Editorial
Toma o Desvío del Rio Masacre, Clave del Diferendo Dominico-Haitiano.
La República Dominicana y Haití son dos Estados con alguna similitud como consecuencia de la falta de institucionalidad que aqueja a ambos, lo cual genera que el abordaje de los problemas en lo referente a políticas públicas, sean tan parecido.
Sin embargo, hay que decir que para ser realista, el Estado dominicano, por lo menos de palabras, es de hecho y de derecho diferente, aunque con una alta contaminación.
Por su parte, el Estado haitiano sólo existe en el papel, es decir, que en la práctica es un fantasma, por lo que no se puede esperar ningún tipo de eficiencia y planificación de sus ilegitimas autoridades.
En estas cuestiones descansa la pobreza que afecta a ambas naciones, son países con una baja educación y con unos niveles muy altos de corrupción, por lo que la crisis dominico-haitiana está determinada por un problema que muy bien podría ser semántico, toma o desvío, cuyo último es el que constituye una real violación del Tratado de 1929.
En consecuencia, el diferendo entre ambos países, que ocupan la misma isla, no puede sorprender a nadie, cuya agravante está representado por la irresponsabilidad con que se manejan los asuntos de Estado, la poca seriedad y regurosidad con que se asumen los problemas de estas naciones.
De manera, que la crisis dominico-haitiana, derivada de la construcción del canal de riego que se construye en Juana Méndez, es algo carente de sentido, no porque no tenga importancia irrigar las tierras de la empobrecida nación y exigir el respeto de los acuerdos, sino porque hace años que los mecanismos de solución están plasmados en el Tratado firmado en el 1929, el cual delimita los derechos y deberes de ambos, por lo que si fuera sólo una toma no debe ser motivo de conflictos, pero si se trata de un desvío entonces se ha incurrido en una falta grave que viola lo acordado.
Pero tanto uno como el otro parece que no manejaron con la suficiente seriedad el tema que ha degenerado en la crisis, aunque se sabe que en por lo menos en la República Dominicana hay una cultura de manejar los asuntos que comprometen su porvenir con superficialidad y un buen ejemplo sobre este particular fue el Tratado de Libre Comercio firmado entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, en el que el gobierno nacional no supo defender una cuestión tan delicada y con un profundo contenido social, político y económico para el país como es el arroz y permitió que el productor del cereal pueda ser liquidado de una forma impensada.
Es una pena que estas cosas ocurran, pero la cultura de la improvisación y la falta de un pensamiento profundo y estratégico para manejar los asuntos del Estado sólo deja como resultado este tipo de conflicto y situaciones desventajosas para la sociedad.
Tanto el conflicto con Haití como la firma del D.R. CAFTA por parte de la República Dominicana ha dejado una secuela de daños que parecen ser irreparables, porque en por lo menos el último ha habido un ultranacionalismo que daña, en ambas naciones, que tal vez sus relaciones jamás vuelvan a ser iguales, pese a las acusaciones raciales de siempre.
Sin embargo, puede afirmarse que lo racial no ha sido lo fundamental para que las cosas hayan llegado a estos niveles, pese que no se puede negar que es un componente importante en la relación entre ambas naciones, sino que la torpeza de las autoridades dominicanas es el elemento que más pesa para que las cosas estén en el nivel en que se encuentran en estos momentos.
La realidad es que el Gobierno pudo manejar mejor la situación creada con la toma o el desvío del rio Masacre, pero todo parece indicar que primó más la superficialidad que la profundad de pensamiento que requería el asunto.
Pero no queda de otra que la paciencia y que la solución al diferendo sea el resultado de los estudios técnico-científicos planteados por este periódico mediante un arbitraje internacional, a fin de que prime la justicia y el respeto a los acuerdos firmados entre ambas naciones en torno al rio Masacre
Editorial
Abinader se expone a destitución con promulgacion de ley sobre candidaturas independientes.
La promulgación del presidente de la Ley 13-26 que busca eliminar las candidaturas independientes pone en cuestionamiento hasta la propia legalidad del jefe de Estado en razón de que la misma implica una grave violación de la Constitución de la República.
