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Niña es victima de tiroteo en un barrio de la capital dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Durante un conflicto entre vecinos en el sector Capotillo del Distrito Nacional, una niña de nueve años fue herida de bala este miércoles y mientras se desconoce si podrá volver a caminar sus familiares reclaman justicia a las autoridades.
Cuando la niña se dirigía a su habitual clase de “baton ballet”, ocurría justo al frente de su vivienda un pleito que comenzó con machetes pero que terminó en tiroteo, y una de esas balas penetró su cuerpo, impactando gravemente uno de sus pulmones.
Aunque los vecinos actuaron rápido llevándola inmediatamente al hospital Moscoso Puello, la información que hasta ahora maneja el padre de la niña de parte de los médicos, es que ella podría no volver a caminar, porque la bala le habría afectado también la columna vertebral de la infante.
“La niña gracias a Dios está estable en el sentido que está fuera de peligro de perder la vida, pero no siente sus piernitas, y los doctores dicen que hay posibilidad de que sea una lesión permanente y no pueda volver a caminar”, dijo a LISTÍN DIARIO entre lágrimas el padre de la niña, Juan Carlos Tejeda Martínez.
Miriam Martínez, tía de la niña, también habló al LISTÍN DIARIO luego de llegar del hospital Marcelino Vélez, a donde fue trasladada la infante desde el Moscoso Puello.
El padre de la niña esperaba noticias más alentadoras, pero lo que traía aumentó la preocupación.
“La doctora me dijo que casi la van a operar, pero que las posibilidades de que ella camine son mínimas, porque es que la bala le dio en la columna”, sostuvo Miriam, también llorando.
La joven víctima va varias veces a la semana a su clase de baton ballet desde hace más de un año, pero también hace varios meses comenzó a practicar voleibol, porque su sueño es llegar a jugarlo profesionalmente y ser algún día parte de las Reinas del Caribe, al igual que su ídolo, Brenda Castillo.
“Ella es de la escuela a la cancha, es una niña muy aplicada en todo lo que hace. Me duele demasiado que su sueño y sus piernas se vean truncado por algo que ella no tenía la culpa”, dice una de las primas de la víctima, sobre quien omitimos el nombre por ser menor de edad (17 años).
El pleito se originó minutos antes de las seis de la tarde, según la hora de la cámara de seguridad que captó lo sucedido.
De acuerdo a las informaciones obtenidas a través de personas que presenciaron el hecho, dos hombres identificados como Juan Pablo y Enyel comenzaron a discutir producto de una pelea de bettas. La riña era por mil pesos.
La discusión se intensificó, y es ahí cuando Juan Pablo saca un machete y comienza a perseguir a Enyel, y luego, como se ve en el video captado por las cámaras, el hijo de Juan Pablo, John Lariel Báez Álvarez, sacó una pistola e hizo varios disparos hacia la zona a la que había corrido Enyel, donde también estaba la niña, huyendo precisamente del tiroteo.
“Ellos no pueden decir que se trató de una bala perdida, porque en el video se ve claramente cuando él dispara. Además, si él dice que fue una bala perdida, ¿por qué entonces emprendió la huida de una vez?”, sostiene el padre de la niña herida.
Juan Carlos también indicó que los familiares del victimario le han ofrecido dinero para ayudar con la salud de su hija, pero él asegura que lo que quiere es justicia.
“No hay dinero que le devuelva las piernas a mi niña, quiero justicia”, enfatizó el padre de la infante.
Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, afirmó que la entidad está buscando al tirador, John Lariel, y le sugirió que se entregue voluntariamente a las autoridades.
“Estamos en una fase inicial de la investigación”, contestó Pesqueira a la interrogante sobre si John Lariel tiene antecedentes. “La pistola con la que él disparó es de su padre, peste último vino a entregarla voluntariamente a nuestra institución. Pero él (John Lariel) debe responder por la herida que provocó en esa niña”, añadió.
La niña está cursando actualmente el cuarto grado de básica, y su familia la describe como una niña muy obediente, alegre y aplicada.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.