Comunidad en el exterior
Tekashi, detenido por al menos dos semanas en Nueva York, por violación de libertad condicional
Agencia AP
Nueva York.-El rapero Tekashi 6ix9ine intentó sin éxito el martes persuadir a un juez federal para que no lo enviara a prisión, llamándolo “hermano” e insistiendo que nunca tuvo la intención de violar los términos de su libertad condicional por una condena por delito grave.
El juez Paul A. Engelmayer en Manhattan ordenó su detención durante al menos dos semanas, citando supuesta mala conducta, como fallar pruebas de drogas y negarse a obtener el permiso requerido para viajar, actos que, según él, reflejarían una falta de respeto por la ley.
El juez también señaló que el artista abandonó la República Dominicana este año, violando una orden judicial que le obligaba a permanecer allí después de que lo arrestaran en enero por cargos de violencia doméstica y lo detuvieran en octubre de 2023 tras ser acusado de agredir a un productor musical local. Sus abogados dicen que lo están tratando injustamente.
En 2019, Engelmayer lo condenó a dos años de prisión por un caso de crimen organizado. El músico, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, se declaró culpable en 2019 de los cargos que lo acusaban de unirse y dirigir la violencia de la pandilla conocida como Nine Trey Gangsta Bloods.
Se suponía que Tekashi 6ix9ine debía presentarse ante el tribunal el martes por la mañana. Cuando no lo hizo, Engelmayer firmó una orden de arresto. Cuando el rapero se presentó más tarde esa mañana, fue arrestado y acusado de violar su libertad condicional en repetidas ocasiones a través de lo que un fiscal describió como un «patrón de incumplimiento».
Engelmayer, quien había liberado a Tekashi 6ix9ine meses antes en abril de 2020 al conceder una solicitud de liberación compasiva debido a los peligros que el coronavirus representaba para él, fue severo cuando el rapero se sentó frente a él.
Pareció suavizarse un poco después de que Tekashi 6ix9ine insistió en dirigirse a él directamente.
El rapero se disculpó por llegar tarde al tribunal.
«No soy una mala persona», dijo, y señaló que cumplió cuatro años y medio de un período de cinco años de libertad supervisada, pero tuvo problemas después de que su supervisión fuera cambiada en julio de funcionarios judiciales en Nueva York a funcionarios judiciales en el Distrito Sur de Florida, donde vive ahora.
Él refutó las afirmaciones de un fiscal de que no solicitó el permiso requerido para ir a Las Vegas a principios de septiembre para un espectáculo frente a 20.000 personas, y dijo que se saltó dos citas de pruebas de drogas porque pensó que no eran necesarias después de que una prueba positiva anterior de consumo de marihuana resultó errónea.
«Siento que no hice nada malo», dijo, aunque rápidamente agregó que sabía que había hecho algunas cosas que estaban «técnicamente» mal.
Por lo demás, dijo, habría estado “totalmente limpio”.
Añadió: “La libertad lo es todo para mí”.
Más tarde, Tekashi 6ix9ine se dirigió al juez de forma más típica, diciendo que su falta de presentación a un par de pruebas de drogas fue «sólo un malentendido, su señoría».
En otro momento, le dijo a Engelmayer: “No soy una mala persona”, antes de hacer una pausa, aparentemente para elegir las palabras adecuadas, antes de decir: “No soy una mala persona”.
El juez admitió que podría haber justificación para parte de su comportamiento, pero dijo que sentía que el rapero había estado «tomando atajos».
La próxima audiencia del músico está programada para el 12 de noviembre.
NEW HAMPSHIRE.- Una dominicana fue sentenciada a 24 meses de cárcel y tres años en libertad condicional por tráfico de drogas.
María Camacho, de 44 años, se declaró culpable en mayo pasado de un cargo de conspiración para distribuir sustancias controladas.
“La acusada era una agente de una importante organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts que suministraba drogas aquí en New Hampshire, lo que alimentaba la crisis de los opioides”, dijo la fiscal Jane E. Young en un comunicado.
De su lado, la agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, Jodi Cohen, explicó que “a pesar de tener una fuente de ingresos alternativa, María Camacho no tenía vergüenza de traficar con veneno letal en New Hampshire en nombre de una gran organización de tráfico de drogas con sede en Massachusetts”.