Ello así, porque si no se respeta una parte de la carta magna tampoco puede tener validez el resto de ella y como la elección de la presidencia de la República se sustenta en el artículo 124 de ley sustantiva de la nación, igual ocurre con los demás articulados de la misma, como por ejemplo los 184 y 185 que dota de facultad al Tribunal Constitucional para someter al mandato de la carta magna todas aquellas normas que la violentan.
Y sobre esa base y por la autoridad otorgada por el constituyente es que el TC tiene la facultad de examinar todas las leyes y cualquier otra norma para que se ajuste al espíritu de la ley de leyes e incluso todas aquellas que provienen del derecho externo y que son de obligatorio cumplimiento a nivel interno.
De manera, que si cualquier funcionario público, incluido el presidente de la República, se atribuye la calidad de anular una parte de ella, ello implica que todo el ordenamiento jurídico, además del constitucional, quedaría invalidado, porque una parte del texto no puede ser válido cuando se intenta anular aquella que le afecta a quien toma una medida que se puede calificar de ilegal.
Y exactamente esto ha ocurrido con el presidente Luís Abinader que mediante la promulgación de la Ley 13-26 busca anular las candidaturas independientes sobre la base de una medida ilegal y violatoria de la Constitución y de todo el sistema jurídico e institucional de la nación.
En esa lógica si una cosa no es legal a pesar de que así lo dispone el texto constitucional, pues igual ocurre con aquella disposición que permite que la autoridad que así actúa tampoco la tenga y entonces se entraría en un nivel de cuestionamiento general que arruina la credibilidad de todo el sistema.
Y efectivamente en ese plano se ha colocado Abinader, porque no es verdad de que porque sea el jefe del Estado dominicano tiene la calidad para sólo cumplir con aquellas partes del texto constitucional que le convengan y que beneficie sus intereses políticos.
Luce que Abinader no entiende en el embrollo legal en que ha metido el país, cuya palabra en lo inmediato la tiene el TC, pero en cualquier caso también otorga un nivel de participación y decisión importante al derecho convencional e internacional.
Las consecuencias de la torpeza de Luis Abinader con la promulgación de una norma que despoja de la facultad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar de las leyes a través del artículo 47 de la Ley 137-11 para sumarse a las travesuras de los senadores y diputados, que están llenos de miedo más que de vergüenza, coloca a la democracia dominicana en una posición de total falta de credibilidad y que confirma que la Constitución sólo es válida y cumplible cuando así lo entiende el funcionario público, que en este caso no es nada menos que el presidente de la República, quien se ha atrincherado en la ilegalidad para defender lo indefendible.
Abinader podrá tener algún nivel de ingenuidad, pero parece que en su persona pesa más la ignorancia que cualquier otra virtud, lo que pone en peligro la seguridad jurídica e institucional de la sociedad dominicana.
Razones de tipo profundamente culturales y de inversión de valores representan el principal escollo para que en el país surja la figura del “outsider” en función de la necesidad de la política nacional.
Este tipo de personaje ha sido muy común en los procesos electorales de los países suramericanos, principalmente en Ecuador y Perú.
Igual puede decirse que ha ocurrido en México, donde el escenario político y electoral fue monopolizado durante largos años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual llegó a su fin con el triunfo de Manuel López Obrador, quien en ningún momento intentó modificar la Constitución para perpetuarse en el poder.
Sin embargo, la figura del “outsider” ha sido prácticamente difícil que surge en el escenario dominicano por factores que no son tan fáciles de romper con ellos, como aquellos de inversión de valores que han hecho desaparecer la hermandad, la solidaridad y la reciprocidad sustituyéndolos después de la llegada del neoliberalismo salvaje por el chisme, la envidia, el egoísmo y el amor por los asuntos materiales y monetarios.
Estas desviaciones explican de alguna manera el hecho de que el clientelismo tenga tanta fuerza en la sociedad dominicana, donde cualquier candidato a un cargo electivo debe ingeniársela y buscar cantidades significativas de dinero para lograr el triunfo.
El asunto tiene una complejidad que incluso el problema de la creación de un nuevo liderazgo tiene como dique de contención el criterio que prevalece en el ciudadano de que cualquier aspirante que busque su apoyo debe decirle donde está lo suyo, lo cual además tiene el agravante de que todas las personas se consideran con las condiciones hasta para dirigir el Estado, aunque nunca hayan ido a la escuela.
