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Pasan y vienen días y el Senado no envía Ley de Residuos Sólidos al Poder Ejecutivo
Santo Domingo, R.D.-Pese a que ya fue convertido en ley el proyecto que modifica la Ley 225-20, que regula la gestión integral y Coprocesamiento de residuos sólidos, el Senado de la República no termina de enviar la pieza al Poder Ejecutivo para fines de promulgación.
Sin embargo, la pieza, ya convertida en nueva ley, aún no ha sido enviada al Poder Ejecutivo, quien debería decidir si la promulga u observa.
Este es el estado de la ley, a pesar de que han transcurrido más de 25 días desde que los legisladores de las cámaras del Congreso Nacional favorecieron su aprobación.
Así lo confirmó ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al Listín Diario, indicando que el Gobierno está aprovechando el periodo de retraso para formular las modificaciones que presentarán, por medio de una observación.
“Porque no ha llegado la ley y se está trabajando en la observación. El plazo (establecido en la Constitución de 10 días y 5 días, cuando se declare de urgencia, para promulgarla u observarla) comienza cuando la ley llega (al Poder Ejecutivo)”, dijo Peralta al ser consultado por este medio sobre por qué el presidente no ha observado la ley.
Peralta aseguró que la modificación realizada a la ley no fue sometida a una revisión de estilo en la cámara alta.
“Lo que pasa es que cuando las leyes las aprueban, se les hace una revisión de estilo. Esto no se le hizo y se cerró la legislatura extraordinaria y estamos aprovechando ese tiempo para trabajar la observación”, expresó.
El presidente Luis Abinader informó el pasado 23 de julio su decisión de modificar el documento aprobado por los congresistas debido a que contiene “errores y situaciones que deben corregirse”.
No obstante, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, no mencionó el pasado 11 de agosto que faltaba por culminar alguna corrección en el documento, señalando que solo esperan por el presidente Abinader, quien aún no ha realizado la carta de observación. Pero la observación solo es posible al recibir el documento.
“Si algo me caracteriza es la responsabilidad. Ese proyecto lo tengo yo en el Senado. Estamos esperando que se formulen las observaciones, el presidente dijo que lo iba a observar…”, expresó De los Santos al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo.
El congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aclaró que el Poder Ejecutivo tiene conocimiento sobre el contenido de la pieza, por lo cual no tiene la necesidad de visualizarla para elaborar sus observaciones.
“Es que el Ejecutivo conoce el proyecto. En su momento eso va a llegar al Ejecutivo para que le hagas modificaciones y nosotros (conocer) las observaciones”, afirmó.
¿Qué dice la Constitución?
El artículo 101 de la Constitución establece que “toda ley aprobada en ambas cámaras debe ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación”. Sin embargo, el apartado situado en la norma suprema no delimita el plazo en el cual deben ser entregadas, por lo que este apartado es considerado por sectores legislativos como «un vacío».
“Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará”, ordena el artículo 101.
Observación
“Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”, versa el artículo 102 de la norma suprema.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.