Transcurren inadvertidas las elecciones municipales.

No hay ninguna duda de que las elecciones municipales no tienen el encanto de antes cuando la democracia representativa generaban mucho más pasión.

Es un termómetro importante para medir los niveles de pérdida de credibilidad de los gobiernos locales para darles su solución a los problemas que entran en el marco de su competencia.

Pero el asunto estriba en que ya todo en el marco de la administración pública es un verdadero engaño, cuyos políticos andan tras la búsqueda de  de la solución de sus problemas personales, principalmente económicos, más que de las debilidades y deficiencias de las gestiones locales.

Es una crisis de credibilidad que abarca todo el sistema estatal y nadie puede negar que los ayuntamientos han sido un escenario en el que no ha predominado la transparencia.

El “tigüeraje” barrial tiene fácil cabida en los gobiernos municipales, donde los mecanismos de inserción son menos complejos y burocráticos.

Esa particularidad hace que muchos “vividores” logren colocarse en los ayuntamientos para la comisión de travesuras que al final de la jornada se convierten en una razón más para rechazar la gestión municipal y aumentar su deficiencia.

En esa perspectiva no parece lógica la separación de las elecciones nacionales de las municipales, porque la celebración en meses diferentes de las mismas no permite que las deficiencias de los gobiernos locales pasen, hasta cierto punto, desapercibidos.

De cualquier modo, la crisis que se presenta en los niveles de entusiasmos de los munícipes con las elecciones municipales es un reflejo de lo mal que anda toda la democracia.

Sea la oposición o el Gobierno que salga triunfante en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero, los resultados de la gestión no será diferente porque seguirá imponiéndose la falta de transparencia en sus autoridades.

Los escogidos del actual proceso electoral no hará la diferencia de un comportamiento que no tiene un régimen de consecuencia y que los que buscan dirigir los gobiernos locales tienen como principal propósito satisfacer intereses particulares, más que colectivos.