Análisis Noticiosos
Temen que estalle guerra de papeletas y violencia en la primaria del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
La caldera sigue calentándose en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cada vez con mayores descalificaciones entre los grupos del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández que se disputan las candidaturas y el liderazgo definitivo de esa organización política que ha gobernado cinco de los últimos seis períodos constitucionales.
Sin nadie que asuma el arbitraje interno del partido y con casi todos los altos funcionarios dirigiendo la campaña del precandidato Gonzalo Castillo, definido como el delfín del presidente Danilo Medina, aumentan los riesgos de división o de que queden tantos heridos que requieran mucho tiempo para restañar los traumas y restablecer la unidad.
Los temores expresados
Los temores de un estallido de violencia en la elección primaria de los peledeístas, que se manejaban en silencio, han saltado a los comentarios públicos y llegaron hasta el presidente de la Junta Central Electoral, quien consideró necesario formular un llamado al entendimiento, cuando le preguntaron el miércoles sobre una propuesta de pacto para acatar los resultados formulada por el precandidato Castillo. El doctor Julio César Castaños recordó que así se hizo en el pasado, y añadió que “es una aspiración de todos que tengamos una precampaña sin violencia”.
El mismo día el grupo peledeísta “Fuerza Boschista” propuso una reunión cumbre antes del 6 de octubre entre Medina y Fernández “para bajar la tensión y evitar violencia durante el proceso”. Mientras informes provenientes del interior del país registran una elevación de las confrontaciones entre precandidatos de las dos facciones que se disputan las candidaturas y el control del partido gobernante. Ayer un sacerdote y dos dirigentes sociales de El Seibo dijeron por Teleantillas que allá funcionarios están entregando $100 mil a los precandidatos.
El espectro de los 4 muertos y una decena de heridos en la anterior elección de candidatos peledeístas, en diciembre del 2015, planea sobre el actual proceso. Aquella vez ya habían pasado 6 meses del acuerdo para la repostulación del presidente Medina, de los senadores y la mayoría de los diputados y alcaldes, por lo que la elección fue casi solo para regidores y vocales. Y la votación era con padrón cerrado, es decir, solo los miembros del partido. El 6 de octubre estarán en juego todas las candidaturas, y ahora con derecho de cualquier ciudadano a votar.
Una guerra de papeletas
La elección de todas las candidaturas del PLD con padrón universal no tiene precedente en el país y se realiza en contadas naciones del mundo democrático, en América Latina solo en Argentina, Colombia, Honduras y Uruguay. Aquí con el inconveniente de que es grave la compra de votos, como lo acaba de documentar el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional, según el cual el 46% de los dominicanos han recibido ofertas para comprarle el voto. Solo por debajo del 50% en México, en toda América Latina.
Hay convicción de que elementos de todos los partidos han apelado a esa práctica delictual y los medios de comunicación han difundido personas con letreros preguntando cuánto le daban para votar. Lo han registrado también las observaciones electorales de Participación Ciudadana. Si en las elecciones nacionales vota en promedio 70% de los empadronados y en las congresuales y municipales del 1998 al 2010 promediaron 50%, en las primarias podría ser 33-35%, lo que deja dos tercios de la población a merced de los compradores.
De hecho, en todos los partidos se ahorran recursos para “llevar los ciudadanos a votar”, lo que en principio implica el transporte, pero se extiende a comidas, bebidas y dinero en efectivo, en sumas que oscilan entre 200 y mil pesos. El temor en las primarias es que la corrupción genere enfrentamientos entre compañeros de partidos, y no solo disputándose votos para los precandidatos presidenciales, sino también para los legisladores, alcaldes, regidores, directores municipales, regidores y vocales.
La puja del danilismo durante dos años por el padrón abierto fue atribuida a que dispondrían de más recursos que nadie “para llevar gente a las urnas”, y un peledeísta bien informado señaló que eso ha determinado que los leonelistas hayan sido austeros en la propaganda pagada, porque están reservando pan y no para mayo, sino para el 5-6 de octubre próximo. En la reciente declaración a la JCE los ingresos de Gonzalo y Leonel totalizaron $538.5 millones, repartidos 54 a 46%, respectivamente, y los gastos $447.0, para un 60 a 40%.
Desconfianza generalizada
La desconfianza se extiende más allá del partido gobernante, pues esta semana, el Foro Permanente de Partidos Políticos, seis de los cuales declararon apoyo a Leonel, denunció el resurgimiento de “la vieja práctica de comprar cédulas para evitar que los contrarios voten”. La leonelista Coalición para Defensa de la Constitución pidió esta semana a la JCE que el conteo de los votos para los candidatos presidenciales se haga manualmente, lo que luego fue asumido el jueves por el delegado político del leonelismo ante el organismo, Rubén Maldonado.