“La sentencia de hoy responsabiliza a esta narcotraficante por el daño que ha infligido tanto a sus clientes como a la comunidad. El FBI quisiera agradecer a nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar con nosotros para desmantelar organizaciones de tráfico de drogas en expansión como esta con el fin de hacer que nuestras calles sean más seguras”, añadió.
jt/am
CONNECTICUT.- Un oficial de policía de origen dominicano fue acusado de varios cargos criminales tras un incidente de violencia doméstica.
A Julio Gil Martínez, del departamento de policía en el distrito de Waterford, se le imputan amenazas, asalto, estrangulamiento, restricción ilegal e interferencia con una llamada de emergencia.
El incidente supuestamente ocurrió en una casa donde vivía la pareja en New London.
A Gil Martínez le fue fijada una de 75,000 dólares y fue puesto bajo licencia.
jt/am
Nueva York enfrenta un escándalo que involucra a un director escolar y su esposa, acusados de liderar una red de explotación de maestros dominicanos.
Durante los últimos dos años, Emmanuel Polanco, exdirector de la escuela JHS 80 en el Bronx, y su esposa, Sterling Báez, han recibido más de $500,000 en salarios combinados mientras se encuentran bajo investigación federal por tráfico humano, según reportó The New York Post.
El caso gira en torno a 20 docentes de la República Dominicana que fueron reclutados para enseñar en escuelas bilingües en Nueva York. Estos maestros han quedado atrapados en una compleja situación legal, donde no pueden abandonar Estados Unidos sin arriesgarse a perder sus trabajos y un programa de maestría financiado por el Departamento de Educación de Nueva York (DOE).
Según la investigación, los docentes fueron obligados a alquilar habitaciones a precios exorbitantes en propiedades vinculadas a Polanco y otros administradores escolares de origen dominicano.
ESQUEMA DE EXPLOTACION
La investigación, que comenzó en noviembre de 2022, apunta a que Polanco y Baez lideraban un esquema en el que los maestros debían alquilar apartamentos propiedad de la familia Polanco o de ADASA, una organización de administradores dominicanos.
En uno de los casos más graves, 11 maestros fueron alojados en una casa dúplex del Bronx, pagando hasta $1,450 por habitaciones individuales con cocina y baño compartidos. Estas prácticas generaban ganancias netas de hasta $8,900 al mes.
Sterling Baez, quien fue removida de su puesto como maestra, cobraba personalmente $3,000 mensuales por un apartamento propiedad de su difunta suegra. Además, otros administradores escolares, como Daniel Calcaño, exasistente de dirección y tesorero de ADASA, también recolectaban rentas de manera agresiva, llegando a tocar puertas a altas horas de la noche para exigir pagos.
IMPACTO EN DOCENTES DOMINICANOS
Atrapados en un limbo migratorio, los maestros afectados tienen un estatus especial otorgado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conocido como «Presencia Continuada», el cual se reserva para víctimas de tráfico humano. Este estatus les prohíbe salir de los Estados Unidos mientras avanza la investigación. Varios maestros han relatado que no han podido visitar a sus familias en la República Dominicana, incluso en situaciones urgentes como enfermedades graves de sus seres queridos.
De los 25 maestros originalmente involucrados, cinco han renunciado a sus empleos y regresado a su país. Los 20 restantes han conseguido viviendas por su cuenta, pero continúan sintiéndose abandonados. “Estamos en limbo”, expresó uno de los maestros, quien pidió anonimato por temor a represalias.
SALARIOS ELEVADOS
Mientras los maestros enfrentan incertidumbre, Polanco y Baez permanecen en la nómina del DOE con salarios que sumaron $311,303 en el año fiscal 2024. Ambos fueron reasignados a roles administrativos, donde cumplen pocas o ninguna función mientras se desarrolla la investigación. Daniel Calcaño, otro de los acusados, también sigue en la nómina con un salario anual de $151,409.
La investigación, liderada por el Departamento de Seguridad Nacional, permanece activa, aunque no se han presentado cargos formales contra Polanco, Baez ni los otros implicados. Una portavoz del DHS se negó a comentar sobre el caso debido a «sensibilidades relacionadas con la aplicación de la ley».
Mientras tanto, los maestros afectados, que ganan entre $66,000 y $75,000 anuales más horas extras, continúan asistiendo a la Universidad City College para completar sus maestrías en educación, un programa financiado por el DOE que podría llevar a la certificación y estatus migratorio permanente.
Este caso destaca las vulnerabilidades de los trabajadores extranjeros en programas educativos y cómo la burocracia puede convertir sus sueños en una pesadilla.