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Trabajadores de zona franca denuncian represión sindical.
Por Roberto Pérez
SANTIAGO.- La Unión Nacional de Trabajadores de Zonas Francas denuncio que cientos de trabajadores que laboran en el parque Industrial Víctor Espaillat Mera, están siendo impedidos de fortalecer los sindicatos que allí existen, por parte de los patronos.
Carlos Manuel Reyes, secretario general de la entidad afiliada a la Confederación Autónoma Sindical Clasista, dijo que esa acción por parte del sector patronal, vulnera la libertad sindical, plasmada en el Código de Trabajo.
“Aquí los trabajadores tienen derecho a la libre sindicalización, tal y como lo estipula el Código de Trabajo, por lo que entendemos que los trabajadores que laboran en las empresas de zona franca, están siendo intimidados por los patronos” preciso.
Esas intimidaciones van desde coartar la instauración de los sindicatos en las empresas, la negación de los servicios que brindan las empresas a los demás trabajadores, que se reúnan con los dirigentes sindicales, la rebaja de los salarios, se niegan a entregarles los permisos médicos y los aíslan de los demás trabajadores.
También, contratan supuestos obreros para intimidar a los que están organizados en sindicatos con el propósito de cancelarlos, los amenazan de muerte, la negación del pago de horas extras y los ofenden con palabras impublicables entre otras intimidaciones.
Todas estas tropelías en contra de los trabajadores, se vienen produciendo en empresas como Paqueta Colina Bussines Group SRL, ubicada en el parque industrial del municipio de Tamboril, propiedad de Micalo Bermúdez y Minikin Togs LTD del parque industrial de Santiago.
“Nosotros hemos agotado todo el proceso de diálogo con los empresarios de esas empresas, pero estos se muestran cerrados, por lo que condenamos acciones que violentan el código laboral dominicano” argumento Reyes.
Dijo que la Unión Nacional de Trabajadores de Zonas Francas que acudirá a los organismos internacionales en última instancia, ya que se está violentando la Constitución de la República, y el Ministerio de Trabajo carece de autoridad para hacer valer la ley 16-92, los convenios 87-98 de la (OIT) y el Articulo 62 de la Ley Sustantiva de la Nación.
Por otra parte demando un aumento general de salario significativo y que sea de urgencia para todos los trabajadores de las zonas francas.
En ese sentido, Carlos Reyes, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Zonas Francas, enviara una comunicación a la doctora Gloria Henríquez Directora del Comité Nacional de Salario, para que esta a su vez adelante la fecha que se tienes prevista para este año 2013, y que convoque a las partes, para que se proceda a discutir la tarifa salarial que se vence en este año 2013
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.