Santo Domingo, R.D.-El sistema de control y regulación del armamento utilizado por la Policía Nacional se rige  por un  Reglamento de la institución  para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales.

Su aplicación busca garantizar que todo el armamento esté debidamente registrado, controlado y custodiado, minimizando así los riesgos asociados a su uso indebido.

El reglamento cubre diversos aspectos, desde el registro de huellas balísticas, hasta el control de las armas asignadas a cada agente policial y sus respectivas dependencias. En este reglamento la Intendencia de Armas de la Policía Nacional será responsable de la gestión, custodia y mantenimiento de las armas y municiones, asegurando que se cumpla con los protocolos establecidos.

Puntos clave del reglamento

1. Asignación y control de armas:

El reglamento especifica que solo el intendente de armas puede asignar armamento a los miembros de la Policía Nacional. Cada arma será registrada, identificada con un número de serie y monitorizada a través de un sistema de control digital que garantizará la trazabilidad del armamento asignado.

2. Responsabilidad y sanciones:

En caso de pérdida o sustracción de un arma, el miembro de la Policía Nacional deberá informar inmediatamente sobre el incidente. Si la pérdida se debe a negligencia, se impondrán sanciones económicas que incluirán el descuento del valor del arma de los haberes del responsable, según lo dictado por la ley.

3. Auditorías y supervisión:

Como parte de la estrategia de control, el reglamento establece auditorías periódicas tanto a nivel de la Intendencia de Armas como en las dependencias locales. Además, se realizarán pruebas balísticas a las armas de fuego para asegurar su correcta operatividad y registro en la base de datos centralizada del Sistema Nacional de Control de Armas (SISNA).

4. Custodia y almacenamiento seguro:

Las armas deberán ser almacenadas en instalaciones especializadas, bajo control de los encargados de armas, quienes deberán mantener un registro detallado de cada una, incluyendo su estado de conservación, el uso que se les ha dado y la asignación a agentes específicos.

5. Comunicación inmediata ante pérdida o sustracción

Uno de los puntos más relevantes del reglamento es la obligación de notificar, de inmediato, cualquier pérdida o sustracción de armas, tal y como se establece en el Artículo 36.

Los coordinadores de las unidades deben informar sin demora a la Dirección General de la Policía Nacional y al intendente de armas en caso de pérdida de cualquier arma asignada. Este protocolo tiene como objetivo establecer mecanismos rápidos de respuesta y control ante situaciones de riesgo.

6. Control exhaustivo en el traslado y asignación de armas

El reglamento también regula el traslado de armas entre distintas dependencias de la Policía Nacional, asegurando que todos los movimientos sean registrados de manera minuciosa.

De acuerdo con el Artículo 38, los coordinadores de Recursos Humanos deben detallar en los documentos de envío las características de las armas, lo que incluye la marca, modelo y número de serie de cada pieza asignada.

Además, el Artículo 39 establece la obligación de cotejar regularmente estos datos con los registros de la Intendencia de Armas para verificar que las armas asignadas estén efectivamente en manos de los titulares registrados.

7. Responsabilidad y control de calidad en las armas asignadas

La seguridad de las armas no solo depende de su correcta gestión administrativa, sino también de su mantenimiento adecuado.

El reglamento establece estrictas normas para la limpieza, conservación y reparación de las armas. En este sentido, el Artículo 47 prohíbe el uso de materiales corrosivos para la limpieza de armas y subraya la responsabilidad de los agentes encargados de la manutención para evitar daños o negligencia.

8. Sanciones por negligencia o alteraciones

El reglamento también establece consecuencias claras para aquellos que violen las normas. Según el Artículo 66, cualquier alteración en las características de las armas, como el borrado del número de serie, será sancionada severamente.

Asimismo, el reglamento estipula que en caso de desperfectos por negligencia, los responsables enfrentan medidas disciplinarias, garantizando así que todos los miembros de la Policía Nacional se adhieran estrictamente a los procedimientos establecidos.

9. Transparencia en los informes semestrales

El reglamento también refuerza la obligación de los coordinadores de Recursos Humanos de presentar informes semestrales a la Intendencia de Armas, según lo dispuesto en el Artículo 40.

Estos informes deben incluir un inventario completo de las armas y propiedades afines, lo que permite mantener actualizado el registro y detectar cualquier irregularidad con respecto a las armas en poder de los miembros policiales.

Violaciones al reglamento de custodia y almacenamiento de armas

El caso de la Operación Pandora destaco el total incumplimiento del reglamento para el registro, almacenamiento y conservación de armas, municiones y equipamientos letales y no letales por parte de los miembros de la Policía Nacional.

