABA), la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) y la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI).
Mientras, el 13 de marzo de 2016 dejó en estado de fallo sendas instancias de inconstitucionalidad presentadas por el Movimiento por la Dignidad y la Transparencia del Ejercicio de la Abogacía (MODTEA), y por un grupo de abogados notarios, entre los que figuran Cecilio Gómez Pérez, Ramón Pina Acevedo, Francisco Benzán, Juan Molina Pichardo y otros.
Mientras, el 13 de marzo del 2016, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró la nulidad del artículo 51, numerales 2 y 3 de la Ley, que otorgan potestad al notario para instrumentar embargos, desalojos y puesta en posesión de administrador judicial provisional en un inmueble.
Ese fallo solo es vinculante a las partes envueltas en el conflicto que conoció ese tribunal, contrario a las decisiones del Tribunal Constitucional, que son de carácter general y obligan a todos los poderes públicos.
Oposición y defensa
El presidente de la SCJ, Mariano Germán, no solo ha divulgado públicamente su oposición con algunas disposiciones de la ley sobre el notariado, sino que en julio del 2016 depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de modificación a esa norma legal, la cual fue promulgada el 7 de agosto del 2015 por el presidente Danilo Medina.
El pasado jueves, 2 de noviembre, Germán, volvió a expresar su preocupación por “los graves inconvenientes” que ha tenido la aplicación de la Ley 140 -15 del Notariado, durante una reunión que sostuvo con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Entiende que los abogados notarios no deben hacer embargos y desalojos.
El proyecto de ley sometido por la SCJ le quita al notario las facultades exclusivas que le otorga la Ley 140-15, en el artículo 51, para la instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier naturaleza, y para los desalojos, protestos de cheques, fijación de sellos, entre otros, además de que reforma la tarifa por los servicios prestados.
El presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez, ha defendido la ley 140-15 y ha rechazado el proyecto de ley de la SCJ.
Entiende que el presidente de la SCJ debió esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre las acciones directas de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Rodríguez afirma que la Ley 140-15 ha venido a reforzar la seguridad jurídica del país.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.