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Será el próximo lunes cuando se conocerá audiencia para imponer medida de coerción a imputados en caso Camaleón, cuyo cabecilla es Jochy Sanchez.
Fue aplazada para el próximo lunes a las dos de la tarde por el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, la audiencia de conocimiento de la medida de coerción seguida en contra de los imputados en el caso Camaleón.
La decisión fue tomada debido a que varios de los abogados quienes plantearon que necesitaban el expediente del caso de manera física, porque sólo la tenían en memorias y algunas no servían. Asimismo, necesitan preparar su medio de defensa y gestionar sus presupuestos.
Este caso ha provocado mucho interés mediático en razón de los personajes involucrados, máxime los dos principales, Jochy Gomez, hijo del periodista Guillermo Gómez y Hugo Beras, sobrino de Freddy Beras Goíco, una gloria de la televisión dominicana.
Después de ser interrogado varias veces por parte del Ministerio Público y de estar recluido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional, se esperaba que se le imponga medida de coerción por una serie de imputaciones que van desde presidir una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura critica por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Este uno de los más grandes escándalos de corrupción que explota en el seno del Gobierno en virtud de que parece involucrar de manera directa al presidente Luis Abinader, ya que Jochy Gómez opera una oficina de inteligencia privado que suplía de información diaria en esta materia al propio jefe de Estado a través de funcionarios de alto nivel del Gobierno, pero además tenia un contrato para los mismos fines con el Ministerio de Defensa.
El abogado Carlos Balcácer, defensa de Jochy Gómez, a la salida de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue a visitarlo para saber su condición tras ser preguntado sobre las acusaciones que pesan sobre su cliente, al que se le imputa, entre otras cosas, de terrorismo cuya pena máxima es de 40 años, indicó que podrían “ser 100 años de cárcel, no importa, no hay elementos suficientes que puedan justificar esa condena”.
La PGR calificó como «Operación Camaleón» un caso donde, además Gómez, está detenido Hugo Beras, el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de la Información y Comunicación de esa entidad; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.