Entre las violaciones más graves cometidas por los funcionarios detenidos se encuentran:

– Falsificación y manipulación de registros: Según el artículo 15 del reglamento, el intendente de armas debe llevar un registro riguroso de las asignaciones de armas y municiones.

Los funcionarios involucrados en el robo alteraron estos registros para ocultar la sustracción de municiones y armas.

– Distribución ilegal de municiones: El artículo 55 establece que la distribución de municiones debe realizarse solo a través de los canales oficiales y conforme a los requerimientos de la institución.

Sin embargo, los detenidos distribuían las municiones robadas sin ningún control, vendiéndolas en el mercado negro.

– Falta de control en los depósitos: El artículo 57 estipula que los depósitos deben cumplir con medidas de seguridad estrictas, como la vigilancia constante y la organización adecuada de las armas.

Las autoridades encontraron que los depósitos eran vulnerables y que las municiones no estaban almacenadas bajo las condiciones de seguridad exigidas.

Santo Domingo, R.D.-Con el supuesto propósito de evitar la suplantación de identidad la Dirección General de Migración informó este lunes que está solicitando las cédulas de identidad a todas las personas que se disponen a salir del país.

«El documento que se requiere para viajar es el pasaporte, pero estamos pidiendo la cédula como un mecanismo para validar identificación y evitar suplantación de identificad», reza un breve comunicado compartido con este medio tras una solicitud de información.

El comunicado señala que las personas pueden mostrar el documento de identificación tanto físico como en formato digital. Sin embargo, la entidad declinó responder a partir de qué fecha comenzó a implementarse esta medida, alegando motivos de «seguridad nacional».

«Es una medida de reciente aplicación«, fue la escueta respuesta de la institución.

La Dirección General de Migración (DGM) también declinó informar sobre el motivo que provocó la medida, citando las mismas razones.

«No se ha devuelto ninguna persona por no tener la cédula al momento de hacer migración de salida y entendemos que presentarla no genera retraso a los pasajeros«, dice la entidad en el comunicado sobre la medida que hasta el momento no había sido informada y tomó por sorpresa a muchos viajeros dominicanos.

Además del pasaporte y ahora la cédula, los dominicanos que tienen planificado salir del país deben llenar el formulario digital E-ticket y presentar el código QR que se genera en el aeropuerto. Este también es requerido para entrar.

Este formulario es un requisito tanto para nacionales como extranjeros, el mismo debe ser llenado en un portal autorizado por el gobierno dominicano.

Santo Domingo, R.D.-Los abogados del fallecido prospecto Ismael Ureña aseguraron que el Ministerio Público habría acogido la querella presentada por la familia del adolescente en contra del expelotero Yordy Cabrera, quien dirige la academia de béisbol en donde supuestamente el menor fue inyectado con esteroides veterinarios.

Así lo indicaron los representantes legales de los parientes del joven fallecido y sus dos hermanos (que también quedaron con secuelas) a su salida de la Procuraduría General de la República, donde sostuvieron una reunión con la directora general de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.

Pese a que no ofrecieron mayores declaraciones, a fin de «evitar entorpecer las investigaciones», Orlando Aracena, presidente de la Fundación Familia sin Violencia, que acompaña a la familia, indicó tras el encuentro: «Queremos decirles que nosotros nos vamos tranquilos (…), hay esperanza».

«Se ha acogido nuestra querella y hay un evento en proceso», añadió Aracena.

Los familiares del menor se reunieron con la magistrada Yeni Berenice Reynoso.

El abogado Russell Aracena agregó que la representante del Ministerio Público «se comprometió a hacer cumplir las leyes».

La familia denunció a Diario Libre que Ismael Ureña falleció luego que le inyectaran esteroides que se utilizan para mejorar el rendimiento de los caballos, según confirmaron los análisis médicos.

Dos hermanos del fallecido, que también se entrenaban en la Yordy Cabrera Baseball Academy, han quedado con secuelas, como taquicardia y alteración en la vista.

La querella contra Cabrera fue presentada a principios de noviembre, sin embargo, la denuncia sobre el caso se realizó a mediados de octubre, según señalaron los abogados a su llegada a la sede de la Procuraduría.

Los representantes legales de la familia de Ureña reiteraron el llamado de intervenir las academias de béisbol del país tras la muerte del adolescente de 14 años.

«Aquí estamos hablando de un proceso de mutación, un delito prohibido en la Constitución, hacer prácticas de laboratorio con menores de edad, llevar a un niño a que se transforme en un mutante. Eso lo ha permitido la Comisión de Béisbol, la MLB (Grandes Ligas de Béisbol) y otros organismos», sostuvo Orlando Aracena.