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Confirman prisión preventiva a involucrado en Caso Iguana
La prisión preventiva en contra de Deivi Nova Reyes, imputado por trafico de inmigrantes en el caso Iguana, fue ratificada por un tribunal de la provincia Independencia que preside el juez Paco Terrero Pérez del Juzgado de la Instrucción de Independencia.
El magistrado ordenó, durante la revisión obligatoria, mantener la medida contra Nova Reyes, un exempleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), que cumple prisión en la cárcel pública de Neiba, en la provincia Bahoruco.
En la audiencia también se tenía previsto revisar la coerción al imputado Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, aplazada para el próximo 4 de octubre para que pueda ser asistido por un abogado.
El caso también involucra a los imputados Roberto Méndez Pérez, quien fungía como coordinador de control en el puesto fronterizo de Aduanas en Jimaní, y al inspector de esa dependencia Johan Rosario Castillo, así como a Delson Manuel Medina Díaz y a Juan Mateo Feliciano (Yefo), quienes igualmente cumplen prisión preventiva desde marzo pasado en la referida cárcel por disposición del mismo Juzgado de la Instrucción.
Además, es procesada Dominga Guzmán, a quien le fue impuesta presentación periódica ante el Ministerio Público.
La fiscal Aleika Almonte, de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), aseguró que el Ministerio Público combate el delito de tráfico y trata de personas con investigaciones extendidas con las que enfrenta a organizaciones delictivas, como sucede con los casos derivados de las operaciones Iguana y Cattleya.
En el caso Cattleya, dijo, agota la etapa de los anticipos a prueba en Cámara Gesell, las cuales son diligencias procesales de investigación que el Ministerio Público puede realizar en cualquier momento, previo al depósito del acto conclusivo.
“En el caso Cattleya, como garante de la tutela judicial efectiva de las víctimas, solicitamos con urgencia, sin dilación, las entrevistas en Cámara Gesell de las víctimas de trata que el Ministerio Público rescató, con la firme intención de que esas víctimas procedieran, si así lo deseaban, como es el caso de la mayoría, al retorno voluntario a sus respectivos países”, dijo la fiscal Aleika Almonte.
“Lamentamos que abogados de los procesados puedan llegar a confundir a algunos comunicadores, pero debemos tener claro que el Ministerio Público, en Cattleya como en otros casos, no fundamenta los procesos ni sustenta sus investigaciones por trata de personas en la presencia o no de las víctimas, ni siquiera en sus testimonios”, sostuvo.
“De hecho, por eso se realizan investigaciones proactivas, utilizando las herramientas que la norma dispone y se toma un año, y a veces hasta dos, investigando, para tener investigaciones sólidas, que no dependan del testimonio o no de las víctimas”, afirmó.
La fiscal de la PETT recordó que la Convención Internacional de Palermo y la Convención Belém do Pará protegen a las víctimas de la exposición pública porque, “no es una condición ni una exigencia de la norma que en estos delitos las víctimas hagan acto de presencia en los actos procesales, por ejemplo, de audiencia”
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.