La propuesta ha tenido amplio rechazo, porque todos los partidos habían aceptado la automatización, y por tardía, pues ya la JCE debe tener hasta impreso el manual operativo para las mesas de votación. Pero además luce innecesaria si, como está programado, se hará conteo manual en una muestra del 20% de las mesas electorales, que seleccionadas aleatoriamente y bajo discreción es hasta excesivo, pues los conteos rápidos de Participación Ciudadana en varias elecciones generales resultaron casi exactos al resultado oficial y solo involucraron el 8% de las mesas. También hubo denuncia de contratación de expertos, por un lado para desarrollar campaña sucia, y del otro informáticos israelíes y rusos para hackear la automatización, lo que rechaza la JCE porque lo considera imposible con 7,372 computadoras que solo se conectarán a la red al transmitir el resultado.
La propuesta leonelista fue un error táctico, pues permitió que se le atribuyera a que “se sienten perdidos”, aunque refleja la enorme desconfianza entre las dos facciones peledeístas, que tuvo otra expresión en el tajante rechazo del mismo Leonel Fernández a la propuesta de pacto de acatamiento de los resultados formulada por Gonzalo, recordando que los danilistas violaron en agosto el pacto de alternancia en la presidencia de la Cámara de Diputados. Mientras el ministro Ramón Peralta aconsejaba al leonelismo “guardar las lágrimas para después del 6 de octubre”.
El metamensaje del coronel
Con Gonzalo Castillo casi solo con enorme propaganda por todos los medios, hasta la saturación y generando burlas en las redes, y cuando el principal partido de oposición, el PRM, intimaba formalmente a los altos funcionarios designados jefes de la campaña de Gonzalo, para que tomaran licencia o renunciaran, bajo amenaza de ser llevados a la justicia, se produjo el jueves el escándalo sin precedente del coronel que exhortó a elegir al delfín del presidente.
Fue un mensaje audiovisual de 20 minutos, subido a las redes, con escenografía que incluía la bandera nacional, cámara profesional, leído en teleprompter, que incluyó citas de Cicerón y San Agustín, protagonizado por el teniente coronel Jaime Ramón Reynoso Martínez, quien se autodefinió militar de carrera y abogado en ejercicio (sic), por lo que debe asumirse que estaba consciente de que violaba la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Ley del Régimen Electoral, además de la Constitución de la República.
El coronel defendió el gobierno de Medina con argumentos y estadísticas, como si fuera Roberto Rodríguez Marchena el director de comunicaciones de la presidencia, para motivar el apoyo a Gonzalo porque seguiría las realizaciones de “su mentor el presidente Medina”, tras advertir sobre “momentos tenebrosos” y para impedir el triunfo de “avariciosos”, exhortó a los reservistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional apoyar su causa.
La ocurrencia fue tan escandalosa que el Ministro de las Fuerzas Armadas reunió inmediatamente a su Estado Mayor y pidió la cancelación del oficial, y el vocero de Gonzalo Castillo lo desligaba del video y pedía determinar su origen. Pero en el aire quedaron muchas especulaciones sobre el objetivo de una acción tan desacertada, sin que faltaran los que la asumieran como demostrativa de que “el poder es absoluto y no se le desafía” como se dijo recientemente. Otro metamensaje, que se “hará lo que sea necesario para que Leonel no gane”.
Costo de la incertidumbre
En ámbitos empresariales crecen las preocupaciones por el costo que puede arrojar la incertidumbre política y la confrontación en el seno del gobierno y no solo por el gasto en la precampaña y el que se vislumbra para las elecciones generales, sino también en las actividades productivas y la confianza, en medio de una tanda de apagones e inexplicada escasez de fuel oil para generar electricidad. Por de pronto el mercado cambiario sigue en sobresaltos con el dólar ya sobre 53 pesos y los bancos limitando las ventas individuales a 500 dólares, aunque el Banco Central ha inyectado al mercado en septiembre 170 millones de dólares.
Tampoco han tenido suficiente demanda los pesos descontados por el Banco Central del encaje legal de los bancos para préstamos que reactiven la economía, aún con la reducción de la tasa de créditos. Mientras se informa de cierre temporal de hoteles y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) denuncia la suspensión de 10 mil trabajadores del sector. Se mantiene en silencio la dimensión real de las cancelaciones de reservas hoteleras para la próxima temporada de invierno y el año próximo, tan alta que hasta los críticos prefieren no revelarla.
Lo que ya se define como la mayor crisis del sector turístico dominicano habría estuvo determinado por la muerte no suficiente ni oportunamente aclaradas de varios turistas, por el atentado donde quedó al borde de la muerte el astro beisbolero David Ortiz, por escándalos de narcotráfico y la difusión de noticias y gráficas sobre la militarización que afectó al Congreso Nacional cuando se intentaba la fracasada reforma constitucional que pretendía abrir paso a otra reelección del presidente Medina.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.