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Gobierno revive en Samaná la promesa de reactivar el Puerto de Arroyo Barril
Santo Domingo, R.D.-El inicio simbólico por parte del presidente Luis Abinader de los trabajos para convertir a Puerto Duarte de Samaná en una terminal turística a la que se espera que lleguen más de un millón de cruceristas en su momento de esplendor.
Esta es la segunda vez en las últimas dos décadas en que el Gobierno firma un contrato con una empresa privada para intervenir este muelle y con la promesa de llevar el turismo a Arroyo Barril.
La administración de Hipólito Mejía lo entregó a la empresa Valey Force Corporation en el año 2001 por 30 años para fines similares con un contrato que luego fue modificado en el período de Leonel Fernández.
El senador Pedro Catrain, de Samaná, dijo que esta compañía pedía una indemnización de dos millones de dólares para rescindir el contrato, debido a que los 30 años de la concesión no se habían agotado.
«Tenía un contrato con el Estado dominicano que fue dado en el gobierno de Leonel Fernández y hubo presión incluso de esa persona que tenía esa concesión que quería reclamar algún dinero al gobierno del presidente Abinader, pero el presidente Abinader estudió esa situación y se determinó que ese contrato ya no tenía ninguna validez«, indicó el legislador.
En su opinión, se trató de «un beneficio político a una persona».
«No tenemos conocimiento de que hubiese una concesión aquí en este puerto… No conozco esos detalles, de ser así, pero lo que tengo conocimiento como Autoridad Portuaria, los documentos que se nos presentaron alguna vez, quienes se hacían llamar que eran concesionarios de este puerto nosotros validamos que no, que no era así», aseguró Jean Luis Rodríguez.
El presidente Luis Abinader dijo que este muelle estaba subutilizado. «Nosotros no solamente hacemos muchas nuevas obras, sino que también vemos obras que, como esta, estaban subutilizadas para sacarle el provecho a inversiones que hicieron gobiernos anteriores», remarcó.
El nuevo contrato para convertir el Puerto Duarte en el «Port Samaná» es muy distinto al anterior, pues se trata del primer proyecto de infraestructura en el país que se desarrollará mediante un contrato de alianza público-privada.
- «La Autoridad Portuaria y la Dirección General de Alianzas Público Privadas, junto a la inversión privada, han desarrollado un ambicioso plan de acción que contempla la construcción y aprovechamiento del Puerto Duarte, reconvertido en Port Samaná, con el objetivo de posicionar al país como el hub de cruceros en el Caribe», señaló Abinader.
La obra será ejecutada por PDAB Port Investments, Sociedad Gestora S.A., con una inversión de US$68 millones. Podrá recibir dos cruceros al mismo tiempo.
La propuesta privada para la conversión se llevó a cabo en el marco de la Ley 47-20 y su reglamento de aplicación, bajo la modalidad de alianza público-privada.
El proyecto
La idea es que el visitante pueda conocer la provincia y visitar zonas representativas, como Cayo Levantado y el Salto del Limón, y ver las ballenas jorobadas cada año.
La terminal de cruceros contaría con una zona de facilidad turística complementaria en la que los cruceristas tendrán la oportunidad de encontrar opciones de esparcimiento y diversión.
Para eso, construirán un parque acuático de 24,610 metros cuadrados, mercado artesanal, una zona comercial de 31,850 metros cuadrados, una oferta gastronómica y actividades recreativas y culturales.
El presidente Abinader espera que lleguen cruceros desde Miami, Puerto Rico, Cuba, Curazao, Barbados, Montego Bay, Santa Lucía, Tampa Bay y Nueva York.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.