Sin embargo, nadie puede negar que han surgido las evidencias de que el país podría estar a la puerta del nacimiento de un “outsider”, cuya figura tal vez no sea la ideal por las razones expuestas más arriba, pese a que esto queda en manos de los ciudadanos, ya que los partidos políticos tienen un descredito tal que puede llevar a la ruina total a la democracia.
Ahí precisamente está la explicación de la oposición de senadores y diputados a tolerar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), la cual abre la vía de que los ciudadanos, si bien tienen la opción de ir a la administración pública a través de los partidos políticos, pero de igual modo pueden hacerlo mediante lo consignado en el artículo 22, numeral 1, de la Constitución de la República.
De manera, que tras la interpretación del TC existen las vías directa e indirecta para buscar participar en la lucha por el control del Estado, pero que esta visión no es compartida por los partidos políticos por sus altos niveles de descréditos en la sociedad dominicana.
No obstante, la figura de las candidaturas independientes, la cual en español no es otra cosa que el “outsider” ha traído consigo grandes retos para la partidocracia, principalmente para el partido de gobierno, el Revolucionario Moderno, que no sale de una torpeza que cuestiona su verdadera vocación democrática.
Lo que nadie puede poner en duda es de que en país están dadas las condiciones jurídicas, políticas y sociales para que surge la figura del “outsider”, pero todo dependerá de cómo el ciudadano asuma la circunstancia surgida y si realmente está en capacidad de que la política salga del clientelismo para entrar a la racionalidad y la conciencia del voto para construir una mejor sociedad, naturalmente siempre en el marco de una democracia más participativa que representativa, lo cual sólo es posible a través de las candidaturas independientes, no de los partidos políticos.
En el país se desarrolla un debate nacional sobre la decisión tomada por el Congreso Nacional, conformada por diputados y senadores provenientes de los partidos políticos tradicionales, que busca eliminar las candidaturas independientes del sistema electoral nacional.
La ilegalidad de los legisladores choca frontalmente con el mandato de la Constitución de la República que dispone en su artículo 2 y 22 que la soberanía del pueblo dominicano descansa en el ciudadano y es el único que disfruta del derecho de elegir y ser elegido.
Pero en una interpretación distorsionada y negadora del espíritu democrático de la carta magna los partidos políticos a través de sus senadores y diputados, principalmente el Revolucionario Moderno, hoy en el poder, se han empañado en anular las candidaturas independientes que son el resultado en su nueva versión de una interpretación del Tribunal Constitucional en virtud de su facultad otorgada por los artículos 184 y 185 de la ley sustantiva de la nación y el 47 de su ley orgánica, la 137-11.
Los diputados y senadores han pretendido atribuirse una facultad que no tienen de abolir una norma que es el resultado de una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, olvidándose que, si bien ellos tienen la autoridad de interpretar la constitución en su labor legislativa, pero que la misma no es definitiva ni vinculante, como son aquellas que provienen del TC.
Sin embargo, el Congreso Nacional sostiene su posición en que para introducir las candidaturas independientes en el sistema electoral nacional debe producirse una modificación constitucional, lo cual choca con lo ya decidido por el alto tribunal en torno a la figura, pero además que esa decisión no está en el contexto de la competencia del legislador, sino de la alta corte.
La cuestión toma otra dimensión porque habrá que ver cuál es la decisión del presidente Luis Abinader, ya que el proyecto aprobado para eliminar las candidaturas independientes ahora pasa a su control y del Poder Ejecutivo debe venir una observación o la promulgación de una ley que sería inconstitucional y que entonces devuelve el asunto hacia el propio TC mediante la interposicion de una acción directa de inconstitucionalidad.
De cualquier modo, el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras pone en una situación difícil, no sólo a la democracia, sino también a la vida institucional de la nación, ya que lo aprobado en el Congreso Nacional cuestiona la autoridad de un órgano facultado por la Constitución para interpretar las normas e incluso los tratados y convecciones del derecho internacional.
Ahora falta esperar cuál será el próximo paso de un gobierno que no planifica nada y que carece de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para que el dominicano cuente con una mejor democracia.
El reto está echado, pero del presidente inclinarse por la promulgación del proyecto dejaría la democracia muy mal parada, incluida su propia legalidad como jefe de Estado y de observarla estaría fortaleciendo la institucionalidad que tanto se cuestiona en el país.
Sólo falta esperar.